Desde la primera vuelta de las elecciones realizadas el 7 de febrero del 2006, el pueblo haitiano eligió con mayoría absoluta a un presidente: René Garcia Préval. En la segunda vuelta organizada el 21 de abril donde participaron menos electores que el 7 de febrero, 99 diputados y 27 senadores (de los 10 departamentos del país, sólo el Noreste no ha eligido aún a sus 3 senadores) fueron escogidos para conformar el Parlamento. El 9 de mayo, estos representantes tomaron juramento, condición necesaria para la juramentación del presidente electo que tuvo lugar el 14 de mayo. Con un presidente, un Parlamento y un primer ministro, puesto desde el 25 de mayo a la cabeza del nuevo gobierno, que gozan todos de gran legitimidad dentro y fuera del país, Haití puede ahora mirar al futuro con más confianza. Pero, siendo el país más pobre del hemisferio y sacudido por una crisis generalizada (social, política, económica…) desde los comienzos de la década de los 80 del siglo pasado, Haití tiene tantos problemas que la tarea se vuelve sumamente complicada para las nuevas autoridades. ¿Qué son los retos más grandes que ellas tienen que enfrentar?
1) La seguridad
La violencia ha ritmado todo el curso de la historia de Haití. Pero ha tomado actualmente un nuevo matiz al crear una especie de psicosis de miedo y de terror en el seno de la población civil. A título de ejemplo, podemos evocar el fenómeno del secuestro y las zones de non-droit o tierra de nadie (lugares ocupados y frecuentados sólo por bandidos armados) en algunos barrios populares de la Capital haitiana, como Cité Soleil. Además, algunos agentes de la Policía Nacional de Haití (PNH) y jueces son denunciados como cómplices de los bandidos en actos de secuestro y otros crímenes.
La inseguridad, que había disminuido desde la proclamación de Préval como presidente, está reapareciendo en Puerto Príncipe. Establecida en el territorio haitiano desde junio 2004 y formada por un contigente de un poco más de 9,000 Cascos azules (militares y policías) y de 2,000 agentes civiles (locales e internacionales) aproximadamente, la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah) no ha podido cumplir a cabalidad su misión de combatir la inseguridad. Una veintena de secuestros perpetrados en Puerto Príncipe durante el mes de mayo y el asesinato de Lucienne Heutelou Estimé, viuda del ex presidente Dumarsais Estimé, el 19 de mayo del 2006, vuelven a replantear el problema de la inseguridad.
La Minustah también tiene como misión acompañar a la PNH, que cuenta con alrededor de 6,000 policías para una población de 8.5 millones de habitantes, y aumentar su efectivo a 15,000 miembros para el 2011, año en que se acabará el mandato de Préval. Al mismo tiempo, debe desarmar a grupos y personas en posesión de armas ilegales, de las cuales, según la Comisión encargada del dossier de desarmamiento, 210,000 circularían en todo el país. Frente a esta situación, Préval pidió, a comienzos de su nombramiento como jefe de estado, a los países, que integran las fuerzas armadas de la Minustah, tales como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, que mantuvieran sus tropas en el país para reforzar la seguridad.
Pero ¿qué hacer con las Fuerzas Armadas de Haití (FADH) que fueron desestructuradas por el presidente de entonces, Jean-Bertrand Aristide, desde su regreso del exilio a Haití con el acompañamiento de la ONU el 15 de noviembre de 1994? Algunos militares fueron integrados al nuevo cuerpo policíaco (PNH), otros beneficiaron de un programa de reinserción socio-económica implementado por el gobierno provisional pasado (dirigido por el presidente Boniface Alexandre y el primer ministro Gérard Latortue), pero casi todos y una fracción de la sociedad reclaman el restablecimiento de las fuerzas armadas “nacionales” para sustituir a las fuerzas armadas “extranjeras”. Las nuevas autoridades tendrán que tomar al respecto una decisión que, en un sentido o en otro, podría desgarrar el tejido social.
2) La unidad nacional
No sólo los antiguos militares están en la expectativa de una decisión de las nuevas autoridades, también el sector político lavalas, fundado y dirigido por el ex presidente Aristide que fue obligado a exiliarse otra vez el 29 de febrero del 2004, espera que su líder vuelva al país y que los grandes jefes lavalas actualmente detenidos sean liberados. Aunque fue primer ministro del gobierno lavalas durante la primera versión del régimen lavalas (febrero-septiembre 1991) y presidente del país bajo la bandera del partido lavalas durante el quinquenio 1996-2001, Préval se alejó de la segunda administración presidencial de Aristide de febrero 2001 a febrero 2004 y decidió crear el partido político Lespwa (La Esperanza en creol) para postularse como su candidato a la presidencia en las elecciones del 7 febrero de 2006.
