Los abogados del Grupo Puntacana de los que son accionistas el cantante Julio Iglesias y al modisto Oscar de la Renta consideraron cuestionable porque busca escandalizar la citación que le hicieron en un tribunal de la República Dominicana a ambas personalidades del arte y la moda, reseña el Nuevo Herald.
Dijeron que la demanda de reparación por daños y perjuicios presentada por abogados de la firma Hernández y Hernández contra el Grupo Puntacana en un tribunal de República Dominicana, es una cuestionable estrategia para ''escandalizar'' y forzar una negociación en un litigio judicial sobre la propiedad de unos terrenos.
El grupo fue demandado civilmente por abogados que exigen una millonaria indemnización con el argumento de que no han podido disfrutar tranquilamente de la propiedad de los terrenos por el continuo hostigamiento legal y físico de los representantes de ese consorcio empresarial turístico.
Iglesias, de la Renta, el filántropo de Nueva York Ted Kheel y el inversionista dominicano Frank Rainieri son miembros del consejo de directores del Grupo Puntacana.
Todos ellos fueron citados a una audiencia ayer en el marco de la demanda de reparación por daños y perjuicios presentada por abogados de la firma Hernández y Hernández entre quienes se encuentra el fiscal del Distrito Nacional de Dominicana José Manuel Hernández.
Los personajes no acudieron a la audiencia. Por parte del Grupo Puntacana solo lo hizo Rainieri, presidente del consorcio. En la misma, el juez del caso, William Garavito, presentó una propuesta de conciliación.
De acuerdo con un comunicado de prensa del Grupo Puntacana, los abogados del consorcio sostuvieron que los miembros del consejo directivo no quedan comprometidos cuando la sociedad acude a los tribunales para defenderse, porque considera que sus derechos están amenazados.
Al ''atacar la honra de estas personas'', manifiestan los abogados del Grupo, los Hernández creen que "forzarán una negociación.
Agregaron los abogados de la empresa que ya se han producido seis sentencias de diferentes instancias, contrarias a las iniciativas del fiscal.
Los terrenos en disputa fueron entregados por el Grupo Puntacana a los Hernández como parte de pago por gestiones de desalojo que los abogados habían realizado en propiedades aledañas.
El Grupo alega que la propiedad ocupada por los hermanos Hernández "no figuraba en las tierras desalojadas ni se correspondía con la cláusula contractual sobre la ubicación de los terrenos''.
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