La recaudación de impuestos por parte del gobierno tiene como propósito evidente allegar recursos para la prestación de servicios. Se requiere eficiencia y justicia en ambos lados de la ecuación, es decir, tanto por el lado del sistema contributivo como por el lado del programa de servicios públicos La eficiencia en el sistema contributivo significa garantizar la recaudación necesaria con el menor gasto posible; significa allegar recursos para los programas de gobierno con el menor peso impositivo posible; también significa cerrar vías de evasión en el cumplimiento de la responsabilidad contributiva. Esto, claro está, requiere de una estructura contributiva que el ciudadano entienda como justa y de un aparato administrativo eficaz en la tarea de recaudación.
La justicia tributaria supone cumplimiento con la equidad horizontal y con la equidad vertical. El principio de equidad horizontal postula que los que son esencialmente iguales deben pagar los mismos impuestos. Si fulano y zutano son iguales en todos los aspectos, salvo en el nombre y en los rasgos físicos, el principio más elemental de justicia nos dice que deben pagar los mismos impuestos. Pero como es un hecho que hay diferencias abismales en niveles de ingresos y de riquezas, hay que invocar la equidad vertical.
El principio de equidad vertical establece que para lograr justicia hay que dar trato fiscal diferente a las personas de diferentes ingresos. Este principio se hace valer con impuestos de carácter progresivo. Los impuestos progresivos son aquellos que aumentan en la medida en que el ingreso de la persona es más alto: a medida que el ingreso aumenta se grava una fracción mayor del mismo.
El impuesto progresivo por excelencia es el que se impone al ingreso, ya que se disponen tipos o tasas tributarias más altas a las escalas más altas de ingreso. En contraste, los impuestos sobre el consumo son regresivos, es decir, pesan más sobre los grupos de ingresos bajos.
La debilidad del impuesto sobre el consumo, ya sea en su versión de impuesto sobre el valor agregado o en la de impuesto sobre las ventas al detal, radica en que el peso que cae sobre los hombros del consumidor es regresivo. Esto tendría sentido en una sociedad con una gran igualdad en la distribución del ingreso y en la posesión de riqueza. Ese no es el caso en RD.
Se aduce que el impuesto que se impone sobre la venta de artículos y servicios tiene la ventaja de que todo el que compra tiene que pagarlo y que, aún los que reciben ingresos en la economía informal, pagarían al hacer sus compras en el mercado regular. Pero esto no elimina su regresividad. Además, lo que se capturaría de la economía informal vía el impuesto sobre el consumo sería una fracción de la misma. De hecho, a la economía informal envuelta en actividades criminales y socialmente dañinas hay que eliminarla. Respecto a la economía informal dedicada a actividades socialmente beneficiosas, hay que diseñar mecanismos, como el crédito contributivo para familias trabajadoras de bajos ingresos, que incentiven su desplazamiento hacia la economía formal.
La mayor parte de los recaudos contributivos del gobierno de RD provienen de la contribución sobre ingresos (alrededor del 75%). El grueso de ésta la pagan los asalariados. Las ventajas contributivas de las corporaciones, así como los créditos y deducciones que benefician de manera desproporcionada a los estratos de altos ingresos, reducen la progresividad de este impuesto. No olvidemos que la pasada administración del PPH redujo el impuesto de intereses sobre dividendos.
A la contribución sobre ingresos le sigue en importancia la recaudación por concepto de arbitrios. Entre éstos sobresale el arbitrio general del 5%, cuya incidencia sobre el consumidor es desproporcionada y regresiva.
El tercer renglón corresponde, si dejamos a un lado las licencias, a la contribución sobre la propiedad. Ésta, si permite que la propiedad se utilice como santuario contributivo, se torna regresiva y provoca efectos económicos distorsionados, como el aumento en el precio de las viviendas.
Para lograr justicia tributaria se requiere revisar íntegramente la estructura de contribución sobre ingresos para garantizar su progresividad y eliminar el peso confiscatorio a que está sometido el asalariado. Esto se acompañaría de un impuesto sobre la repatriación de rendimientos de capital de una tasa efectiva no menor de un cinco (5) por ciento.
En el renglón de los arbitrios, en donde a la regresividad se suma la evasión por ausencia de inspección, se eliminaría el arbitrio general del cinco (5) por ciento.
a) Eliminar el peso confiscativo al que está sometido el contribuyente asalariado.
2. Reducción -que en promedio sea de 20% de las tasas contributivas aplicables a los distintos niveles de ingreso pero que sea una reducción mayor para los contribuyentes de bajos ingresos y menor para los contribuyentes de altos ingresos.
3. Aumentar la capacidad de recaudo del gobierno mediante la implantación de un impuesto sobre la repatriación de ganancias a una tasa efectiva de 5%.
4. Restablecer la tasa contributiva alterna de 20% sobre:
· Dividendos
· Sobre ganancias en la venta o permuta de activos fijos o financieros (ganancias de capital)
5. Eliminar el arbitrio general de 5%, cuyo efecto final o incidencia en los consumidores es considerablemente superior.
6. Estudiar la viabilidad de un crédito contributivo para las familias pobres que radiquen planillas para hacer justicia económica y para incorporarlas a la economía formal.
7. Revisar el esquema de deducciones y créditos contributivos para los individuos, de suerte que se eviten los abusos que se cometen actualmente para otorgar privilegios a los ricos.
En síntesis
Esta reforma estará dirigida a:
1. Crear las bases para un sistema contributivo orientado por el principio de justicia social y equidad.
2. Aumentar la actividad productiva y el empleo.
3. Aumentar los recaudos y canalizar una proporción incremental (ascendente cada año) para estimular las actividad económica en todos los sectores, incluyendo la promoción de cooperativas y de corporaciones de trabajadores.
Como secuela de lo anterior, se beneficia el clima industrial pero, al mismo tiempo, se le exige mayor responsabilidad contributiva a aquellos sectores que pueden aportar más al fisco.
