SAO PAULO.- Al menos 52 muertos, 50 heridos y motines en 36 cárceles ha provocado este fin de semana la más cruenta ofensiva criminal en el estado de Sao Paulo, informaron las autoridades, que también han sido blanco de las críticas de expertos en seguridad y entidades sociales.
Al menos un centenar de asaltos armados a puestos y patrullas de la policía en diferentes partes de la capital y cerca de 36 rebeliones de presos en diversos municipios contabiliza la ola de violencia en el estado más rico y poblado de Brasil, que estalló la noche del viernes y continuó en la madrugada del domingo.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo informó de que en entre los 52 muertos hay 35 agentes del orden, entre policías militares, civiles, agentes de la Guardia Civil Metropolitana y funcionarios de prisiones, así como tres civiles y catorce presuntos pistoleros.
De los heridos, 24 son miembros de la Policía Militar, cinco de la Policía Civil, cinco de la Guardia Metropolitana, dos guardas de prisión, ocho civiles y seis sospechosos de participar en los atentados.
De forma simultánea estallaron 36 motines en cárceles de Sao Paulo, que acoge al 40 por ciento de los 140.000 presos brasileños.
Varios de esos motines fueron sofocados el sábado por las autoridades mediante la ocupación de patios y la liberación de los rehenes.
Las autoridades no han informado de heridos o muertos en esos levantamientos y, según versiones de medios de comunicación, en conjunto debe haber aún cerca de un centenar de personas retenidas.
Represalias por cambios de prisiones
La Secretaría de Seguridad Pública aseguró que los ataques de la mafia constituyen una represalia contra las autoridades por cambiar de prisiones a capos del crimen, como Marcos Willians Herba Camacho, del "Primeiro Comando da Capital" (PCC).
El PCC, promotor de las principales insurrecciones en cárceles paulistas, coordinó 29 motines simultáneos el 18 de febrero de 2001, que dejaron treinta muertos, la mayoría miembros de bandas rivales.
El jueves pasado las autoridades emprendieron el traslado de 765 reclusos de presidios del interior del estado a dos cárceles de máxima seguridad, una en Presidente Venceslau, a 620 kilómetros al oeste de Sao Paulo, y la otra en la zona norte de la capital.
Críticas de expertos
La ola de violencia, que no cesa, y las confusas explicaciones oficiales provocaron indignación entre expertos y líderes de entidades sociales y eclesiásticas, partidarios de penas más duras e instrumentos para entrenar y reforzar a las fuerzas de seguridad.
El gobernador estatal, Cláudio Lembo, dijo el sábado que las autoridades sabían que los traslados traerían "consecuencias" y garantizó que "los riesgos estaban calculados".
El comandante de la Policía Militar, coronel Elizeu Eclair Teixeira Borges, aseguró que sus hombres estaban en estado de alerta y que gracias a esta actitud "el número de muertes fue mucho menor".
El ex secretario nacional de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia, José Vicente da Silva, afirmó que Sao Paulo carece de un servicio de inteligencia "inteligente".
"El servicio de inteligencia para ser inteligente debe anticipar estas cosas con un plazo razonable, para que sean tomadas las medidas necesarias, y eso no ha ocurrido", sostuvo.
Añadió que hay "excesiva libertad" en las prisiones brasileñas, amparada por beneficios como diálogos no vigilados de reclusos de alta peligrosidad con sus abogados, y hasta por las visitas íntimas.
El Episcopado brasileño expresó su "vehemente repudio" por lo que consideró "brutales y terroríficos actos de violencia planeados y practicados por el crimen organizado".
