El presidente de la República decidió rechazar la aprobación por parte del Congreso de la isla artificial, el préstamo de los 132 millones de dólares para equipar a la Policía Nacional, más el contrato donde Bienes Nacionales cedía una empresa privada el cobro de los inmuebles del Estado. Tal decisión mereció el respaldo de casi toda la opinión pública. Pero vayamos por parte, como diría Jack, el destripador. Nadie en su sano juicio se opone a que la Policía reciba recursos y equipos para enfrentar el crimen y el delito. El problema no era el préstamo, era la forma como se hizo. La falta de transparencia.
De igual modo, el contrato de Bienes Nacionales tampoco fue cuestionado porque el concepto no fuera bueno o porque las intenciones no fueran probablemente buenas. Al gobierno del PLD le gusta la privatización y la venta de empresas y bienes del Estado al sector privado nacional e internacional. Una empresa privada cobra el servicio del agua potable que ofrece el Estado a través de la Corporación de Aguas Potables y Alcantarillados de Santo Domingo. Una empresa privada tiene las licencias de conducir. Otra tiene las compras de aquí y de allá. En éste gobierno los negocios privados, de testaferros de funcionarios, están a la orden del día.
El presidente no podía aceptar la isla artificial porque venía precedida de un escándalo de corrupción en el Congreso, al igual que el préstamo para la Policía y el Contrato de Bienes Nacionales. De haber hecho lo contrario, su imagen y la del gobierno y del presidente habría rodado por el fango y el estiércol inevitablemente. Ni las bocinas lo hubieran salvado.
Ahora bien, no bastaba con devolver sin firmar los proyectos. Había que actuar.
El país tiene derecho a saber quien "falsificó la firma de Dios" para que un oficio de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo llegara el Congreso sin que el incumbente, un hombre respetable como César Pina Toribio, lo autorizara. El país tiene derecho a saber qué mano mágica y poderosa hizo que los senadores "trabajaran" hasta la madrugada para aprobar de urgencia la isla artificial. El país tiene derecho a saber quién invistió a un legislador del PLD en "el hombre del maletín" para garantizar la aprobación de la isla que ahora rechaza el presidente Fernández. El país tiene derecho a saber cuales eran los ministros que se mataban por el préstamo de los 132 millones de dólares. El país tiene derecho a saber por qué fue destituido el director de Bienes Nacionales. De la misma manera que el país tiene derecho a saber porque el director del Portal del Palacio Nacional no fue destituido de su cargo a pesar de que la Comisión Ética del gobierno determinó que hubo una sobrevaluación de más de diez millones de dólares.
El país tiene derecho a saber cómo se manejan los fondos públicos, por qué se protege a los involucrados en prevaricación y tráfico de influencia con el silencio. Los que "falsificaron la firma de Dios" para que la isla artificial fuera aprobada luego de haber distribuido millones de pesos entre legisladores de todos los partidos, no pueden quedar ocultos bajo el manto de la impunidad y la complicidad del presidente y sus bocinas. Eso no es transparencia. Así no se combate la corrupción, así se estimula y patrocina.
El presidente de la República, pese al reclamo de los medios de comunicación, pese a la ley de información pública, no habla sobre estos escándalos de corrupción. Sus voceros aseguraron que hablaría "mediante decreto". Llega el 16 de agosto. Se producen algunas sustituciones, "rutinarias", según Danilo Medina. Pero nada más. Y aquí no ha pasado nada. Ya lo dijo Danilo: es "rutina". Siguen sin sanción quienes distribuyeron millones de dólares cambiados a pesos para que la isla y otros proyectos fueran aprobados por el Congreso casi al salir los legisladores del PRD.
El presidente no canceló a nadie, no envió a los tribunales a nadie, no echó del templo a latigazos a los infieles. No envió una señal moral, como esperábamos todos. Después de eso, ¿qué se puede esperar, ahora que el gobierno comenzó su etapa descendente, que las encuestas comienzan a reflejar malestar en la población, que la popularidad del presidente se cae, que hay posibilidad de cambio en agosto del 2008 si la oposición se reorganiza? ¿Aumentará o bajará la corrupción?
"Transparencia". ¿Con qué se comerá eso en este gobierno?
