Cada día me convenzo más que sólo con una resuelta decisión gubernamental, que le marche de frente a los que cometen fraude para no pagar la energía eléctrica consumida, es la forma más viable para acabar con esa mala práctica. Que se produzca una persecución sin discrimen contra esos malos ciudadanos, es lo que deseamos quienes, de manera religiosa, pagamos el servicio energético. El engorroso tema vuelve a ponerse sobre el tapete, en vista de que la Dirección del Programa Nacional de Apoyo a la Eliminación del Fraude Eléctrico (PAEF) acaba de dar a conocer que 120 empresas, industrias, agencias de vehículos, moteles, bancos, supermercados y ferreterías, han sido sometidos a la justicia en los días recientes, tras haber sido descubiertas conexiones clandestinas en esos lugares.
A esta barbaridad necesariamente hay que sumarle lo dicho por el relacionista del PAEF, licenciado Jorge Peguero, de que se detectaron fraudes eléctricos en por lo menos quince fincas, propiedades de figuras políticas (algunas de ellas bastante conocidas) empresarios económicamente bien posicionados y millonarios jugadores de pelota, con fortunas tan envidiables, que todos sus familiares juntos no gastarían por muchos años.
No apruebo en modo alguno que los residentes en los barrios humildes del país se “roben” la energía eléctrica. De ninguna manera. Pero resulta que el Programa Nacional de Apoyo a la Eliminación del Fraude Eléctrico no llenaría su objetivo, si sólo se persigue “a los de abajo”, olvidándose, por la razón que fuere, de los grandes fraudes que cometen los que pueden pagar la luz, especialmente aquellos que poseen empresas y propiedades que les generan los recursos para cumplir con esa obligación.
De ahí que resulta estimulante el hecho de que se le haya “metido el diente” a esos potentados, acostumbrados a vivir a sus anchas en nuestro país. Lo que acaba de anunciar el PAEF se puede considerar como histórico, pero terminaría dando un “palo de gallera” si identifica a los peloteros, empresarios y políticos descubiertos con fraudes en sus propiedades, no sólo para que el pueblo sepa de quienes se trata, sino para evitar que metamos a todos los de esas clases en el mismo saco, con lo que estaríamos cometiendo una barbaridad.
Está bueno de actuar con media tinta, revelando el pescado pero no el pescador. Es hora de que empiecen a caer santos de los altares, de que la ciudadanía sepa que no son tan impolutas figuras públicas que se han pasado la vida preconizando un patriotismo de hojalata y una seriedad de cartón. El Programa Nacional de Apoyo a la Eliminación del Fraude Eléctrico debe seguir su trabajo, pero las autoridades superiores deben permitirle realizarlo sin ataduras ni frenos, caiga quien caiga porque, al final de la jornada, económicamente ganaremos todos los que pagamos religiosamente el servicio energético, pues ahora estamos subsidiando, de manera indirecta a esos políticos, empresarios y peloteros fraudulentos y a los otros que actúan de manera similar.