SANTIAGO, (IPS) – ¿Qué factores impiden a las mujeres acceder al Poder Legislativo? ¿Cómo han funcionado las leyes de cuotas en América Latina? ¿Qué tan cerca está Chile de aprobar una norma de ese tipo para aumentar su todavía bajo porcentaje de representación femenina en el parlamento? Las leyes de cuotas, o acciones positivas que contrarrestan los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a cargos de decisión bien sea del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, consisten en fijar un porcentaje o número mínimo de representación femenina, ya sea en los puestos de designación del gobierno, o bien en las listas electorales de los partidos políticos.
"En general, en América Latina las cuotas han funcionado bien, ya que han acelerado significativamente la presencia de las mujeres en el Poder Legislativo, especialmente cuando se trata de leyes bien pensadas", dijo a IPS Marcela Ríos, una de las autoras del estudio "Cuotas de Género: Democracia y Representación", publicado en junio por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), con apoyo del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.
Las estadísticas así lo confirman. En aquellos países de la región donde se han aprobado leyes de cuotas para el parlamento, las mujeres ocupan en promedio 20,3 por ciento del total de los asientos de los parlamentos, mientras que en los que no cuentan con iniciativas de este tipo sólo detentan 13,7 por ciento.
Este mecanismo es altamente valorado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la cual estima que de no aplicarse cuotas de género en los países de América Latina, habría que esperar hasta el año 2052 para que las mujeres ocuparan apenas 40 por ciento de los escaños parlamentarios.
Los sistemas de cuotas de género pueden crearse por la vía constitucional, legislativa o por iniciativa de los propios partidos políticos y "se sustentan en la visión que las condiciones sociales, por sí solas, no solucionan las desigualdades existentes en una sociedad", por lo que el Estado debe intervenir a través de la generación de "acciones positivas".
Actualmente, 50 países han adoptado leyes de este tipo en el mundo, 11 de ellos en América Latina y el Caribe, con cuotas que oscilan entre 20 y 40 por ciento.
Argentina fue el primer país de la región en aprobar este sistema para el Poder Legislativo, al fijar un porcentaje de 30 por ciento tanto para la cámara baja como para el Senado.
Le siguieron Costa Rica, México y Paraguay en 1996, Bolivia, Ecuador, Brasil, Panamá, Perú y República Dominicana en 1997, Venezuela en 1998 (aunque después prescindió de este mecanismo), y finalmente, Honduras en el año 2000.
Colombia es el único país con una ley de cuotas para el Poder Ejecutivo, el cual establece una proporción de 30 por ciento de mujeres en los altos cargos de decisión de todos los organismos del Estado.
Al analizar 18 países de la región, 11 con leyes de cuotas y siete sin este mecanismo, Flacso constató que en los primeros, la presencia de las mujeres en los respectivos parlamentos creció en 9,5 puntos porcentuales entre 1995 y 2004, mientras que en los segundos lo hizo sólo en 2,9 puntos.
Sin embargo, estas leyes no aseguran por sí solas un aumento de la participación política de las mujeres, continúa el estudio. La efectividad de la "cuota" implementada depende de la naturaleza del sistema electoral de cada país y de la dinámica de los partidos, los cuales actúan como "porteros" en los procesos electorales.
Las leyes de cuotas logran su máxima eficiencia en los sistemas de representación proporcional, que utilizan listas cerradas, y cuando la ley exige que las mujeres ocupen los primeros renglones, de manera que tengan posibilidades reales de resultar electas.
Estos factores explican el gran éxito obtenido en el crecimiento de la representación femenina entre 1995 y 2004 en el parlamento bicameral argentino, con 28 por ciento, y en el Congreso legislativo costarricense con 19,5 por ciento.
En tanto que el impacto del mecanismo es menor en Ecuador, México, Panamá, Bolivia y Perú, donde la representación femenina parlamentaria creció entre siete y 15 por ciento.
República Dominicana, por su parte, muestra un "bajo" 5,6 por ciento de incremento del número de parlamentarias, mientras que Brasil y Honduras han obtenido hasta ahora "nulos" resultados, manteniéndose por debajo del promedio mundial (16,6 por ciento).
