MÉXICO, (IPS) – El izquierdista Andrés López Obrador, que disputa en tribunales el resultado de los comicios presidenciales, sostuvo que si se realizara el conteo voto por voto frenaría la movilización social, en tanto se multiplican las voces que piden reformas para que en las próximas elecciones se habilite la segunda vuelta. El candidato Felipe Calderón, del gobernante y conservador Partido Acción Nacional (PAN) y quien obtuvo una ventaja de 0,58 por ciento de los sufragios frente a López Obrador según el cómputo oficial, hizo este viernes un llamado a la paz social y pidió a su adversario que acatara el fallo del Tribunal Electoral.
En una entrevista en una radio local, López Obrador insistió en que el proceso comicial tuvo vicios y puso en duda la objetividad del Instituto Federal Electoral, que sigue operando ilegalmente para consolidar el triunfo de su adversario al ordenar la apertura de urnas a pesar de que éstas se encuentran bajo resguardo del ejército, dijo.
El candidato de la coalición de izquierda encabezada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y los minoritarios del Trabajo y Convergencia, afirmó que aceparía el resultado del conteo voto por voto, "si me es adverso lo acepto, aunque con la convicción de que yo gané", añadió.
López Obrador sostuvo que volver a realizar el conteo de los sufragios "va a serenar a todos, incluso a los que apoyan a Calderón".
El izquierdista insistió en que la elección del 2 de julio fue "fraudulenta de principio a fin", por ello es necesario despejar el velo de la sospecha, y si el tribunal acepta un nuevo cómputo general, se comprometió a no realizar más movilizaciones sociales, ya que "sería contradictorio" pues, sostuvo, "no somos rebeldes sin causa".
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, responsable de ratificar el resultado de los comicios y de entender en las impugnaciones de los partidos políticos, enfrenta por primera vez en su historia de dos décadas un proceso tan cerrado en el que una de las partes insiste en que se cometió fraude y exige un nuevo conteo de sufragios.
Este tribunal tiene como plazo hasta el 31 de agosto para desahogar las controversias y hasta el 6 de septiembre para calificar la elección y entregar la constancia de ganador al nuevo presidente.
Para el analista político Lorenzo Meyer, la prueba máxima para el tribunal electoral es la calificación de esta contienda.
"Nunca lo hemos probado, pues la prueba máxima apenas le llega hoy", añadió, al tiempo de alertar sobre posibles fisuras "dentro de esa estructura".
Meyer hizo un llamado a los siete magistrados para que actúen con sensibilidad y que cuando emitan resolución, ésta, "además de ser legalmente aceptable", se apegue a la tensa realidad que vive el país y "apague las varias mechas que ya están" encendidas.
Mientras, la Presidencia de México admitió este viernes a través de su portavoz, Rubén Aguilar, que "para dar más legitimidad al vencedor" de la contienda presidencial, se requieren reformas electorales más avanzadas, cuyo impulso quedará a cargo de la próxima administración.
Aguilar recordó que tres días antes de los comicios, el presidente Vicente Fox dijo al diario francés Le Figaro: "Sugiero que se introduzca una segunda vuelta en el escrutinio presidencial, para dar más legitimidad al ganador".
A esta sugerencia se sumó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), una organización de empresarios y consultores que hacen observaciones sobre el desarrollo de la economía y las políticas públicas.
Según Marco Antonio Cerón, presidente del IMEF, el próximo presidente del país llegará debilitado debido a que 65 por ciento de los votantes no estuvo de acuerdo en sus propuestas de campaña.
Respecto de la segunda vuelta, Cerón estimó que esto "le daría certeza a la elección", sobre todo evitaría posibles crisis como la que puede generar la actual disputa en tribunales y las movilizaciones convocadas por López Obrador, a las que calificó de ilegales.
El sábado pasado, López Obrador encabezó una concentración en el Zócalo, principal plaza de la capital, y anunció movilizaciones en todo el país para observar los hechos en los 300 distritos electorales.
A las movilizaciones convocadas por el izquierdista se han adherido representantes de varios sindicatos y organizaciones civiles, entre los que se encuentran trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y la Central Campesina Cardenista, entre otras.
Estos sectores emplazaron al Tribunal Electoral a reconocer el triunfo de López Obrador, y amenazaron con realizar movilizaciones y llegar inclusive a la resistencia civil o a una huelga nacional.
La postura de estos líderes no es compartida por otras centrales que aglutinan a grandes sindicatos, como la Unión Nacional de Trabajadores, a la que están afiliados los telefonistas y electricistas, entre otros.
El gobierno federal hizo un llamado a las organizaciones obreras que prometieron a que respetaran a las instituciones. "El chantaje en ningún caso debe tener lugar", dijo la Presidencia.
Mientras, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó durante siete décadas al país hasta 2000 y el gran perdedor en la contienda del 2 de julio, comenzó a cobrar facturas a militantes que enfrentaron a su candidato presidencial Roberto Madrazo.
El jueves, la dirección del PRI notificó la expulsión de Elba Esther Gordillo, ex coordinadora parlamentaria de los diputados y adversaria política de Madrazo que parece haber operado a favor del candidato del PAN.
Gordillo, dirigente del poderoso sindicato de maestros, militó durante 35 años en el PRI. En el mitin encabezado por López Obrador el pasado fin de semana, se reveló una conversación telefónica en la que Gordillo hablaba con gobernadores del PRI para que apoyaran la candidatura del oficialista Felipe
