Ginebra.- Los desalojos forzados para el desarrollo de viviendas o infraestructuras son cada vez más frecuentes en todo tipo de países y dejan sin hogar a más gente que los conflictos armados, denunció hoy el relator especial sobre Vivienda Adecuada de la ONU, Miloon Kothari.
Además de que se suponen una grave violación de los derechos humanos, suelen derivar en importantes tragedias humanas, porque en su mayoría afectan a los más pobres, que se quedan sin hogar y sin sus medios de vida, lo que aumenta su marginación y su vulnerabilidad", argumentó el relator en Ginebra, sede europea de Naciones Unidas.
Kothari, en conferencia de prensa, expresó su preocupación por "las alarmantes y desconocidas proporciones que está tomando este problema", que afecta a "decenas de millones" de personas en el mundo, que "no tienen ante quién denunciar su situación".
El problema es preocupante tanto en países subdesarrollados como Zimbabue, donde unas 700.000 personas perdieron sus viviendas por la operación "Murambatsvina" (Restablecer el orden), como en los países más desarrollados que, según Kothari, "fuerzan desalojos para desarrollar proyectos urbanísticos o de infraestructuras bajo el pretexto de que suponen un bien social".
En su opinión, ese es el caso de Estados Unidos, ya que en ciudades como Washington o Chicago se demolen viviendas públicas sin informar ni facilitar alternativas a los desalojados, que "en su mayoría son de origen afroamericano".
"Especialmente a partir de la Administración (de Geroge W.) Bush, en EEUU se han recortado drásticamente las inversiones en viviendas protegidas y se han incrementado las demoliciones de las más pobres con la excusa de aumentar la cohesión social, cuando lo que se consigue es separar a la gente de color y alejarla del resto", sentenció el experto.
En el caso de Canadá "ocurre exactamente lo mismo -explicó-, con el agravante de que quienes más desamparados están en ese país son las mujeres solteras con hijos y la comunidad indígena".
Respecto al caso de Zimbabue, el relator aseguró que un año después de que el presidente Robert Mugabe pusiera en marcha esa operación, muchas de las 700.000 personas a las que se les demolieron casas y sembrados ilegales de forma "indiscriminada e injustificada", aún no tienen donde vivir.
"Algunas se han refugiado en cuevas cercanas y otras en campamentos de tránsito donde el acceso por parte de las agencias internacionales y ONG es muy difícil", según Kothari, quien lamentó "el olvido de este problema por parte de toda la comunidad internacional".
Mugabe expropió sin compensaciones a los terratenientes blancos para distribuir las haciendas entre la población negra, que las ha dividido y convertido en pequeñas huertas de subsistencia, muchas de ellas sin futuro.
El relator también denunció que en Karachi (Pakistán), la construcción de una carretera dejará sin vivienda a unas 250.000 personas con la excusa de proteger a la población de las inundaciones del río Lyari.
En Bombay, otro proyecto urbanístico será el responsable del desalojo forzado de entre 350.000 y 400.000 personas y en Manila de unas 200.000, según algunos de los muchos ejemplos que citó Kothari.
Entre ellos, el de México, donde en el estado de Guerrero se planea la construcción de la presa La Parota para el trasvase de agua a la capital, a pesar de que dejará sin hogar a unas 25.000 personas, según sus datos.
