Catapultado más por su estilo ponderado y sereno, así como por los desbarajustes de la oposición que por los grandes logros, el presidente Leonel Fernández llega este miércoles a su segundo año al frente de la cosa pública con una excelente imagen, no obstante incluso los escándalos que acosan y han ensombrecido su gestión. Pese a que puede exhibir estabilidad macroeconómica, una de las condiciones fundamentales para la inversión extranjera, hay signos perturbadores, que presagian grietas en la cumbre en que está el presidente Fernández.
La venta de Verizon, una empresa modelo de eficiencia y símbolo de la inversión extranjera, abrió múltiples interrogantes que el Gobierno trató de despejar calificando la operación como una prueba de confianza en las autoridades dominicanas. Pero ahora resulta que la compañía que por más de 60 años operó en el país está envuelta en una litis que tiene en el aire la negociación con el consorcio mexicano que se haría cargo de sus operaciones aquí.
En momentos en que la nación se apresta a ingresar a un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica, conflictos como el de Verizon envían señales desagradables al menos sobre la seguridad jurídica. Pero dentro de ese tenor hay que ubicar, sobre todo por el contexto, la estampida del mercado de empresas como la Shell, que trasladó sus operaciones a Guatemala en procura de más ventajas, y las ventas de Coca Cola y Falconbridge. Aunque para colmo la coincidencia en la partida puede expresar una señal de mal tiempo, en todo caso, no es por qué se van, sino que se van.
Es verdad que el presidente Fernández ha llegado a estos dos años con una sólida imagen, pero operaciones que pueden ser normales, los escándalos de estos días y otros que en lugar de aclarados sólo han sido aplacados, plantean preocupación e interrogantes para la estabilidad y el crecimiento, con todo y los promisorios pronósticos del Banco Central. Aunque haya quienes no se quieran dar cuenta y hasta lo minimicen, tan perturbador es el panorama que escándalos como el préstamo sin concurso para la Policía y el contrato sobre la Isla Artificial crean mucha incertidumbre, pues salta a la vista que atentan contra la confianza y la seguridad jurídica.
Sólo por si es necesario, vale recordar los truenos desatados a propósito de éstos y otros conflictos relacionados con operaciones y la inversión foránea por las embajadoras de España, México y otros diplomáticos.
Que el Gobierno haya buscado la forma de desembarazarse en el plano interno no lo exime de desconfianza ante inversionistas extranjeros. Porque, pese a ser aprobados de manera censurable por el Congreso, el bochornoso préstamo por 134.6 millones de dólares y el contrato para la Isla no los suscribió y envió a las cámaras legislativas otro que no fuera el propio Gobierno.
Por más encumbrado que se encuentre en la cúspide el presidente Fernández, y mejor que sea su imagen ante un coro que crece, esas visibles grietas son peligrosas para un país, no sólo tan supeditado al capital foráneo, sino llamado a sufrir grandes transformaciones en sus aparatos productivo y burocrático para competir en base a reglas claras y precisas en los mercados internacionales.