¿Consulta popular o Constituyente?… “‘porta a mí”

El presidente Leonel Fernández ha adelantado que convocaría a una consulta popular para discutir la cacareada modificación de la Constitución, sin explicar cuáles puntos de la Carta Magna serían modificados, en qué consistiría ese proceso, quiénes y cómo serían convocados y el peso que tendrían sus opiniones.
La posición del mandatario se contrapone a la propuesta de que sea una Constituyente el órgano que se encargue de modificar la vapuleada Constitución, para lo cual habría que hacer – según explican los expertos en derecho constitucional- una modificación previa para incluir esta figura jurídica y constitucional.
Pero ¿para qué modificar la Constitución y en qué beneficiaría a la población en sentido general? Si me hiciesen semejante pregunta diría que me he indiferente que se modifique o no la Constitución. Mejor prefiero que sea por consulta popular o plebiscito la decisión de explotar los terrenos de Bahía de las Aguilas o de otras zonas declaradas por ley áreas protegidas y/o reservas naturales.
Hubiese preferido que en nombre de atraer inversión extranjera, de la generación de divisas y empleos este o cualquier otro gobierno no impusiera, como se hizo, la explotación de la zona costera que está al frente de la Academia Naval de la Marina de Guerra sin por lo menos tomar en cuenta el sentir de la población, que al fin de cuenta es quien paga impuestos y es la dueña del erario público.
Prefiero que para adoptar las decisiones que a fin de cuenta incidirán en el futuro de las generaciones venideras, nuestros gobernantes toman en cuenta las opiniones de los demás.
Y es que no podemos seguir dejando en manos de políticos y gobernantes, cuyo accionar ha demostrado que responden a interés personales y grupales hasta prueba en contrario, el decidir sobre el destino que se dará a los recursos naturales.
Como muestra están la gran cantidad de ríos, arroyos y lagunas que en los últimos años se ha secado por la criminal e irresponsable extracción de material de sus lechos y la deforestación de sus cuencas, ante la mirada indiferente de las autoridades o la complicidad de las mismas.
Sin tomar en cuenta lo que opinaba la población, el anterior gobierno de Leonel Fernández, con el concurso de los principales partidos políticos, decidió privatizar los ingenios azucareros, condenando prácticamente a muerte a una de las más viejas y próspera industrias de la isla, y que ahora podría ser fundamental en la generación de combustible no fósil a partir de elementos tan insignificantes como los desechos de la caña.
Además, de poner en mano del sector privado un servicio tan vital y estratégico como el de la energía eléctrica en un negocio de “capa perro” y en el que resultó “más cara la sal que el chivo”, que si bien ha procurado cierta mejoría, sigue siendo la espina en el costado de los sectores productivos y una retranca a la inversión extranjera y la modernidad.
Consulta popular o Constituyente para legitimizar un sistema injusto, excluyente e indiferente a la profundización de la brecha entre ricos y pobres, que no ha sido capaz de resolver el impasse que impide la puesta en vigencia del régimen de seguridad social y en cambio se confabula con una oligarquía trasnochada y retrógrada.
Respaldaría, por la vía que fuese, la modificación de la Constitución si en la misma se incluyera la posibilidad de la población de decidir, a grandes rasgos, en qué y cómo invertir sus impuestos en lo que tiene que ver con el gasto social.
La apoyaría si dejáramos de ser simples borregos que cada dos años acuden a lo que el profesor Juan Bosch llamó el “matadero electoral”, para elegir candidatos impuestos por la fuerza del dinero, y no por su vocación de servicio comunitario y su entereza moral.
Consultar popular o Constituyente para hacer de la Constitución un sutil o descarado traje a la medida de grupos políticos y económicos, como siempre ha sido
¿Consulta popular o Constituyente? … “’porta a mí”.