SANTO DOMINGO.-El vicepresidente Rafael Alburquerque dijo este miércoles que el apoyo del sector privado y las organizaciones de la sociedad civil es necesario para garantizar condiciones de vida mínimo a los grupos de extremas pobreza ya que esta no es una tarea exclusiva del gobierno.
Alburquerque emitió sus opiniones durante la celebración del seminario “Políticas Sociales Innovativas en la Región Latinoamericana: Experiencias y Perspectivas”, celebrado en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) con la asistencia del presidente Leonel Fernández.
En su exposición el vicepresidente aclaró que ello no implica que se descuidará aquellos segmentos de la población que por su condición de riesgo y vulnerabilidad podrían convertirse en pobres.
“Esta nueva política social debe ser admitida como una política de Estado, lo que implica una participación de todos los sectores nacionales para que ésta se conciba como una responsabilidad de la sociedad en su conjunto”, expresó el vicepresidente
“No es un problema exclusivo del Gobierno, es un problema en el que hay que involucrar a toda la sociedad civil y los propios beneficiarios de los programas en el control y supervisión de la política social”, agregó.
En el seminario expusieron Fernando Medina, Asesor Regional en Estadísticas Sociales de la Comisión Económica para América Latina (Cepal); Fabio Veras Soares, investigador del Centro Internacional de Estudios de Pobreza y del Instituto de Planificación Económica de Brasil y Ana María Fonseca, consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
ARTICULAR POLITICAS ECONOMICAS Y SOCIALES
Consideró que a los fines de reducir la pobreza se hace necesario la articulación entre la política económica y la política social así como incrementar la eficiencia del sector productivo
“No hay posibilidad de llevar a cabo una política social, si no hay un equilibrio macroeconómico, si no hay un crecimiento en la macroeconomía que promueva la generación de empleos”, señaló.
Manifestó que es necesaria también la implementación de programas que incrementen la eficiencia de los recursos del sector productivo, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la mano de obra, dijo.
El coordinador del Gabinete Social se refirió en el seminario a la baja efectividad del gasto social y el hecho de que el desarrollo humano no ha sido proporcional al crecimiento económico que el país ha registrado en los últimos 50 años.
Recordó que por efecto de la crisis económica generada en la anterior administración de gobierno, el número de pobres se incrementó sustancialmente.
Entiende que los programas contra la pobreza deben concebirse de acuerdo a la realidad de cada sector por que más que económico, la pobreza es un fenómeno que implica otros factores y que se trasmite generacionalmente.
“Todo esto requiere entonces una nueva política social en la cual la pobreza se concibe como un fenómeno no solamente económico, sino multidimensional que se reproduce de una generación a otra y la quiebra de esta reproducción generacional obliga a programas dirigidos a diferentes grupos sectoriales”, dijo Alburquerque.
INTEGRAR RECURSOS Y MAS EFICIENCIAS
Expuso que uno de los objetivos de la nueva política social es integrar los recursos que se destinan a los programas sociales a fin de hacer más efectiva su ejecución y facilitar que los hogares más vulnerables tengan acceso a oportunidades similares al del resto de la población.
Dijo que se hará énfasis en la eficiencia para mejorar el diseño, ejecución y supervisión de estos planes sociales, buscando sus consistencias, a fin de que los programas no sólo sean compatibles con los derechos básicos del ser humano, sino también con las metas sociales establecidas dentro de Los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas.
Planteó, igualmente, que se fomente la creación de mecanismos de supervisión y seguimiento para medir el impacto en la población de los programas sociales.
Según Alburquerque en la actualidad unas 220, 000 familias se benefician de los programas sociales del Gobierno a través de la tarjeta “Solidaridad”. Uno de los componentes del programa beneficia a familias pobres para adquirir alimentos en colmados por un valor mensual de 550 pesos.
Se dijo que las familias pobres que envían sus hijos a la escuela reciben un beneficio económico adicional mensual. Recientemente el Gabinete Social acordó con la Secretaría de Educación aumentar los beneficiarios de la Tarjeta Escolar.
