NUEVA YORK, 3 jul (IPS) – La costumbre del gobierno de George W. Bush de procurar sistemáticamente ampliar su poder en nombre de la "guerra contra el terror" quedó al desnudo una vez más, tras un histórico fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Ese alto tribunal falló el jueves 29 contra el procesamiento de los denominados "combatientes enemigos" en tribunales especiales ("comisiones") militares.
Bush alegaba que tenía, en su carácter de presidente, "derechos inherentes" previstos por la Constitución de su país para hacer "lo que sea necesario" en su tarea de proteger a los estadounidenses en tiempos de guerra.
En ese sentido, ha apelado sistemáticamente a la facultad de adjuntar a las leyes aprobadas por el Congreso legislativo, en el momento de su sanción, las denominadas "declaraciones firmadas" ("signing statements"), en las que indica cómo interpreta el Poder Ejecutivo la nueva norma y cómo será aplicada.
Eso le permite, en cierto modo, ignorar o modificar el espíritu y la letra de una ley tal como fue aprobada por el Congreso legislativo.
Bush también ha recurrido a los llamados "secretos de Estado", para evitar que ciertos casos embarazosos para el Poder Ejecutivo lleguen a los tribunales.
El presidente puede elaborar una declaración firmada para modificar o directamente anular una ley aprobada por el Congreso. Desde los inicios del Estado republicano, los presidentes han utilizado esa facultad con moderación, pero Bush la esgrimió con exceso en sus seis años de mandato.
Mientras, la invocación del secreto de Estado –figura según la cual la revelación de cierta información, durante un juicio, podría poner en riesgo la seguridad nacional– es otra táctica muy utilizada por el gobierno de Bush para evitar juicios vergonzosos en su contra.
Como muchas denuncias son realizadas por funcionarios que aducen la existencia de fraude, mala administración y otras prácticas ilegales, el gobierno se amparó en ese privilegio para silenciar a los demandantes.
Pero ahora hasta un miembro del gobernante Partido Republicano, el representante Christopher Shays, presentó un proyecto de ley que limitaría lo que él considera un abuso de la facultad de determinar un secreto de Estado.
Christopher Shays, quien procede de un distrito del estado de Connecticut de tradición demócrata, considera que se ha recurrido demasiadas veces a ese privilegio, sin una protección debida para la población.
A este legislador le preocupa especialmente que el secreto de Estado se utilice para bloquear demandas judiciales iniciadas a raíz de denuncias de funcionarios gubernamentales.
"Si los propios denunciados son los que recurren al secreto de Estado, las consecuencias no son buenas", señaló Shays, quien siempre ha estado a favor de limitar esa facultad.
La propuesta de Shays impediría la utilización del secreto de Estado en caso de que su determinación pudiera evitar la elevación de denuncias a los tribunales.
Si una investigación de un inspector general independiente respalda el conjunto de la acusación, el gobierno no podría desestimar una demanda al amparo de aquel privilegio.
En caso contrario, los tribunales fallarían automáticamente en favor del gobierno, sin discutir los detalles públicamente.
En aquellos casos en que no hubiera actuado un inspector general, el gobierno deberá explicar ante el Congreso la necesidad de recurrir al secreto de Estado, y demostrar que se hicieron esfuerzos por resolver el conflicto amigablemente.
El proyecto de ley de Shays fue considerado por el Comité de Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, y cuenta con el respaldo de republicanos y demócratas.
En base a un dictamen de la Corte Suprema de Justicia que se remonta a 1953, el secreto de Estado permite al Poder Ejecutivo declarar que ciertos documentos o asuntos no pueden ser hechos públicos ni revisados por ningún organismo estatal.
Los presidentes anteriores recurrieron muy pocas veces a esta opción. Pero el gobierno de Bush ya la utilizó 24 veces, más que cualquier otro gobierno, en un periodo de seis años.
En ese lapso, Bush recurrió a este privilegio casi la mitad de la veces que en el periodo que va desde 1953 a 2001, por el que pasaron ocho presidentes –los republicanos Dwaight Eisenhower, Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan y George W. Bush y los demócratas John Kennedy, Jimmy Carter y Bill Clinton– y durante el cual se utilizó 55 veces.
