SANTIAGO, 4 sep (IPS) – Por disposición del gobierno de Michelle Bachelet, a partir de este mes los centros de salud públicos de Chile deberán recetar y entregar anticonceptivos tradicionales y de emergencia a las mujeres mayores de 14 años que los soliciten, medida que provocó el inmediato rechazo de la Iglesia Católica y de la oposición derechista.
"Aplaudimos la decisión del Ministerio de Salud de Chile, ya que creemos que resguarda los derechos de las mujeres y abre la posibilidad de no repetir los círculos de pobreza", señaló a IPS Ximena Rojas, subdirectora del no gubernamental Centro de Desarrollo de la Mujer – Domos, que en marzo de este año solicitó a esa cartera ampliar la distribución de los anticonceptivos de emergencia.
La medida fue anunciada el sábado por la ministra de Salud, Soledad Barría, durante el V Congreso Chileno de Obstetricia y Ginecología Infantil y de la Adolescencia, y forma parte de las nuevas Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad que se comenzarán a aplicar en todos los consultorios y hospitales del país a partir de este mes.
De esta forma, cualquier adolescente mayor de 14 años podrá solicitar la prescripción de un método anticonceptivo directamente a su médico, sin tener que contar con la autorización de sus padres, y el mismo deberá ser entregado en forma gratuita por el sistema de salud pública.
Esta norma da cumplimiento a derechos sexuales y reproductivos aprobados en la Conferencia de Población y Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, realizada en El Cairo en 1994.
Lo más controvertido de la disposición del Ministerio es que incluye a los anticonceptivos de emergencia, conocidos como "píldora del día después", que hasta ahora se entregaban sin costo únicamente en casos de violación y se podían adquirir en las farmacias del mercado presentando receta médica.
Se trata de pastillas anticonceptivas que se toman en dosis especiales dentro de los primeros cinco días o 120 horas después de una relación sexual no protegida para prevenir un embarazo.
Estos compuestos pueden impedir o retrasar la liberación del óvulo y afectar el transporte de los espermatozoides, interfiriendo en la fecundación. La Organización Mundial de la Salud estableció que no son abortivos, ni afectan un embarazo ya iniciado. No obstante, sus detractores, tanto en Chile como hace unas semanas en Estados Unidos, insisten en lo contrario.
El cardenal arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, criticó la decisión del gobierno de Bachelet, médica socialista de 54 años, señalando que era un golpe al matrimonio, la natalidad y la familia chilena.
"Esperaba buenas noticias para Chile en el comienzo del mes de la patria", declaró Errázuriz, refiriéndose a la proximidad de la celebración de los 196 años de la independencia nacional, los días 18 y 19 de septiembre. "No es una buena noticia que un país llegue a tener la obsesión anticonceptiva", puntualizó el representante de la Iglesia Católica.
Algunos alcaldes de la oposición derechista también manifestaron su rechazo a la disposición gubernamental, amenazando con no respetarla, ya que son los gobernantes municipales los encargados de administrar los consultorios públicos. Esto motivó la respuesta de la titular de la cartera de Salud, quien advirtió que la norma es "obligatoria".
Marta Ehlers, alcaldesa del acomodado municipio de Lo Barnechea en Santiago y militante del partido de derecha Renovación Nacional (RN), se declaró "indignada" con la noticia y aseguró que no entregará la píldora, aunque sea obligatorio.
"Si toman medidas fuertes en contra mía, aceptaré o daré la pelea, pero, ¡no la voy a entregar!", manifestó.
En el debate se han cruzado argumentos socioeconómicos, éticos y demográficos. Mientras el gobierno ha insistido en que la medida busca frenar el aumento de los embarazos adolescentes, de los abortos y del nacimiento de hijos no deseados, la Iglesia y los partidos de derecha plantean que se debe fortalecer el rol de la familia y la educación sexual, aunque limitada.
Los sectores conservadores también temen que la píldora del día después podría incidir en los índices de natalidad del país. Según cifras del Ministerio de Salud, mientras en 1983 la tasa global de fecundidad en Chile era de 2,5 hijos por mujer, en 2003 este número bajó a 1,9, el equivalente a una reducción de 24 por ciento en 20 años.
"A nuestro juicio, esa píldora genera situaciones de corte abortivo, por lo que no debería ser entregada ni a menores de 14 años ni a mayores, ni con o sin autorización de los padres, ni con certificación médica ni con nada", sostuvo el día domingo Andrés Chadwick, senador del ultra conservador Partido Unión Demócrata Independiente (UDI).
"La medida es de orden sanitario y se debe mirar desde ese enfoque y no se le puede incorporar argumentos que aludan a valores", señaló la subdirectora del Centro de Desarrollo de la Mujer. "La experiencia internacional dice que normativas de este tipo no aumentan la promiscuidad en el país", agregó.
En general, los partidos oficialistas se mostraron a favor de la medida, aunque este lunes pidieron mayor información al Ministerio. Les preocupa especialmente el grado de orientación que recibirán las menores.
En este sentido, Ricardo Lagos Weber, el ministro secretario general de gobierno, señaló que "no se trata de entregar anticonceptivos a destajo", sino de que el Ministerio estaría impulsando a los y las jóvenes a llevar una sexualidad responsable, lo que implica brindar una asesoría integral.
"Hoy es perfectamente legal por la Corte Suprema y los Tribunales de Justicia la venta de la píldora del día después", pero sólo la pueden comprar quienes tienen dinero, dijo el portavoz del gobierno Lagos Weber. "Creo que lo justo es darle la oportunidad a todos los chilenos de tener acceso a los diferentes métodos anticonceptivos", añadió.
"Lo que no podemos hacer es pretender tapar el sol con un dedo. En Chile, 14 de cada 100 jóvenes tienen relaciones sexuales a los 14 años", arguyó. Según datos contenidos en la nueva normativa, la población de usuarias de anticonceptivos en establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud pasó de 600.374 mujeres en 1990 a 1.087.743 en el año 2004, un aumento de 81 por ciento en 14 años.
Este fármaco, que hizo su aparición en la década de 1970, ya se puede encontrar en Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela, Trinidad y Tobago, Uruguay y desde hace muy poco en Estados Unidos, donde se vende sin receta a mayores de 18 años.(FIN/2006).
