YAMASA.- Unos 120 dirigentes de asociaciones de productores de cacao de este municipio celebraron una asamblea en la que se unieron al reclamo para que se elimine el pago de 200 pesos que cobra la Secretaría de Agricultura por cada quintal del grano que se produce en el país.-
El secretario general del Bloque de Cacaocultores de la zona, Cirilo Alcantara, tuvo el discurso central en la actividad y se mostró sorprendido porque las autoridades todavía mantienen el referido impuesto pese a que es ilegal, injusto y arbitrario.
"La sorpresa es aun mayor para los dirigentes cacaoteros ya que fue un impuesto
establecido por las autoridades del anterior gobierno en el periodo de transición, las mismas autoridades que hoy están sometidas a la justicia por el caso de los
invernaderos", explicó.
Agregó que el mantenimiento de ese impuesto administrativo contradice las predicas de transparencia y legalidad que hace el actual Gobierno.
Recordó que los fondos recaudados mediante el cobro compulsivo de los
doscientos pesos al quintal de cacao no van a las arcas del Estado sino a manos de dos compañías privadas, grandes exportadoras tradicionales del grano, las que de ese modo estarían cobrándose viejas deudas contraídas por algunos productores.
"Es insólito, increíble, que el Estado se preste para una injusticia tan grande como esta pese a que este impuesto conspira contra las leyes dominicanas y los convenios internacionales de libre comercio", puntualizó Alacantara.
"Se está penalizando"agregó- a las exportaciones nacionales y especialmente a
pequeños y medianos productores de cacao, la mayoría de los cuales ni siquiera conocen a las empresas que se benefician con los doscientos pesos que reciben por cada quintal del producto".
Recordó que CONACADO ha demostrado mediante documentos y razones la naturaleza corrupta y que predomino para la aprobación del referido impuesto y la complicidad de las anteriores autoridades y las grandes casas exportadoras para aprobar y establecer administrativamente dicho impuesto ilegal y abusivo.
La asamblea de asociaciones de productores de cacao se manifestó en contra de cualquier acuerdo que mantenga en vigencia este acuerdo y llamó al secretario de agricultura, Amilcar Romero, y al presidente Leonel Fernández e intervenir directamente para que se acabe con la ilegalidad y la injusticia denunciadas.
La medida, denominada irónicamente como "contribución voluntaria" fue adoptada por la Comisión Nacional de Cacao en mayo del 2004. Su aplicación desde entonces ha significado para los productores el pago de 350 millones de pesos, cuya devolución reclaman las asociaciones de cacaocultores.-
En el país existen cerca de 30 mil productores de cacao, el 90% de ellos son pequeños y residen en comunidades remotas en las que faltan escuelas, caminos vecinales, centros de salud y otros servicios básicos.
Cirilo Alcantara insistió en que lo correcto sería que el Estado invierta para mejorar las condiciones de los productores en vez de apadrinar impuestos injustos e ilegales como el denunciado.
"Necesitamos ver una muestra clara del interés del gobierno por institucionalizar y sanear la cosa publica. Esta es una gran oportunidad por el bien del país y de mas de 30 mil productores que sufren tan abusiva medida administrativa e ilega", dijo.