WASHINGTON.-El Gobierno de EE UU lleva más de cuatro años espiando millones de transferencias bancarias internacionales desde el 11-S que pueden estar relacionadas con las redes terroristas de acuerdo con revelaciones de The New York Times -y de Los Angeles Times y The Wall Street Journal-.
En el periódico español El País aparece la información en la que se dice que el programa lo ejecuta la CIA bajo la supervisión del Departamento del Tesoro estadounidense y era conocido por los bancos centrales de los 10 países más industrializados.
El programa, declarado secreto por la Casa Blanca y amparado en los poderes extraordinarios con que el Congreso dotó a Bush fue declarado por el mandatario como "vital en la guerra contra el terrorismo"
Iniciado en los días posteriores a los atentados de Nueva York y Washington, el programa recibía la colaboración de un consorcio bancario internacional con sede en Bruselas que registra millones de movimientos financieros al día.
Las revelaciones de los diarios estadounidenses sobre el Programa de Rastreo de la Financiación del Terrorismo, dejaron al descubierto que el Tesoro "ha examinado miles de transacciones bancarias" para rastrear movimientos de dinero en lo que el diario llama "el sistema nervioso de la industria bancaria global": el consorcio de instituciones financieras SWIFT (Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales).
Se informa que a través de la red SWIFT se gestionan diariamente 11 millones de mensajes diarios de movimientos internacionales de dinero.
Aunque el propio Gobierno y el Departamento del Tesoro habían asumido públicamente este empeño -y ayer lo defendieron enérgicamente- no se conocían los detalles del programa ni el recurso legal empleado para obtener de forma masiva los datos del sistema bancario internacional.
Se dice que la vigilancia de estos movimientos no es nueva, pero sí lo es el trabajo conjunto entre la CIA y el Tesoro y el acceso al banco de datos. En lugar de pedir, vía mandato judicial, acceso a operaciones concretas sospechosas, el Tesoro utiliza citaciones judiciales globales que le permiten revisar millones de operaciones de SWIFT.
Estas citaciones están previstas en la Ley de Poderes Económicos en caso de Emergencia Internacional, de 1977. El Tesoro envía a SWIFT una citación judicial mensual, y el consorcio entrega los datos solicitados, que el Tesoro examina y contrasta con los que acumuló desde el 11-S.
Las transacciones que levantan sospechas desencadenan la apertura de investigaciones específicas, una tarea en la que también participan la CIA, el FBI y otros organismos de espionaje.
Para Stuart Levey, subsecretario del Tesoro, "seguir el rastro del dinero es uno de los sistemas más válido que tenemos para identificar terroristas. Es un rastro que no miente".
Levey aseguró ayer que el sistema sólo autoriza "a acceder a la información relacionada con investigaciones de terrorismo" y que hay "garantías múltiples" de que no se usa mal.
"Se lo hemos contado a miembros del Congreso y a los gobernadores centrales de los bancos del G-10", pero no se había dicho nada públicamente "por razones obvias: el valor del programa se derivaba de que los terroristas no sabían de su existencia, no sabían cómo conseguíamos los datos. Con estas revelaciones, desgraciadamente ya no es así. Es una grave pérdida", dijo Levey.
El programa es legal, y distinto -aunque se ampara en un razonamiento similar- al de las escuchas electrónicas, basado en los poderes extraordinarios que el presidente asume después del 11-S para la lucha contra el terrorismo.
La mayor parte de los líderes demócratas en el Congreso lo aprobaron, aunque hubo críticas, en ese sentido el congresista Ed Markey dijo: "Me preocupa mucho que se puedan estar violando de nuevo los derechos constitucionales de los estadounidenses en el marco de otro programa secreto creado después de los atentados del 11-S".
En las revelaciones de The Wall Street Journal se destaca que "los abogados del Tesoro determinaron que existe la autoridad legal para exigir los datos a SWIFT" y dice que "se abrirá una polémica en Europa y otras partes del mundo, y en el seno de la comunidad bancaria internacional, preocupada por el secreto de las transacciones".
El programa es "vital" en la guerra contra el terrorismo, aseguró John Snow, secretario del Tesoro. Es un mecanismo "que funciona, que ha marcado una diferencia con el pasado, y que tiene toda clase de controles y salvaguardias". El Gobierno usa "las herramientas que el Congreso nos ha dado para seguir el rastro del dinero de los terroristas, y ese rastro nos conduce a los propios terroristas".
Entre las prioridades iniciales se impuso "cortar el flujo de dinero de Al Qaeda" dice The New York Times: "Nueve de los pilotos suicidas del 11-S recibieron dinero desde Europa y Oriente Próximo a través de sus cuentas en el banco SunTrust de Florida. Parte de los 130.000 dólares [103.000 euros] que recibieron fueron enviados por personas que tenían vínculos con Al Qaeda".
Además, Washington atribuye al programa la detención de Hambali, un dirigente de Al Qaeda acusado de ser el cerebro de los atentados de Bali de 2002. Snow dijo que con la revelación "no sólo se daña la seguridad nacional, sino que también se deterioran los esfuerzos para prevenir acciones terroristas". Si hay gente que envía dinero a Al Qaeda, "necesitamos saberlo, seguir el rastro del dinero para desbaratar sus planes".
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