Podríamos tener una idea de las fiestas y los eventos artísticos cancelados, de los negocios bajo amenaza de quiebra, de los puestos de trabajo que consecuentemente se podrían perder, y de la grave amenaza contra la imagen del turismo dominicano, pero no sabemos cuantos delincuentes han salido de circulación o han cambiado de oficio. Uno de los principales costos del plan de seguridad iniciado por el Gobierno es el riesgo de proyectar hacia el exterior la imagen de un país en virtual “Estado de Sitio”, donde no existen las condiciones adecuadas para disfrutar la alegría y la hospitalidad que tradicionalmente ha ofertado el producto turístico dominicano.
Más de dos mil personas detenidas, calles y comunidades militarizadas, suspensión casi total de los espectáculos y las actividades nocturnas, y amenaza contra la estabilidad de la industria turística, aparecen, según los reportes periodísticos, entre los principales resultados de los primeros días de vigencia del plan de seguridad puesto en marcha por el Gobierno en todo el territorio nacional. La puesta en cintura de “los colmadones” parece ser la más relevante y aplaudida conquista del plan de seguridad.
Las autoridades han mostrado la tendencia a presentar como logro de estas operaciones el apresamiento de cientos de ciudadanos etiquetados como sospechosos, muchos de ellos por no portar sus documentos de identidad. Pero hasta ahora no se ha presentado una lista de los delincuentes o presuntos delincuentes detenidos, lo que motiva la razonable sospecha de que la mayoría de los apresados podrían ser ciudadanos ordinarios, trabajadores o estudiantes que probablemente ejercían el derecho de transitar por nuestras calles y carreteras.
Mientras tanto, en la ciudad de Barahona donde el operativo policíaco-militar se inició con gran aparatosidad, que implicó un saldo de cientos de detenidos en las primeras 24 horas, se han cometido tres atracos en las mismas narices –o en la retaguardia- de los uniformados, poniendo en entredicho la efectividad de la campaña tipo redada aplicada en la fase inicial del programa.
No resultaría muy arriesgado especular que la acción masiva de las autoridades, que convierte en sospechoso a todo el que anda en la calle en horas de la noche, podría, inclusive, crear condiciones favorables para la comisión de delitos selectivos, ya que la ausencia de acciones focalizadas crea el espacio apropiado para que los antisociales planifiquen y ejecuten sus actividades con mayor libertad.
La ecuación es muy sencilla: mientras más esfuerzos invierten las autoridades en perseguir a los presuntos malhechores entre todo el universo ciudadano, menos acciones inteligentes y especificas pueden desarrollar en contra de los que ya tienen un perfil delictuoso.
De manera, pues, que el país ya está registrando los efectos negativos derivados del plan de seguridad, pero no está nada claro cuales son los beneficios tangibles producidos, con excepción de algunas medidas de orden público que podrían ser aplicadas con simples resoluciones municipales, como el control de horario de algunos negocios.
El despliegue de personal militar en las calles, portando armas de guerra y sometiendo a los ciudadanos a detenciones y requisas improvisadas, en lugar de crear un ambiente psicológico de seguridad, genera un efecto contrario, ya que los militares tienen una formación eminentemente autoritaria y no están entrenados para interactuar y entenderse con la población civil. Más que confianza, el sentimiento dominante en la población dominicana es de recogimiento, inducido por el respeto y el temor que inspiran, como históricamente ha inspirado, el patrullaje militar.
En medio de este nebuloso panorama, hay que cuestionar seriamente hasta cuando podría sostenerse lo que parece ser un “Estado de excepción”, que proyecta una imagen del país absolutamente divorciada de su estrategia de promoción turística, y que tampoco garantiza un real control de los factores que propician la delincuencia en todas sus expresiones.
El Gobierno debería estarse preparando para dejar sin efecto, como ha debido hacer en otras oportunidades, una medida que, independientemente de sus buenas intenciones, parece resultar insostenible por la desproporcionada relación entre el alto costo que implica y el escaso beneficio que aporta.
Pero mucho ojo. No se trata de renunciar, sino de reorientar el propósito, haciendo énfasis en el fortalecimiento de la Policía y en el desarrollo de actividades concertadas con diversas instancias del Estado y la sociedad, incluyendo los ayuntamientos, el sector empresarial, las juntas de vecinos y otras organizaciones sociales con reconocida preocupación por la problemática de la violencia y la inseguridad ciudadana.