SANTIAGO DE CHILE.- Los estudiantes secundarios mantenían en jaque al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet al que dieron plazo hasta el viernes para acoger sus demandas o convocarán a un paro que ya fue aprobado por universitarios y profesores.
"Se mantiene el ultimátum. Nosotros creemos que lo nuestro requiere respuestas concretas", advirtió el jueves el dirigente estudiantil Juan Carlos Herrera.
Mientras los negociadores juveniles, que tienen entre 16 y 18 años, informan a los dirigentes estudiantiles sobre las negociaciones con el gobierno, Bachelet y sus ministros políticos sostuvieron la quinta reunión de la semana para analizar qué pueden ofrecer.
Los jóvenes advirtieron que si el viernes no reciben respuestas concretas, convocarán para el lunes a un "paro social", que incluiría a profesores, universitarios y trabajadores.
Jorge Pavéz, el dirigente comunista del gremio docente, dijo que "si no hay soluciones de aquí al viernes, nosotros vamos a hacernos parte de la convocatoria".
"Nosotros nos vamos a sumar al paro si efectivamente no se llega a una solución el viernes", advirtió por su parte el dirigentes de la Universidad de Chile, Nicolás Grau, cuya madre, Paulina Veloso, la Secretaria General de la Presidencia, es una de las ministras de Bachelet.
El dirigente estudiantil Juan Herrera declaró el jueves que en las negociaciones con el ministro de Educación, Martín Zilic, hay avances en algunos temas, pero "no como la hemos planteado nosotros".
La tercera ronda de negociaciones de realizará el viernes.
Las demandas son gratuidad del pase escolar y de una prueba de selección universitaria, más raciones alimenticias.
Ha trascendido que el gobierno ofrece gratuidad en el pase escolar para el transporte y en la prueba de selección sólo para los más pobres, y el 50% más de becas alimenticias.
También exigen cambios a la jornada escolar completa, que según ellos les agregó más horas de clases, pero no más calidad, y reformas profundas a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce), promulgada por el pasado régimen militar, que instauró la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación. la Loce fue aprobada por el régimen del dictador Augusto Pinochet un día antes de entregar el poder, el 10 de marzo de 1990.
El vocero del gobierno, ministro Ricardo Lagos Weber, declaró que "el gobierno no opera en base a ultimátum" y agregó que entre los negociadores y el ministro "hay una buena disposición, una buena química".
Los adolescentes paralizaron el martes a 800.000 de sus compañeros en todo el país y en los días siguientes las escuelas fiscales siguen ocupadas por los estudiantes o paralizadas.
El estado invierte 57 dólares mensuales en la educación pública, a la que asiste cerca del 80% de los jóvenes, mientras los padres con más recursos invierten desde 380 dólares al mes en la educación privada de sus hijos.
La Loce consagra en primer lugar la libertad de enseñanza y después el derecho a la educación, lo que hace que existan varios tipo de enseñanza, dependiendo de lo que puedan pagar los padres y el surgimiento de verdaderos empresarios en el sistema.
En Chile casi todos pueden asistir a la escuela, el analfabetismo no llega al 5,0%, pero la calidad de la enseñanza no es buena, según parámetros internacionales.
El oficialismo afirma estar dispuesto a iniciar reformas, pero la oposición advirtió que no cambiará la ley y que sólo aceptará modificaciones para "asegurar una mejor calidad", dijo Jovino Novoa, de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente.
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