Un ejercicio necesario para entender al creciente número de sectores económicos y sociales que en ejercicio de sus derechos cuestionan el plan de seguridad puesto en marcha por el Gobierno Si usted quiere analizar un fenómeno, de cualquier naturaleza, con un mínimo de racionalidad, haga un esfuerzo para examinar el caso desde adentro. Es decir, intente colocarse en el lugar de los que viven el problema, de los que ganan o pierden y de los que deben tomar las decisiones.
Si lo hace así probablemente entenderá el sentido de ciertas reacciones y actitudes, Pero gástese unas neuronas adicionales y póngase en el lugar del otro, de aquel que grita cuando recibe un “pinchazo” inesperado, o de aquel que se queja cuando pierde su comida o su trabajo.
Muy posiblemente le resultará más fácil entender a los bartenders, a los productores de bebidas, a los dueños y empleados de restaurantes y centros nocturnos, a los propietarios y empleados de establecimientos turísticos, a los dueños y empleados de casinos y bancas deportivas, a los taxistas, a los organismos recaudadores del Estado afectados por la disminución de sus ingresos, a las familias afectadas por el desempleo, a los guardias y policías que deben amanecer en las calles sin ningún incentivo adicional, a los ciudadanos constantemente interceptados en avenidas y calles oscuras sin saber si son autoridades de verdad o delincuentes uniformados, y a los visitantes –criollos o extranjeros- que pagan para venir al país a divertirse y que de pronto son compelidos “manu militari” a salir de un establecimiento y obligados a deambular por calles oscuras y inseguras o regresar a casa o al hotel en contra de su voluntad. Sienta con ellos el problema y analice las ventajas y desventajas.
Y en el caso específico del plan contra la delincuencia ensamblado a la carrera por el Gobierno, pregúntese si el costo real de las medidas puede ser compensado por los beneficios tangibles y sostenibles. Y cuando hablo de beneficios sostenibles, me refiero a la posibilidad de asegurar resultados permanentes, que dependan de un cambio real en los factores sociales y estructurales que originan el problema o los problemas.
En fin póngase en el lugar de un ciudadano en el ejercicio pleno de sus prerrogativas democráticas, que cumple sus deberes y paga sus impuestos, Que se siente en el derecho de participar o de ser tomado en cuenta en cualquier decisión que le afecte, y estoy seguro que cambiará de opinión a la hora de juzgar a todos los que se han atrevido a pedirle al Gobierno que revise unas medidas que podrían perfectamente reducir la delincuencia durante dos o tres días o una semana, pero que tienen un efecto recesivo inmediato, agudizando la recesión y el desempleo, que crean un ambiente negativo para el turismo dominicano, y que lamentablemente no garantizan la eliminación de las causas que generan el problema que nos preocupa a todos.
Ah, si el Gobierno se anima a revisar el plan le sugiero algunas medidas que talvez podrían ayudar:
1. Fortalecimiento de la Policía Nacional, incluyendo la elevación sustancial del número de agentes y destacamento, equipamiento adecuado, mejoría salarial y programa de reeducación para los miembros de la institución.
2. Desarrollo de un amplio programa de iluminación de calles avenidas y espacios públicos.
3. Aplicación de un plan inteligente de seguimiento focalizado contra la delincuencia.
4. Desarrollo de un programa, en coordinación con organizaciones sociales, para promover la reinserción social de delincuentes y jóvenes descarriados, creando opciones de educación laboral y oportunidades de empleo en las comunidades más deprimidas.
