El colapso de Baninter podrá ser la principal prueba para la Justicia, pero no la única, que ha de afrontar ese poder del Estado para eliminar sombras y satisfacer las expectativas de equidad, rectitud, responsabilidad e independencia que espera la ciudadanía. El juicio a los acusados de asesinar al periodista Orlando Martínez y los procesos por supuesta corrupción se presentan como grandes retos para un sistema que sólo ha mostrado agilidad y eficiencia con los hijos de la calle.
Presiones e intereses a los que no escapa la Suprema Corte de Justicia ensombrecen y generan las más variadas conjeturas sobre cada uno de los procesos. Es así como el caso Baninter, con todo y la advertencias de organismos internacionales, ha tenido que esperar tres años para ventilarse y sobre los otros el inusitado protagonismo del doctor Jorge Subero Isa ha esparcido muchas dudas.
El próximo día cinco la Cámara Penal de San Pedro de Macorís se abocará a ventilar el proceso sobre el asesinato de Orlando Martínez, pero inoportunas opiniones de Subero Isa cuando la Suprema anuló la sentencia que redujo las penas a los inculpados han creado una gran incertidumbre. Se interpreta que Subero Isa bajó línea para que los acusados sean condenados a la pena máxima, sin examinar a fondo los detalles del expediente.
Con esos ingredientes, el juicio pondrá a prueba el valor, la capacidad, la integridad e independencia de los magistrados. Aunque han pasado 31 años desde el cobarde asesinato del talentoso e insobornable periodista no por ello el proceso contra los acusados debe convertirse en una suerte de condena anunciada. Se ha hecho muy evidente desde la extradición del ex cabo Mariano Cabrera Durán que sobre éste, el más chiquito, se quiere hacer caer toda la responsabilidad sobre el crimen.
En ese interés hasta los demás participantes se han puesto a una para señalar un solo culpable. Como Cabrera Durán carece de opinión pública no se ha ponderado su confesión de que si ciertamente disparó no fue el único que lo hizo en el desgraciado momento que Orlando cayó asesinado.
Pero además ha expuesto que ese día, 17 de marzo de 1975, en pleno apogeo del terror balaguerista, fue convocado por el coronel que dirigió la operación a cumplir una misión, que consistía en la detención de una persona, que resultó Orlando Martínez. Por las condiciones políticas y sociales de la época el crimen fue calificado de político, asegurándose incluso que la orden pudo haber salido desde el mismo Palacio Nacional.
Pero ahora parece que para cerrar el expediente se trata de obviar muchos factores y convertir a Cabrera en víctima propicia de un crimen del que, por la salud de la nación y la imagen de la Justicia, no debe quedar ningún eslabón perdido. Pese a las nefastas señales del presidente de la Suprema Corte de Justicia, la Cámara Penal de San Pedro de Macorís tiene la sagrada misión de no festinar y conocer sin prejuicio el expediente, estableciendo las debidas responsabilidades. Sancochar el expediente al cabo de 31 años para complacer sectores sería un imperdonable bochorno y otro ultraje a la majestad de la Justicia.
