SAN FRANCISCO DE MACORIS.- El Ministerio Público y los abogados querellantes en el caso del rockash de Arroyo Barril (Samaná) pidieron este miércoles al Tribunal colegiado de San Francisco de Macorís que los acusados de dejar entrar el material al país sean condenados a prisión y al pago de una indemnización más las costas civiles y penales del proceso. Durante una jornada de casi diez horas, en la que estuvo presente hasta el final el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Max Puig, acompañado por el subsecretario de Recursos Forestales Miguel Abreu y otros funcionarios de la institución, las tres juezas escucharon las peticiones y conclusiones de la barra de la defensa, de los actores civiles y del ministerio púnblico.
Para René Ledesma, ex subsecretario de Medio Ambiente, el ministerio público pidió tres años de prisión, una multa de 10 mil salarios mínimos vigentes en el sector público y el pago de una indemnización económica equivalente a RD$100 millones de pesos para reparar, en la medida posible, la zona de Arroyo Barril, Samaná, donde fueron depositadas las cenizas.
Los abogados de los querellantes de la parte civil se adhirieron al petitorio del Ministerio Público y pidieron que se declarara culpable a Ledesma, por violación de la Ley 64-00, de la 218-84, de la Convención de Basilea y por disposición del Artículo 1 del Código Procesal Penal (Ley 76-02).
Para Arsenio Borges, ex director de Autoridad Portuaria, el Ministerio Público pidió un año de prisión, multa de cinco mil salarios mínimos vigentes en el sector público y el pago de indemnización equivalente a RD$25 millones para reparar el área afectada.
El Ministerio Público pidió además al tribunal colegiado condenar a los acusados a asumir el costo del traslado del rockash, posición que había sido manifestada previamente por el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Max Puig, quien entiende que no debe ser el pueblo dominicano el que asuma los costos que genera el traslado del rockash. El tribunal colegiado, presidido por la magistrada Saturnina Rojas, aplazó para hoy jueves a partir de las 9:30 de la mañana la que puede ser la última sesión, ya que el juicio se encuentra en su fase final, a la espera de las deliberaciones de las juezas.
El rockash fue depositado en los muelles de Arroyo Barril en Samaná y Manzanillo en Montecristi durante la pasada gestión, acción de la cual se desligó el pasado secretario de Medio Ambiente, Frank Moya Pons, quien señaló en el juicio que se enteró en marzo del 2004 a través de una publicación de un periódico de circulación nacional.
El juicio fue trasladado a San Francisco de Macorís a petición de la barra de la defensa, que alegó falta de seguridad para los imputados en la jurisdicción de Samaná.
Posición de los peritos
Los técnicos Franklin Reyes, Conrado de Prats, Luis Carvajal y Eleuterio Martínez, quienes rindieron un informe sobre el rockash a raíz de una petición del Senado de la República, depusieron en su calidad de peritos del Ministerio Público y presentaron las pruebas que avalaban la peligrosidad de los metales que componen el rockash, debido a su condición de bioacumuladores para los organismos pertenecientes a los ecosistemas donde fueron depositadas las cenizas.
Eleuterio Martínez, perito designado por el Senado de la República para elaborar un reporte técnico sobre el impacto ambiental del rockash vertido en la zona de Arroyo Barril, Samaná, expuso las conclusiones extraídas de ese reporte y aseveró que el mayor daño producto de esta acción se verificará en el largo plazo, con el riesgo de que la zona pueda convertirse en un "cementerio marino", debido a la acumulación de metales pesados en los organismos vivos que forman los ecosistemas costero-marinos.
Martínez señaló que la diversidad de los ecosistemas con diferentes grados de sensibilidad es lo que determina la fragilidad del área donde fueron depositadas estas cenizas, cuya biodiversidad se ve afectada por el rockash.
