MÉXICO, 29 jun (IPS) – Este viernes cesó en México el bombardeo de propaganda, denuncias y descalificaciones que marcaron los seis meses de campañas para las elecciones generales de este domingo. Pero la pausa no durará mucho tiempo en el país azteca, donde se celebran comicios anualmente. Por ley, nadie puede hacer proselitismo político tres días antes de las elecciones presidenciales y legislativas. No obstante, en las calles permanecen intactos cientos de carteles, que desde postes, muros y otros lugares visibles exhiben las sonrientes fotos de los candidatos, igual que miles de volantes propagandísticos que desbordan los basureros.
Entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde del domingo, estarán abiertas en todo el país 130.500 urnas electorales, a las que podrán acudir los poco más de 70 millones de ciudadanos habilitados para elegir al sucesor del presidente Vicente Fox, renovar el Poder Legislativo y a docenas de alcaldes, inclusive el de la capital, y varios gobernadores.
Según coincidieron todas las encuestas sobre preferencias electorales, que por ley sólo pudieron difundirse hasta el pasado viernes, el nuevo mandatario, que asumirá en diciembre, podría ser Andrés López Obrador, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, o Felipe Calderón, del gobernante y conservador Partido Acción Nacional.
Aunque las elecciones del domingo son las más importantes de cada sexenio presidencial, México celebra cada año, en un calendario no unificado, otros comicios en los que algunos estados escogen alcaldes, legislaturas locales y gobernadores.
"Vivimos en una constante campaña. Incluso cuando asume el nuevo presidente los partidos ya están empezando a trazar sus estrategias para mantenerse en el gobierno o conquistarlo en la siguiente oportunidad", dijo a IPS el consultor político Alberto González.
Este hecho, junto al oneroso costo de las campañas –gran parte del cual es sufragado por los contribuyentes– la duración del proceso y la concentración de propaganda en cuñas de radio y televisión en las que priman los ataques a los adversarios, debe cambiarse a través de reformas legales, coinciden en señalar políticos y analistas.
Hay muchos elementos que podrían revisarse del actual sistema electoral, entre ellos evaluar si conviene a México continuar con el estilo "estadounidense" de campaña política centrada en propaganda mediática, señaló el presidente del independiente Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde.
Minutos después de que se cierren las urnas en la jornada comicial del domingo, que será la primera que se realiza sin que el Partido Revolucionario Institucional esté en el poder –tras gobernar entre 1929 y 2000– las empresas privadas y medios de comunicación informarán sobre los resultados de sus encuestas a boca de urna, es decir aquellas que se hacen entre los votantes tras haber ejercido su derecho al sufragio.
Luego intervendrá a través de la radio y la televisión el presidente del IFE, quien dará a conocer los resultados de un conteo rápido de 7.636 urnas representativas, cuyo resultado indicará "con seguridad plena" el ganador de la elección presidencial.
Pero si el conteo revela una diferencia entre los dos candidatos más votados de menos de uno por ciento, el IFE esperará hasta el miércoles 4 para emitir un veredicto final.
Un total de 913.000 ciudadanos previamente capacitados recibirán y contarán los votos en las elecciones del domingo, todo bajo la mirada de miles de delegados de partidos políticos y de observadores independientes y de medios de comunicación.
En las urnas, los electores deberán presentar su credencial oficial con fotografía, la cual debe coincidir con el padrón electoral, donde están las fotos de todos los ciudadanos y sus datos de edad y residencia. Tras votar detrás de una mampara, firmarán un registro, y su pulgar derecho será marcado con una tinta especial que es imposible de borrar en menos de 10 días.
Aunque al calor de las campañas, algunos políticos señalaron que podrían darse irregularidades en la jornada electoral e incluso hablaron de la posibilidad de un fraude, el IFE, los observadores extranjeros y la mayoría de candidatos descartaron totalmente esa posibilidad.
"No hay ninguna posibilidad de fraude. Ya quedaron atrás los años en los que en México podían suceder esas cosas", dijo Ugalde.
Durante los gobiernos del PRI fueron periódicas las denuncias de fraudes electorales.
El portugués Antonio Reis, jefe adjunto de una misión de la Unión Europea que llegó para observar las elecciones, declaró a IPS que "el sistema electoral mexicano es un de los más seguros y prestigiosos del mundo" y que un fraude es ahora "prácticamente imposible".
No obstante, en los últimos días se registraron denuncias entre partidos por presuntos actos de compra y coacción del voto, además de acusaciones contra diversas autoridades que habrían amenazado con suspender los programas sociales oficiales si no ganaba tal o cual candidato.
También se escucharon rumores de que el narcotráfico estaría inmiscuido en el proceso comicial y hubo varios hechos de violencia, aparentemente no relacionados con las agrupaciones partidarias, sino con la delincuencia común.
Además, en el sureño estado de Oaxaca, unos 70.000 profesores mantienen desde fines de mayo una huelga en demanda de mejores salarios, que podrían entorpecer los comicios.
Pero según el IFE, estos hechos no modificarán en nada las elecciones y tampoco alterarán los resultados.
Los sindicatos suspendieron la orden de huelga nacional que habían previsto realizar cuatro días antes de las elecciones. El cese de labores se planeó en demanda de mejores salarios y en rechazo a supuestas injerencias del gobierno en las organizaciones de los trabajadores de la minería.
Otro tanto hicieron los seguidores del insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), asentado en el meridional estado de Chiapas, quienes dejaron de hablar de la movilización que planificaban realizar el mismo domingo en la capital mexicana. Los simpatizantes del EZLN pretendían marchar para pedir la liberación de campesinos presos acusados de secuestro y de agresiones a la policía.