Al develar un busto del profesor Juan Bosch en El Pino, La Vega, el presidente Leonel Fernández habló de una revolución democrática que, en circunstancias como las actuales, no puede ser más alentadora y bienvenida para una sociedad que hoy se debate en la incertidumbre, la persecución, las injusticias y el miedo.
Ahí está, por ejemplo, la oposición del presidente de la Suprema Corte de Justicia a la reforma constitucional que el Gobierno ha puesto sobre el tapete después de conocerse los resultados de las elecciones congresuales y municipales. Esa oposición del doctor Jorge Subero Isa es por miedo a que la modificación de la Carta Magna consigne algún super poder que mutile la aún cuestionada independencia jurídica y administrativa de la Justicia.
El miedo externado por Subero Isa es el mismo que tienen cientos de empleados del Congreso y los ayuntamientos de perder sus puestos, sin importar que los desempeñen con eficiencia y ni siquiera que estén protegidos por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, por un cambio de autoridades. En parecida tesitura están ex funcionarios que ahora temen que jueces irresponsables y débiles puedan condenarlos sin examinar a fondo los expedientes sólo para congraciarse y ponerse a buen resguardo ante una eventual sacudida del sistema judicial.
Esa atmósfera ha debido comenzar a desmontarse como preámbulo de una revolución, que si bien no suprimirá abusos y atropellos, al menos garantice una justicia equitativa, cierta igualdad de oportunidades, respeto a la disidencia y aplicación irrestricta del imperio de la ley.
Al plantear una revolución democrática el presidente Fernández asume un gran compromiso con la ciudadanía a favor de la transparencia y contra la impunidad del delito de cuello blanco y los privilegios de que ha disfrutado una minoría en perjuicio de las grandes mayorías.
La separación e independencia de los poderes es vital en esa saludable revolución del sistema que anunció el jefe del Estado. No puede ser que acusados del asesinato el periodista Orlando Martínez teman ser condenados con o sin pruebas, como el caso del ex cabo Mariano Cabrera Durán, sólo para otorgar una prenda que exhibir al procurador general de la República, licenciado Francisco Domínguez Brito. He insistido sobre este proceso en interés de que se haga justicia, sin cargar todo el peso de la ley al más chiquito y carente de opinión pública, que además alega inocencia, como Cabrera Durán. Hoy, la percepción es que, con contadas excepciones, no hay un solo juez que no trate de ponerse o se haya puesto donde "el capitán lo vea" por miedo al Ejecutivo.
La revolución democrática del presidente Fernández urge y se necesita para proporcionar seguridad y confianza a la ciudadanía en las endebles instituciones, así como para que ente desempeñe su rol, como el caso de los jueces, con responsabilidad e independencia.
La participación espontánea de las mayorías en las tomas de decisiones, sin manipulaciones ni coacción, se supone que es el elemento central de ese proceso que se propone el mandatario.