Es la Justicia haitiana, la que debe estudiar y procesar el caso de los grandes jefes lavalas encarcelados y el dossier del ex presidente Aristide que fue acusado por el gobierno provisional Alexandre-Latortue. Sin embargo, ¿Préval no debería favorecer a los que fueron sus camaradas de partido? Por lo menos, los partidarios lavalas y aun Aristide lo piensan así; pero, los tres países más implicados en la política haitiana, Francia, Canadá y Estados Unidos, ya manifestaron su desacuerdo con el regreso de Aristide al país que, según ellos, amenazaría el proceso democrático incipiente. Además, entre otros grupos hostiles a Lavalas, el grupo de los 184 (conjunto de organizaciones de la sociedad civil que lucharon contra el poder lavalas hasta su derribamiento el 29 de febrero del 2004) y la Convergencia democrática (unión de todos los partidos que se opusieron al régimen lavalas) no quieren oír de Aristide. Entonces, Préval está en medio de una polarización política que influirá sobre el proceso de la unidad nacional, a la que no han cesado de convocar él mismo como jefe de estado y otras fuerzas de la nación y de la Comunidad internacional.
¿Se puede hacer la unidad nacional excluyendo a Lavalas, sector muy importante que reúne los grupos populares y una parte de la clase media? De ninguna manera; esta unidad no sería ni auténtica ni real. Por lo tanto, hay que entablar un diálogo serio con los grupos en conflictos políticos, sociales y aun armados para llegar a la reconciliación nacional que es lo único capaz de crear la unidad. Pero ¿cómo convencer al sector lavalas que, como condición de todo diálogo y unidad nacional, exige el regreso de su líder Aristide al país y la liberación de los altos jefes lavalas?, y ¿cómo pedir a los grupos antilavalas que dejen de lado el recuerdo de los actos de represión de los cuales dicen haber sido víctimas durante el régimen lavalas?
La Justicia haitiana, que recibió el dossier de los altos funcionarios lavalas detenidos, de los cuales el ex primer ministro Yvon Neptune, y exiliados, como Aristide, se ha revelado incapaz de gestionarlo y solucionarlo. Ella misma está enferma y necesita de profundas reformas para volverse funcional, profesional, creíble y transparente.
3) La administración de la justicia
Según informes de los Estados Unidos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales locales e internacionales, la Justicia constituye la institución que fue más víctima del gobierno provisional Alexandre-Latortue: la corrupción y la impunidad la han roído; las detenciones arbitrarias y prolongadas, el irrespeto a las garantías judiciales, la sumisión del aparato judicial al poder ejecutivo, las ejecuciones extrajudiciales y toda una serie de anomalías han carcomido el estado de derecho en Haití, a pesar de la presencia de la ONU. “Según muchos juristas, Boniface Alexandre ha sido uno de los más grandes violadores de la Constitución en estos dos últimos años, al permitir deliberadamente el encarcelamiento de centenares de personas por motivos políticos, al aceptar la liberación de criminales condenados y de otros individuos acusados de haber sido implicados en crímenes…” (Agence Haïtienne de Presse, 19 de mayo del 2006).
Llama mucho la atención el que cada día más sectores del país (estudiantes, políticos, educadores, organizaciones de derechos humanos…) y otros Haitianos de la diáspora (en Canadá por ejemplo) estén exigiendo que se haga justicia contra los altos funcionarios del gobierno provisional, concretamente contra Boniface Alexandre y Gérard Latortue. Algunos grupos ya fueron a depositar sus quejas en el Parlamento pidiendo que los altos funcionarios del régimen provisional rindan cuentas y sean juzgados, antes de que salgan del país.
Además, el actual aparato judicial no puede tomar ninguna decisión en este asunto porque algunas de sus autoridades, que fueron nombradas de modo arbitrario, figuran en la lista de los acusados. Junto con el Parlamento, el poder ejecutivo dirigido por Préval tendrá que determinar la situación tanto de los jefes del gobierno provisional anterior como de los prisioneros políticos lavalas.
A modo de conclusión
La seguridad, la unidad nacional y la justicia constituyen los tres retos más grandes a los que las nuevas autoridades haitianas tienen que responder urgentemente. Sin seguridad, falta la primera condición para atraer a las inversiones extranjeras en el país y para crear un estado de derecho que permita a los ciudadanos circular libremente, vivir dignamente, gozar de sus derechos fundamentales y ponerse de acuerdo sobre los problemas de su país. Sin unidad nacional, es imposible abordar y buscar resolver juntos los problemas del país, en primer lugar la inseguridad. Sin una buena administración de la justicia, el reino de la impunidad reforzará la inseguridad que, a su vez, destruirá el tejido social. Son tres retos relacionados unos con otros y que exigen una solución conjunta.
Los países y organizaciones de la Comunidad internacional deben seguir acompañando a Haití y hacer ahora más esfuerzos por ayudar a las nuevas autoridades a tener los medios necesarios (fondos financieros, apoyos en términos de cooperación al desarrollo y fuerzas de orden) para enfrentarse a estos tres grandes retos y así mostrar al pueblo haitiano, con resultados tangibles, su buena voluntad y la necesidad de construir juntos el porvenir del país.
¿La democracia no debe de ser ante todo la capacidad que tiene un pueblo para articularse, tomar su destino entre las manos, resolver sus problemas y trabajar para el desarrollo de su país y la creación de condiciones necesarias que faciliten a sus ciudadanos el goce de sus derechos?