Parece que nadie en el Gobierno advierte en el enredo en que la actual administración está metida con eso de los contratos enviados al congreso nacional y que allí fueron aprobados de forma vergonzante.
Lo peor, a partir de los comentarios que se escuchan en las calles, no es que se hayan enviados y aprobados los mismos, pues lo único que confirma este acto es la recurrencia a práctica corrupta desde el Poder que tienen nuestros políticos.
Tampoco sorprende que la iniciativa haya sido aprobada en una acción tripartita, porque la historia política de estos años nos dice que la burocracia partidaria se han coaligado para llevar a cabo este tipo de negocios, asegurándole legitimidad desde las instancias del poder bajo su control, y cuando no, la impunidad, o sea que no serán sancionados por la Justicia.
Uno sospecha que estos escándalos generados por la Isla Artificial, el contrato con la compañía que sustituye las funciones de Bienes Nacionales y el préstamo de la empresa The Sun Land, son insignificancia frente a otros jugosos negocios que han estado haciendo esos grupos desde el Poder que controlan.
Lo que sí uno no había visto es la ocurrencia de la cadena de irresponsabilidades que desde el mismo Palacio Nacional y desde el Congreso se ha exhibido en estos casos. El país está viendo un show que es propio de adolescentes, que al detectarse que alguien se comió la comida en un hogar reservada a una visita, nadie asume la responsabilidad del hecho.
La diferencia es que en este caso no se trata de adolescentes, sino de hombres con funciones públicas, que con su actitud han reconocido que han actuado en contra del interés nacional y ahora nadie quiere cargar con la responsabilidad del acto. Es peor porque las personas envueltas son de largas trayectorias en la sociedad dominicana y lo que menos se esperaba era verlos “gagueando” y evadiendo dar explicaciones.
La gente en la calle no es tonta y ha sabido ubicar muy bien que el primer responsable de estos escándalos es el Gobierno, la gente de Palacio Nacional, sin cuya iniciativa de enviar esos contratos al Congreso no hubiesen sido aprobados.
Y es mayor la responsabilidad, porque si de algo se asegura un Gobierno cuando tiene “contradicciones” con el Congreso, es que los proyectos que envíe les sean aprobados. La sospecha es que se enviaron los proyectos al legislativo para aprovechar a los congresistas desesperados y que al saber que se van, están dispuestos a hacer “su zafra” antes del 16 de agosto.
En el caso de ENADE está clara la burla, tenía ocho meses cobrando, aunque sus ejecutivos aseguran que ellos lo que han hecho es invertir más de 100 millones de pesos a favor de Bienes Nacionales.
El tartamudeo aquí ha sido proverbial. El administrador dijo en el programa de televisión Hoy Mismo que el contrato estaba suspendido con ENADE, a raíz del rechazo del Senado, y luego habría dicho a un periodista que no quiso decir eso y que fue mal interpretado.
En el caso del Préstamo con la Sun Land está clarísimo. Fue enviado sin licitación al Congreso Nacional. Luego, el Comunicado de la empresa extranjera, las declaraciones del secretario de Interior, Franklin Almeyda y sus contradicciones con el jefe de la Policía mayor general Bernardo Santana Páez, y la del propio secretario de Finanzas, Vicente Bengoa, son confecciones que no necesitan análisis para saber qué ha pasado ahí.
Lo novedoso fue que se designó una comisión para investigar el caso, creada nada más y nada menos que por Almeyda y Bengoa.
Y en cuanto a la Isla Artificial es donde el show ha estado dando vergüenza. En Palacio nadie sabe cómo diablo salió el proyecto y cómo llegó al Congreso Nacional. Es como si allí nadie gobernara, o estuvieran asechándose uno a otro. Ponen a rodar la versión de que al consultor César Pina Toribio lo engañaron, y de paso el mismo rumor sindica a Eduardo Selman, que mantiene un silencio como diciendo que es verdad, como el funcionario que engañó a Pina Toribio. Sorprende que nadie haya sido sancionado.
Uno que había visto a este Gobierno manejando su imagen con mucha inteligencia, de repente observa cómo la torpeza se apodera de sus voceros para tratar de sacarle el cuerpo al asunto, provocando los efectos contrarios.
Al presidente Leonel Fernández se le ha pedido que hable públicamente del asunto y que actúe en el caso. Lo han hecho medios libres de sospechas, dirigidos por gente que sabe las implicaciones que tienen estos escándalos, que podrían ser el principio para que la desconfianza de la población ante sus gobernantes se acentúe, lo que no sería bueno para la salud de nuestra nación y su frágil democracia.
Ojalá que lo haga a tiempo, y no cuando ya no haya remedio.
