Un estado de sitio supone la supresión de las garantías constitucionales de un país.
"El estado de sitio es la regulación jurídica de excepción en virtud de la cual se suspenden parcial o transitoriamente las garantías constitucionales para proteger el orden público de un motín interno o de una agresión exterior o para defender a la sociedad de la acometida de hechos naturales de gravedad", dice el ex presidente de Costa Rica, Rodríguez Borja en su muy conocida obra "Enciclopedia de la Política", que el presidente Leonel Fernández puso en circulación en el país hace algunos años.
"El estado de sitio, dice Borja, causa la suspensión de algunas de las garantías constitucionales y el ensanchamiento de los poderes del Ejecutivo durante el tiempo que sea necesario para hacer frente a los peligros sobrevivientes y restablecer la normalidad pública".
"Durante su vigencia -agrega-, el jefe de Estado asume facultades extraordinarias que le permiten conjurar con eficacia los peligros de la conmoción interna, de la agresión exterior o de los embates de la naturaleza".
El presidente Fernández ha decretado un "estado de sitio", al suprimir determinadas garantías constitucionales, como el libre transito y la asociación de los ciudadanos, ante el auge descontrolado del crimen y la delincuencia. Demuestra así su incapacidad para garantizar la seguridad.
El decreto que declara estado de sitio a partir de las 12 de la noche es la mayor prueba de debilidad e incapacidad de un gobierno frente a la delincuencia. El gobierno es quien debe garantizar la seguridad ciudadana sin afectar sus derechos.
La Constitución en su artículo 8 "reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos".
Con los apresamientos masivos e indiscriminados que realizan las tropas policiales y militares en horas de la noche se viola un derecho fundamental de los ciudadanos, pues la Constitución establece con claridad meridiana que "nadie podrá ser reducido a prisión ni cohibido en su libertad sin orden motivada y escrita de un funcionario judicial competente, salvo el caso de fragrante delito"
De igual manera, la Constitución establece el "libre transito" a cualquier hora del día o de la noche.
El nefasto artículo 55 de la Constitución faculta al presidente para decretar "el estado de sitio y suspender el ejercicio el ejercicio de los derechos", pero debe ser aprobado por el Congreso, no por tiempo indefinido, como pretende el gobierno.
Ningún decreto puede sustituir una ley, ni colocarse por encima de la Constitución. El primer poder del Estado es el Legislativo, no el Ejecutivo. El decreto presidencial viola preceptos constitucionales.
Nadie, en su sano juicio, puede oponerse a la determinación gubernamental de enfrentar el crimen y el delito. Pero debe hacerse sin vulnerar las libertades ciudadanas que tanta sangre, dolor y luto le han costado a este pueblo.
El presidente Fernández dice estar satisfecho por las medidas adoptadas porque, según sus números, se ha reducido el crimen y el delito. Es posible. No se lo discuto. ¿Pero a qué precio? ¿Cerrando el país a partir de las 12 de la noche?
Comparto el espíritu de las medidas del presidente Fernández, pero sólo eso. Creo, al igual que el ex presidente Hipólito Mejía, que deben ser transitorias en tanto se buscan soluciones reales; en tanto la Policía es dotada de los recursos necesarios para combatir el crimen y la delincuencia, en tanto se reduce, no la brecha digital, sino la brecha que separa a ricos y pobres, que es abismal. Del cielo a la tierra. El problema no es el alcohol, ni los colmadones. El problema es mucho más serio. Y las autoridades lo saben.
Debe llamarnos a preocupación que el presidente expresa júbilo por "los resultados satisfactorios de las medidas" que prohíbe la venta de alcohol y cierra todos los establecimientos a partir de las 12 de la noche. Y advierte que mantendrá todas las medidas y que profundizará algunas, lo cual, lejos de alegrarnos, debe atemorizarnos, porque puede significar mayor reducción de las libertades públicas con el pretexto de combatir el crimen y la delincuencia.
No me opongo al combate del crimen y el delito, pero no sobre la base de la reducción de mis derechos constitucionales.
