MADRID.-No pocas voces autorizadas, por su coherencia y sapiencia, se vienen alzando en los últimos tiempos a favor de la joven democracia española. Por algo será, pienso yo. Cuando derechos vitales no se consideran o se malinterpretan, la convivencia democrática se devalúa por mucho que se nos llene la boca de constitucionalismo. De igual modo, cuando perdemos libertades, más o menos solapadamente, la sociedad democrática se retrotrae y las relaciones de cooperación también retroceden. Me llama la atención, igualmente, que las opiniones de personas sumamente ilustradas pasen desapercibidas cuando hacen denuncias muy graves, como puede ser la actual atmósfera de desconcierto e intereses mezquinos que nos gobiernan, o cuando piden protecciones que nos asisten por la naturaleza misma, como son los derechos humanos. ¡Qué menos!
Yo espero que esta vez me confunda y, la voz de un cardenal, tenga la repercusión debida. Aunque sólo sea por la gran mayoría de españoles católicos, a juzgar por los sacramentos que solicitan cada día más fieles, los abundantes movimientos eclesiales que existen y a los que acuden personas de toda condición, o el aluvión de gentes que van en procesión a lugares de culto y recogimiento. Como digo, las palabras dichas recientemente por un hombre de peso, nada menos que las del primado y arzobispo de Toledo Antonio Cañizares, no debieran pasar desapercibidas para nadie, y menos para un gobierno que ha de gobernar para todos los españoles, haciendo política de Estado y no partidismo. Lo de hacerse el sordo, no escuchar la voluntad popular y promover políticas para unos pocos, no me parece ni serio ni justo.
El cardenal criticó, como no podía ser de otra manera, la política educativa y familiar del Gobierno, así como el divorcio y el aborto, asegurando que si no se respetan los Acuerdos con la Santa Sede en materia de educación “acudiremos al Tribunal Supremo”. La política actual del gobierno no ha podido ser hasta ahora más contraria a los católicos. El actual ejecutivo ha sido pionero en debilitar a la familia, hasta confundirla con otras estructuras y otros tipos de uniones. Los padres que tienen el deber primero y el derecho inalienable de educar a sus hijos y deben ser considerados los principales educadores, se encuentran con gobiernos que no les permiten ni la elección de centro de enseñanza, con lo cual, los padres ya no tienen el derecho preferente a escoger el tipo de educación que quieran darle a sus hijos. Tampoco se puede infravalorar la enseñanza de la religión católica cuando la mayoría de las familias la solicitan como es público y notorio.
Los responsables públicos zarandean a la joven democracia española cuando actúan con prepotencia e imposición como es el caso, puesto que ellos son garantes de los derechos de todos y tienen la obligación de defender estos derechos y libertades. Las verdaderas conquistas sociales, las auténticas democracias, promueven y tutelan la vida de cada uno de sus ciudadanos (sea votante del partido o no) y al mismo tiempo el bien común de la sociedad (no el bien del partido en el gobierno). En consecuencia, en un futuro prometedor, en una sociedad más próspera, ecuánime y abierta a los valores del espíritu, tiene que haber más democracia real. Y una elocuente voz como la del cardenal, debe ser considerada y reconsiderada para que la democracia gane, para que ganemos todos.
