Dos casos que podrían ser motivos de la denuncia de la embajadora de España, son citados en el siguiente trabajo. Uno se refiere a la demanda contra Punta Cana y el otro envuelve a un parque de recreo en el que se usan delfines. SANTO DOMINGO.-El conflicto legal que enfrenta al cantante español Julio Iglesias con la oficina de abogados del actual fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, y la revocación de un permiso otorgado por las pasadas autoridades de Medio Ambiente para la importación de delfines desde Cuba, podrían ser dos de las motivaciones importantes en las quejas de la embajadora española Almudena Mazarraza en torno a la supuesta falta de garantías jurídicas para la inversión extranjera en el país.
Iglesias, quien forma parte del Consejo de Directores del grupo Punta Cana, está envuelto en una litis surgida en el año 2003, cuando el actual fiscal del Distrito Nacional y su hermano Lincoln Hernández Peguero presentaron una querella por alegada violación de propiedad contra el consorcio turístico y algunos de sus más connotados directivos, incluyendo al empresario Frank Rainieri, el diseñador Oscar De La Renta, el abogado norteamericano Ted Kheel y el propio artista español.
En diferentes círculos se ha planteado la queja de que el fiscal Hernández Peguero estaría utilizando su influyente posición en el ministerio público y su cercanía con el Poder Ejecutivo para apoyar su causa personal y entorpecer las actividades comerciales del grupo Punta Cana, incluyendo un intento de paralizar mediante acciones administrativas las operaciones inmobiliarias del consorcio, Se sostiene la tesis de que el funcionario está envuelto en un conflicto de intereses que cuestiona la idoneidad del sistema judicial y repercute de manera negativa en las relaciones del gobierno con sectores estratégicos.
El caso de los delfines se ha debatido insistentemente en los últimos días y la empresa de capital española Manatí Park, propietaria de dos delfinarios ubicados en Punta Cana, asegura que la Secretaría de Medio Ambiente ha desconocido un permiso otorgado por la misma cartera el 26 de julio del año 2004 y avalado por la Dirección General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura el pasado 4 de agosto, para traer al país cuatro delfines desde Cuba.
La empresa Manatí Park, con una inversión superior a los 300 millones de pesos en la zona de Punta Cana, ha señalado que la negativa de Medio Ambiente provocaría el cierre de sus operaciones y la suspensión de 600 empleados.
La litis que enfrenta al grupo Punta Cana con el actual fiscal del Distrito Nacional, ha generado seis sentencias en contra de los hermanos Hernández Peguero, pero se ha caracterizado por una intensa campaña de acusaciones públicas contra Rainieri y sus socios internacionales, desde falsedad de escritura hasta evasión de impuestos.
Tales imputaciones no han tenido ganancia de causa en los tribunales, aunque si han provocado un sensible disgusto entre los inversionistas, quienes han comentado en sus círculos de amigos que los hermanos Hernández se amparan en sus posiciones o vínculos oficiales para sustentar la persecución contra ellos.
Los abogados del grupo empresarial sostienen que no existen argumentos jurídicos para llevar a los tribunales a las personalidades de fama mundial que forman parte de su consejo de directores, y afirman que la motivación real del fiscal del Distrito Nacional es crear un escándalo en los medios de comunicación para obligar a Punta Cana a un arreglo extrajudicial.
Se asegura que los hermanos Peguero Hernández han recurrido a diversos procedimientos para obligar a Julio Iglesias y a Oscar de La Renta a presentarse personalmente a las audiencias del caso, a pesar de que los estatutos de Punta Cana establecen que quien representa y actúa en nombre de todos los actos oficiales, judiciales o administrativos es su presidente, Frank Rainieri.
La confrontación, en la que también ha jugado un papel protagónico el ex procurador general Abel Rodríguez Del Orbe, un hombre del círculo íntimo del presidente Leonel Fernández, ha provocado ya un distanciamiento entre el jefe del Estado y el famoso diseñador dominicano Oscar De La Renta, quien había actuado como un embajador de buena voluntad del gobierno dominicano, especialmente en los círculos del poder de los Estados Unidos.
Iglesias, De La Renta, Rainieri y el abogado norteamericano Ted Kheel, uno de los fundadores del grupo Punta Cana, también han sido objeto de una demanda por 500 millones de pesos por la oficina de Abogados del fiscal Hernández Peguero.
El origen de la litis se remonta a la contratación de la oficina de abogados de los hermanos Lincoln y José Manuel Hernández Peguero en el año 1999 para el desalojo de una propiedad de Punta Cana ilegalmente ocupada. El contrato establecía que el pago de honorarios se haría mediante la entrega de mil 200 tareas de las tierras desalojadas y cuyos linderos se fijarían a no menos de 500 metros de la carretera que conduce al proyecto.
Según Punta Cana, la propiedad ocupada por los hermanos Hernández Peguero no figuraba en las tierras desalojadas ni se correspondía con la cláusula contractual sobre la ubicación de los terrenos.
