El código de ética judicial que se aprobó durante la Cumbre Iberoamericana nada nuevo aporta, al menos en cuanto a República Dominicana, para que los jueces sean diligentes, independientes, honrados y responsables y enmarquen sus decisiones dentro de las leyes. Lo que sí ha debido analizarse son las ataduras que impiden a los magistrados cumplir con preceptos elementales que norman sus funciones, para hacer confiable y eficiente la administración de justicia.
Porque con una estructura jerárquica en que el presidente de la Suprema Corte de Justicia juzga, administra, supervisa y opina sobre controversias públicas y sentencias, en su condición máximo representante del Poder Judicial, no hay garantías para tal independencia de los magistrados, con todo y que esté consagrada hasta en un código de ética.
Si en verdad se quiere una justicia más sana, aunque es innegable que es muchísimo lo que se ha avanzado, la Suprema Corte de Justicia tendría que reducirse a un tribunal para conocer única y exclusivamente sobre los asuntos que sean de su incumbencia. Los roles tienen que definirse, pues tal y como funciona el actual sistema hay jueces de tribunales inferiores que sin duda de ninguna índole se sienten intimidados por fallos que puedan entrar en contradicción con las opiniones de Subero Isa.
El problema no es de código ni tecnología, sino de capacidad, independencia, probidad y responsabilidad.
En las condiciones de qué sirve, por ejemplo, que se diga que el código de ética aprobado en la Décimo III Cumbre Judicial Iberoamericana, de la que el país fue sede, forma parte del proceso de fortalecimiento democrático del Poder Judicial. Y que ese instrumento incluya los deberes jurídicos y las conductas más significativas para la vida social y moral de los jueces.
Es verdad, como afirmó Subero Isa, que estos países son corroídos por la corrupción. Pero no es cierto que con el código de ética se da ejemplo alguno a la clase política, a menos que se proceda en consonancia con el desmonte del sistema de administración y supervisión del Poder Judicial.
En cuanto a la cumbre, aunque suene a más de lo mismo, es alentadora la determinación de luchar por un sistema judicial comprometido con los derechos humanos y la seguridad jurídica, en que las decisiones sean imparciales. Porque si algo ha habido en estos países es injusticias contra los infelices y protección para el delito de cuello blanco. Esa justicia igualitaria, que ha estado tan ausente en República Dominicana y el resto del continente, se presenta hoy como una necesidad imperiosa.
Pero no es para hacerse muchas ilusiones, porque estos países distan todavía mucho de naciones como Estados Unidos, donde un Presidente tuvo que renunciar de su cargo y los principales ejecutivos de la Enron no pudieron evadir ante los tribunales su responsabilidad en la quiebra de la empresa. Claro, en Estados Unidos cualquier incompetente no ejerce las funciones de juez ni tampoco éstos operan como radares captando señales desde esferas de poder.
