A menos que sean procesados en un laboratorio, que nadie piense con jueces químicamente puros, inmaculados, para la Junta Central Electoral (JCE); sería, más que ponerse a buscar una aguja en un pajar, una utopía risible. Ahora, en lo que sí se puede pensar es en magistrados competentes, responsables e independientes, que es en definitiva lo que necesita la nación.
Los actuales jueces pudieron haber desempeñado su papel, pero la forma unilateral en que fueron designados, con todo y que se hizo conforme a ley, empañó su gestión. Y la salida que al menos en la parte contenciosa encontraron a las impugnaciones del traumático proceso electoral se convirtió en el tiro de gracia a una tarea que pudo ser más airosa y saludable.
La reestruturación de la JCE no es una prioridad, pero es uno de esos asuntos que el Gobierno, con esa capacidad de comunicación que ha sabido usar, ha colocado sobre el tapete. Más que sobre la JCE, el debate pudiera ser en torno a la suerte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica o la eliminación de los onerosos subsidios a electricidad y el gas licuado de petróleo.
Del mismo modo también estará estos días sobre el tapete la reforma constitucional, pero este es un asunto que la composición de las cámaras legislativas torna más escabroso. No tiene el Gobierno la mayoría legislativa para imponerla, como sí ocurre con los jueces electorales.
La controversia generada tanto por la elección como por los fallos de este proceso de los actuales magistrados plantean serenidad, comedimiento y claridad en la composición del tribunal. Hay un juez de quien se dice votó públicamente en los comicios de 2004, sin que lo haya desmentido violando el carácter secreto del ejercicio; y de otro que cedió a una oferta para estampar una sentencia. Puede que se trate de habladurías, pero esas sombras, a veces puestas a circular y reproducidas con inquina, tienen que extirparse.
Ante un cuadro tan ominoso no sería extemporáneo, por tanto, barajar desde ya los nombres algunos candidatos para integrar el tribunal. El doctor Luis Scheker Ortiz, el licenciado Juan Bolívar Díaz y el sociólogo José del Castillo son, por ejemplo, ciudadanos con el perfil y las condiciones para formar parte del tribunal electoral. Nadie puede señalarlos, pues aparte de una trayectoria personal que les han merecido respeto y estima, sus acciones han estado enmarcadas siempre a favor de los más sanos intereses las nacionales.
Los jueces, sobre todo después del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con la elección de los actuales, tienen que ser escogidos por sus méritos personales y profesionales, al margen de vínculos o relaciones políticas. Pero la capacidad, independencia, probidad y responsabilidad, que figuras como Scheker, Juan Bolívar y Del Castillo han probado con creces, son cualidades básicas para desempeñar con eficiencia la tarea de juez electoral.
Si en verdad se quiere que esta malhadada nación avance por sendas de justicia, respeto y prosperidad se tiene que desterrar la politiquería y sus nefastas secuelas en el ejercicio del poder.
