BUENOS AIRES, 20 jun (IPS) – Fue condenado en 1986 por torturar a decenas de prisioneros de la dictadura argentina, pero al año siguiente quedó libre gracias a una ley de impunidad. Se trata del ex jefe policial Miguel Etchecolatz, quien 20 años después inauguró el retorno de los represores a los tribunales de la democracia.
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, la capital de la oriental provincia de Buenos Aires, comenzó este martes a enjuiciar a Etchecolatz, uno de los símbolos de la sangrienta represión de la dictadura militar (1976-1983), paso que fue posible porque en junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional las llamadas leyes de Punto Final y de Obediencia Debida.
De modo extraordinario, este juicio oral y público se lleva a cabo en la sede del Palacio Municipal, debido a la falta de espacio suficiente en las salas del Poder Judicial para albergar a lo largo de cuatro meses al promedio de 500 asistentes a cada sesión, muchos de ellos familiares de las víctimas y representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Etchecolatz fue director de Investigaciones de la policía provincial y mano derecha del jefe de esa fuerza, Ramón Camps, un general que poco antes de morir de cáncer en los años 80 se jactó de la represión, con la práctica sistemática de tormentos, miles de asesinatos y la desaparición forzada de personas, que según grupos humanitarios suman unas 30.000 personas.
En 1986 fue sentenciado en primera instancia a 23 años de prisión, pero luego fue eximido de cumplirla, al quedar encuadrado su caso en la ley de Obediencia Debida, que junto a la de Punto Final dejó fuera de alcance de los tribunales a los uniformados acusados de delitos contra la humanidad y violaciones de todo tipo.
No obstante, organizaciones de derechos humanos consiguieron a mediados de los años 90 que fuera llamado a declarar en dos causas. Una de ellas por la apropiación de una hija de pareja de desaparecidos y otra en el marco de los llamados Juicios por la Verdad, instruidos para conocer el destino de detenidos cuando no fue posible perseguir penalmente
Por la apropiación de la niña, el ex comisario fue condenado finalmente a siete años de prisión, mientras que a raíz del Juicio por la Verdad se inició una causa penal en su contra en relación al secuestro y torturas de ocho personas, seis de las cuales permanecen desaparecidas. Esos casos, que salieron a la luz en la década del 90, habían merecido la apertura de un nuevo proceso.
Es por ese proceso el tribunal oral lo juzga desde este martes.
"Poder hablar de lo que nos pasó es un proceso muy personal. Algunos necesitan hacerlo enseguida, otros nunca lo consiguen. A mí me llevó 20 años. Recién ahora siento que no estoy sola", contó a IPS Nilda Eloy, de 50 años, una de las víctimas de Etechecolatz que sobrevivió a 11 meses de cautiverio en 1977.
"Me secuestraron en la casa de mis padres cuando tenía 19 años. Era un grupo comandado por Etchecolatz, que me llevó al centro de detención conocido como 'La Cacha' y, después de tres días de torturas, estaba encapuchada y escuché de nuevo aquella voz que daba las órdenes durante mi secuestro", relató la mujer.
Eloy estuvo en seis campos de concentración en la provincia de Buenos Aires hasta que fue liberada cuando ya tenía 20 años. Al cumplir los 30, la dictadura había llegado a su fin y comenzaban los procesos contra los represores. Pero la mujer no pudo hablar entonces. Lo hará ahora y será la primera.
En este juicio declarará otro sobreviviente de los campos de detención, Jorge López, y otros 130 testigos de la acusación. Los jueces deberán determinar ahora la responsabilidad de Etchecolatz en el secuestro y desaparición de Diana Teruggi, Patricia Dell Orto, Ambrosio de Marco, Nora Formiga, Elena Arce y Margarita Delgado.
En su descargo, el ex represor sólo declaró que se sentía "un perseguido político", y su defensa pidió que se cite sólo a tres testigos, todos altamente calificados.
Ellos son la presidenta María Estela Martínez de Perón (1974-1976), quien fue derrocada por el golpe militar que dio inicio a la dictadura, el ex mandatario provisional del mismo gobierno Ítalo Luder (1975) y Raúl Alfonsín, quien encabezó el primer gobierno de seis años tras la recuperación de la democracia en 1983.
En diálogo con IPS, la abogada Alicia Peralta, secretaria jurídica de la Asamblea por los Derechos Humanos de La Plata, consideró que el juicio "es un hito porque es el primer represor en ser juzgado después de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad". Además anticipó que hay pruebas para condenarlo.
De todos modos, Etechecolatz seguirá bajo arresto por la causa principal en su contra, la que emitió sentencia en 1986, y por la apropiación de la niña.
Los principales involucrados en la represión habían sido sometidos a proceso en 1985, en el marco de los cuales fueron condenados a prisión perpetua los máximos jefes dictatoriales. Empero, presiones y levantamientos militares llevaron al gobierno de Alfonsín a poner freno a los juicios contra uniformados mediante el impulso de dos leyes.
Así, en 1986 fue promulgada la ley de Punto Final, que fijó un plazo límite para la presentación de causas penales contra militares. Debido a que esa norma no alcanzó para detener el ritmo de las citaciones judiciales, el Congreso sancionó al año siguiente la ley de Obediencia Debida, que liberaba de juicio a todos los subordinados con el entendido de que habían cumplido órdenes.
Etchecolatz fue beneficiado con esta última norma, a pesar de que ya tenía sentencia, y quedó en libertad.
Pero esta etapa de impunidad comenzó a revertirse a poco de comenzar el nuevo siglo.
En 2001, la justicia federal declaró por primera vez la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía en un fallo de primera instancia, y en 2003, cuando ya gobernaba el centroizquierdista Néstor Kirchner, el Congreso legislativo volvió sobre sus pasos y anuló las normas. Pero faltaba el máximo aval de la justicia.
La Corte Suprema de Justicia ratificó en junio de 2005 la inconstitucionalidad de las dos leyes en cuestión. De ese modo, represores como Etechecolatz, que ya tenían condena, fueron arrestados otra vez.
Tras el fallo del máximo tribunal, más de un millar de causas por violaciones a los derechos humanos se reactivaron. Hoy, según el no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales, hay unos 1.400 represores imputados, la mayoría pertenecientes al ejército, aunque también hay de las otras dos armas, de las fuerzas de seguridad ciudadana y civiles.
Del total de acusados hasta ahora, 83 fallecieron y cuatro fueron declarados incapaces, otros 44 están prófugos y más de 200 se encuentran detenidos, la mayoría en su domicilio debido al beneficio del que gozan los mayores de 70 años.
Etchecolatz, de 76 años, es uno de los beneficiados con este recurso legal y por eso cumple condena en un chalet del balneario de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.
Este ex comisario de la policía fue el primero en sentarse en el banquillo de los acusados. El próximo será Julio Simón, quien enfrentará también un juicio oral y público a fines de junio por el secuestro, torturas y desaparición de José Poblete y Gertrudis Hlaczik, el caso que desató la primera declaración de inconstitucionalidad de las leyes de amnistía. (FIN/2006)
