SANTO DOMINGO.-Cientos de organizaciones de productores solicitaron al Presidente Leonel Fernández la disolución de la Comisión Nacional de Cacao La petición la formulan por considerar que ese organismo no tiene razón de ser al perder su prestigio estableciendo impuestos ilegales y poniéndose al servicio de dos compañías privadas.
Las organizaciones, agrupadas en la Confederación Nacional de Cacaocultores Dominicanos (CONACADO), explicaron que la comisión es obsoleta en estos momentos porque no cumple con ninguna de las funciones para las que fue creada hace décadas.
Denunciaron que ese organismo se queda con un 17.45% del dinero recaudado mediante el pago del impuesto que ella misma creó de 200 pesos por cada quintal de cacao producido. Ese 17.45% equivale a más de 25 millones de pesos anuales, dinero que se gasta en el pago de una burocracia infuncional.
Los productores vienen reclamando por diversos medios la eliminación del referido impuesto por estimar que es ilegal, injusto y abusivo.
En la semana pasada comenzó un proceso de negociación entre las organizaciones de productores, la Secretaría de Agricultura y las compañías tradicionales que comercializan con el cacao.
En esas negociaciones la mayor resistencia a que se elimine el impuesto la está poniendo la Secretaría de Agricultura, que quiere seguir beneficiándose de un arbitrio que pagan decenas de pequeños y medianos productores., la mayoría de los cuales vive en completo estado de pobreza.
¿Para qué sirve la Comisión Nacional de Cacao?, se preguntan las organizaciones de productores de San Francisco de Macorís, Yamasá, Hato Mayor, Cotui, Altamira, Bonao y Nagua, las que representan a 15 cacaocultores de esas zonas.
El impuesto al cacao se cobra indiscriminadamente a todos los productores del país y ha generado más de 350 millones de pesos, los cuales han ido a manos de dos grandes compañías para saldar supuestas deudas que tendrían con ellas algunos cacaocultores desde antes del huracán Georges.
CONACADO y sus organizaciones afiliadas reclaman además de la eliminación definitiva del impuesto, la devolución del dinero que le ha sido cobrado de manera compulsiva sus miembros.
Enfatizan que la solución de este caso de una manera correcta enviara una clara señal a la sociedad dominicana, y muy especialmente a los productores de cacao, de que el Gobierno esta por la institucionalidad, la transparencia, la legalidad y la justicia.