Antes se había empleado para evitar que ciertos documentos fueran de dominio público, pero hoy se trata de evitar juicios contra el gobierno.
Esta es una tendencia que preocupa a muchos, incluyendo a Shays.
"El gobierno ha argumentado que la 'guerra contra el terrorismo' da al presidente facultades ejecutivas unilaterales para, incluso, violar leyes penales. Cuando se lo cuestionó ante la justicia, alegó que los tribunales pueden pronunciarse porque la supuesta violación es parte de un 'secreto de Estado'", explicó a IPS David Cole, profesor de la Universidad de Georgetown y experto en derecho constitucional.
El gobierno ha utilizado ese privilegio, por ejemplo, en casos de secuestro y de abusos contra funcionarios que son testigos de actos ilegales de otros funcionarios.
Se utilizó, por ejemplo, para obligar a los tribunales a desestimar una denuncia presentada por un ciudadano alemán detenido en Afganistán durante cinco meses tras haber sido confundido con una persona sospechosa de terrorismo que tenía su mismo nombre, Khaled el-Masri.
El-Masri demandó al entonces jefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), George Tenet, y contra 10 funcionarios, no identificados, lo que puso en cuestión la práctica de ese organismo de secuestrar extranjeros, detenerlos e interrogarlos en prisiones secretas, fuera del territorio nacional. Los tribunales desacreditaron la demanda.
Otro caso que también involucra a la CIA es el de un canadiense, Maher Arar, quien demandó al gobierno por haberlo detenido en el aeropuerto John F. Kennedy, de Nueva York, cuando volvía de unas vacaciones en el norte de África, y haberlo enviado a Siria, donde estuvo preso y fue torturado. Allí estuvo 10 meses, antes de ser liberado sin cargos. Su demanda también fue desechada.
El Departamento (ministerio) de Justicia recurrió hace poco al secreto de Estado para pedirle a los tribunales que dejaran sin efecto tres demandas contra el programa de espionaje interno sin garantías para los ciudadanos investigados que lleva adelante la Agencia de Seguridad Nacional.
Uno de ellos fue presentado por la organización no gubernamental Electronic Frontier Foundation contra la compañía telefónica AT&T. Los otros dos, contra el gobierno federal, por las organizaciones Unión para las Libergades Civiles de Estados Unidos (ACLU) y el Centro para los Derechos Constitucionales.
El secreto de Estado también se utilizó para abortar un juicio entablado por Sibel Edmonds, ex traductor del Buró Federal de Investigaciones (FBI) destituido tras acusar a unos compañeros de trabajo de atentado a la seguridad y de demorar a propósito su trabajo.
Edmonds presentó cargos contra el Departamento de Justicia, pero fueron desechados después de que la oficina del fiscal general, titular de esa cartera, se amparó en el recurso del secreto de Estado.
La propuesta de Shays cuenta con el apoyo de legisladores de los dos partidos. Pero sus posibilidades de éxito en el Congreso aún no son claras.
Sin embargo, el Senado aprobó el mes pasado una norma que llena un vacío legal en la protección de los litigantes dejado por un dictamen de la Suprema Corte, que debilitaría sus derechos.
La cámara alta del Congreso aprobó la Ley de Protección a los Empleados Federales ante las Revelaciones, que daría mayores garantías a los funcionarios que denuncien irregularidades del gobierno.
En mayo, la Corte Suprema Corte que los empleados públicos que denuncien casos de corrupción o mala administración no están amparados por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión.
En una decisión que fue calificada de ambigua y confusa, ese alto tribunal sostuvo que "cuando los funcionarios realizan declaraciones de conformidad con los deberes que suponen sus funciones, no se están expresando como ciudadanos, a los efectos de la primera enmienda, y la Constitución no protege sus dichos del castigo del empleador".
Este dictamen obligó a los defensores de los denunciantes a apurar la iniciativa en el Senado para reforzar los recursos de protección.
Pero los denunciantes de las agencias gubernamentales, involucrados en asuntos de seguridad nacional, tienen muchas menos garantías, y han estado luchando para que se apruebe una normativa especial que contemple su situación. No han tenido suerte, por ahora. ( (FIN/2006)
