SANTO DOMINGO.- En medio del espanto ciudadano por el aude la delincuencia, el Gobierno ha querido desmistificar que el país está ante una oleada de delitos nunca vista como afirman la Iglesia Católica y otros sectores, señalando que en lo que va de año ha disminuido el índice de muertes violentas. Precisamente este martes, los obispos católicos dominicanos expresaron su "inquietud" por el auge de la violencia que afecta al país y pidieron a las autoridades evitar la impunidad en estos casos.
"El delito y la violencia no pueden quedar sin su correspondiente castigo", afirmaron los religiosos en un mensaje leído a la prensa por el presidente de la Conferencia del Episcopado dominicano, monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ) que tambiérn este martes rindió su informe evaluativo del Código Procesal Penal rechazó la existencia del áuge como lo establece la Iglesia Católica.
En el informe se establece que la ocurrencia de homicidios y otras muertes violentas han disminuido con relación al año pasado, cuando se registraron mil 51 casos, mientras que en este año sólo han acaecido 922 casos de la misma naturaleza.
Durante una rueda de prensa en el Salón Hermanas Mirabal del Palacio Nacional, los miembros de la CONAEJ, conformado por su presidente, César Pina Toribio, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito; los presidentes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados; Teodoro Urcino Reyes; de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa y la Directora de la Escuela Nacional del Ministerio Público, Aura Celeste Fernández, descartaron que el aumento de la criminalidad tenga que ver con la aplicación del nuevo reglamento legal.
Señalaron que contrario a las diferentes opiniones, la capacidad de resolución de los casos de los tribunales han aumentado y que si alguien tiene la percepción de que el nuevo código ha significado más impunidad, refirieron a los oponentes de la nueva reglamentación a verificar las estadísticas sobre sentencias definitivas, las cuales muestran más el 68 por ciento de los veredictos rendidos al amparo del Código Procesal Penal.
Aseguraron que no son justos quienes culpan al nuevo Código de las desgracias sociales vinculadas a la criminalidad.
“Tanto el análisis sociológico como las estadísticas sobre muertes violentas y sobre procedimiento de casos bajo el nuevo Código Procesal Penal, descartan que la entrada en vigencia del Código Procesal Penal haya sido la causante de un aumento de la criminalidad en el país”, precisaron los miembros de la Comisión de Reforma Procesal Penal.
Explicaron que en primer lugar, las leyes procesales entran en juego después de la ocurrencia de un hecho punible y que la criminalidad responde a otros factores de diversa índole y en segundo lugar, destacan que después de la implementación del Código Procesal Penal el número de homicidios, así como las muertes violentas han disminuido en el país.
En un tercer punto, los comisionados enfatizaron que la capacidad de producir condenas del sistema penal es de 10 a un 15 por ciento con el antiguo Código de Procedimiento Criminal, mientras que con el nuevo han pasado a un 68 por ciento, lo que demuestra la eficacia de la herramienta contra el crimen y la impunidad.
“Quienes estamos llamados a interactuar en el ámbito institucional, no podemos olvidar que la función de la ley es la de limitar el abuso de poder. No podemos dejar que los logros de una justicia más democrática y humana queden empañados por las connivencias, incompetencia o la brutalidad de uno que otro operador del sistema, tenemos el compromiso de crear las condiciones para aplicar los contenidos de las reformas legales”, aseguraron los ejecutivos de la CONAEJ.
Reafirmaron su decisión de apoyar el fortalecimiento que actualmente experimentan las instituciones del Estado para cumplir con eficiencia sus roles.
Los miembros de la Comisión de Reforma Procesal Penal aseguraron que el compromiso asumido desde el Gobierno, coordinado a través de esta entidad, es claro, preciso y contundente de que está dando respuesta.
En el encuentro con la prensa también participaron el comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, el director de la Escuela Nacional Penitenciaria, Roberto Santana, el presidente del Colegio de Abogados, representantes del Dialogo Nacional, de la Fundación Institucionalidad y Justicia y de la Policía Nacional, entre otras instituciones que tienen que ver con el procedimiento jurídico.