A juicio de los investigadores, la realidad de Brasil "ofrece una evidencia dramática de la necesidad de redactar este tipo de leyes con sumo cuidado", que incluyan mecanismos de sanción ante el incumplimiento.
En Chile, la representación de las mujeres en el Congreso (12,6 por ciento) está por debajo del promedio mundial.
"Hoy en día no existe igualdad de competencia para ingresar al parlamento chileno" debido al sistema electoral que rige en el país, y al comportamiento de los partidos políticos, que no cuentan con incentivos para incluir a un número mayor de mujeres, aseguró Ríos.
A pesar de que el procedimiento electoral utilizado en este país es considerado proporcional, las listas son abiertas y la baja representación por distritos (con dos escaños por cada uno) dificulta el acceso de la población femenina.
Aunque el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet incluye una propuesta de ley de cuotas, las críticas a tal propuesta han llevado al Poder Ejecutivo a pensar en otras alternativas, tales como la promulgación de protocolos por parte de los partidos políticos, en los que se comprometan a incluir a más candidatas, comentó a IPS Laura Albornoz, ministra del Servicio Nacional de la Mujer.
Bachelet formó un gabinete paritario, con igual proporción de hombres y mujeres.
"La mitad de la población chilena no tiene acceso a los lugares donde se toman las decisiones del país, y el origen de este problema es la tradicional segregación de la mujer al ámbito doméstico. Por eso, como gobierno, estamos analizando distintos mecanismos para revertir esta situación", explicó Albornoz.
En estos momentos, gracias a un proyecto de reforma constitucional presentado por el gobierno hace un mes al Congreso, se discute la modificación del sistema electoral chileno. Esta moción ya incluye la creación de un incentivo financiero para que los partidos políticos incluyan más candidatas en sus listas.
Pero la aprobación de ésta y otras medidas todavía está en entredicho. En una encuesta realizada por la Corporación Humanas a 111 diputados y diputadas, donde se les consultó si estaban de acuerdo con una ley que garantizara la presencia de mujeres en el Congreso, las y los representantes del ultraderechista partido Unión Demócrata Independiente (UDI) se manifestaron 84,8 por ciento en contra.
En la coalición de gobierno tampoco hay apoyo absoluto. Solamente 52, 4 por ciento de los congresistas del Partido Demócrata Cristiano se mostraron a favor.
"Nosotros creemos que la discusión se está partiendo de atrás para adelante. Antes de legislar acerca de una ley de cuotas, que privilegiaría a una elite del país, se debería poner atención a las reales condiciones que no permiten que las mujeres entren a la política", dijo a IPS Karla Rubilar, diputada de Renovación Nacional (RN), partido de derecha liberal.
Rubilar, cuya colectividad se ha manifestado públicamente en contra de esta ley, plantea que los partidos no discriminan a las mujeres, sino que son ellas quienes no desean postularse, inhibidas por una actividad que requiere de "un alto nivel de sacrificio personal", con reuniones hasta muy tarde, además de trabajo los fines de semana y días festivos.
Una postura similar tiene el ex candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, quien señaló en una columna de opinión publicada en el diario El Mercurio que la participación política no es un tema prioritario para las mujeres chilenas, dado que ellas tienen problemas más serios, como el acceso al mercado laboral, la desigualdad de sueldos y la violencia intrafamiliar.
Ninguno de estos temas es excluyente, responde la investigadora de Flacso, para quien existe gran ignorancia acerca de las leyes de cuotas y de los resultados que se han obtenido en los países que las han implementado, lo que se suma a la "resistencia por parte de algunos sectores a cambiar las reglas del juego".
La secretaria nacional de RN y ex diputada Lily Pérez advirtió en una entrevista que las cuotas "generan una situación de menoscabo para la mujer", dado que colocarían en tela de juicio sus capacidades. Pérez puso como ejemplo la elección de Bachelet, quien habría triunfado gracias a sus "méritos, trabajo, reconocimiento y preparación" individual.
No obstante, Ríos aspira a que durante la actual administración se apruebe una ley de este tipo, "porque es un mecanismo probado en otros países, que resuelve rápida y efectivamente el problema de la baja representación de las mujeres en los cargos de elección popular", apuntó.
En tanto que Albornoz confirmó que se trata de una de las prioridades del actual gobierno, que finaliza en 2010. (FIN/2006)
