El asesinato de una joven estudiante de medicina en la ciudad de Santiago, cuando se resistió al intento de tres atracadores de despojarla de su cartera, pone de nuevo sobre el tapete el cada vez más grave problema de la inseguridad ciudadana.
Cuando se reportan casos como el de la joven Vanessa Ramírez Fañas, asesinada a golpes y a balazos por tres sujetos que se desplazaban en motocicletas, la tendencia de la opinión pública es reclamar el extermino inmisericorde de todos los delincuentes. También surgen voces que proclaman una vez más al fracaso del Código Procesal Penal, atribuyéndole la responsabilidad de la ola de delincuencia que azota el país.
Y hay que admitir que el fenómeno de la inseguridad pública ha registrado un nivel sin precedentes, coincidiendo con la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, pero coincidiendo también con otros factores económicos, sociales y políticos arrastrados por la actual administración del gobierno.
No es el código procesal penal que ha fracasado. El problema hay que buscarlo en la incapacidad del Gobierno para neutralizar las causas generadoras de la violencia social y aplicar una estrategia adecuada en materia de seguridad ciudadana.
Lo que ha hecho el gobierno hasta ahora es producir algunos golpes de efecto con la política de "barrio seguro", sin hacer nada para controlar a los delincuentes. Simplemente se la ha puesto difícil a los delincuentes de un barrio para empujarlos hacia otros barrios, especialmente hacia los sectores de clase media y alta. Es la misma delincuencia pero en escenarios diferentes. No hay ningún parámetro para asumir que el Estado ha logrado un real avance en la lucha en la lucha contra la delincuencia.
Sin un cambio radical en la Policía, que incluya presupuesto suficiente, aumento sustancial del personal, salarios decentes e incentivos profesionales, y sin un programa social para cambiar la vida de los jóvenes sin esperanzas, no hay esperanza de que la sociedad dominicana pueda salir del círculo vicioso de la pobreza y la inseguridad.
El actual jefe de la Policía ha hecho un esfuerzo admirable para enfrentar el problema, pero ni él ni la institución bajo su responsabilidad están en condiciones de incidir directamente en las causas que promueven la delincuencia y la violencia social.
El problema de la seguridad ciudadana no se puede resolver solo con una política de marketing, que parece ser la fórmula mágica aplicada por el Gobierno a todos los males del país.
La estrategia de marketing del Gobierno es convencernos a todos de lo bien que estamos y en ese sentido gasta miles y miles de millones de pesos en campañas de publicidad y compra de opiniones, pero en los hechos reduce la inversión en educación, se niega a renegociar los contratos de las empresas eléctricas que hacen inviable una solución al problema energético, se muestra impotente para aplicar el Seguro Familiar de Salud en beneficio de los pobres, aumenta los impuestos al sector productivo y desestimula la creación de nuevos empleo, y disminuye dramáticamente la inversión social en los sectores más pobres de la población.
Con una Policía precariamente pagada y sin personal suficiente, con calles y avenidas apagadas, sin un programa para promover la reinserción social de los jóvenes que solo han aprendido a ser delincuentes, y sin una política de real apoyo al desarrollo comunitario, parece claro que estamos frente a un Gobierno que no tiene ni la idea ni la voluntad para enfrentar razonablemente el cada vez más grave problema de la violencia y la inseguridad ciudadana. No hay que apuntar para otro lado.
