SANTO DOMINGO.-Las diferencias entre Verizon Dominicana y la Dirección de Impuestos Internos se habrían agudizados en los últimos días, produciéndose una intimación a la empresa de capital canadiense, en la cual el organismo oficial le reclama responder solidariamente por el pago de una suma cercana a los diecisiete mil millones de pesos dominicanos.
Este domingo, en un comunicado enviado a Diario DigitalRD.Com por Verizon Dominicana se denuncia que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), mediante una Resolución Administrativa, ha intimado a Verizon Communications y a varias de sus subsidiarias, incluyendo a Verizon Dominicana, así a varios de sus ejecutivos, a América Móvil, al igual que a varios de sus ejecutivos.
“El concepto de dicho pago es un impuesto anticipado por la supuesta ganancia de capital que generaría la propuesta de transferencia de las acciones de una compañía canadiense, subsidiaria de Verizon Communications, la cual es a su vez propietaria de las acciones de Verizon Dominicana, a una subsidiaria canadiense de América Móvil” establece el comunicado.
Verizon sostiene que este requerimiento es totalmente incorrecto, ya que en cualquier caso, si la propuesta venta se perfecciona, Verizon Dominicana no genera ganancia de capital alguna ni la subsidiaria canadiense que es su accionista directa tampoco. “En definitiva, dicha ganancia futura no sería gravable en la República Dominicana”, establece el comunicado.
“En lo inmediato, la intimación de pago de la DGII es insólita porque pretende cobrar un impuesto sobre la base de una ganancia de capital alegadamente generada por una transacción que no ha ocurrido”, sostiene la empresa.
Y agrega que si no se han transferido las acciones de la subsidiaria canadiense es porque el Indotel no ha otorgado la aprobación requerida por la ley dominicana para el cambio de control de Verizon Dominicana.
“No existe artículo legal alguno que permita a la DGII cobrar impuestos de manera anticipada, por una ganancia de capital que puede o no ocurrir, pues la transacción de venta no se ha perfeccionado. En pocas palabras, se pretende cobrar impuestos por una intención formal de vender, que no se ha materializado. En buen derecho, este hecho, por sí solo, basta para que la Resolución de la DGII sea declarada nula”, argumenta Verizon en su declaración.
Y anade que consciente de esta realidad, la DGII se ha referido públicamente a un argumento precario que nunca mencionó en su Resolución Administrativa; alegando que el impuesto se adeuda a causa de una reorganización corporativa interna llevada a cabo por Verizon, que afectó a dos subsidiarias que eran propietarias de acciones de Verizon Dominicana. Dicha reorganización no comprende ninguna compañía dominicana, no es gravada por el Código Tributario Dominicano y en ningún caso se generaron ganancias y por tanto no puede haber un impuesto por las mismas”.
Y establece a seguida en el comunicado que en caso de concretarse dicha propuesta de venta, la misma tampoco sería gravable en la República Dominicana. El futuro vendedor y el futuro comprador son entidades extranjeras.
Explica la empresa que las acciones cuya venta se propone son propiedad de la entidad extranjera vendedora en una entidad canadiense, que a su vez tiene acciones en Verizon Dominicana. A seguida acusa a Impuesto internos de pretender desvirtuar la naturaleza jurídica de esta operación, asimilándola a una venta de activos, cuando lo que se propone vender son acciones de una compañía canadiense y cuando no existirán ingresos ni ganancia de capital en la República Dominicana. Nada de esto es ilegal. La ley dominicana no permite a la DGII hacer esta clase de símil discrecionalmente.
“La naturaleza jurídica de las transacciones no puede ser transformada arbitrariamente por la Administración. Eso atentaría gravemente contra el principio constitucional de seguridad jurídica. En el caso que nos ocupa, la DGII viola la ley al querer atribuir a una transacción una intención desviada de la realidad. Basta comprobar que las acciones que se venderán son de una empresa que existe desde hace años, y que en su momento fue también propietaria de acciones en otras empresas, que se han vendido de una manera igualmente lícita y transparente. Las acciones de Verizon Dominicana desde mediados del siglo pasado son propiedad de compañías canadienses. El Código Tributario Dominicano no grava las ganancias que se deriven de una transacción con estas características”.
En el documento se establece que Verizon Communications y sus subsidiarias siempre han cumplido irreprochablemente las obligaciones que legalmente les corresponden. Su subsidiaria dominicana, Verizon Dominicana, ha sido una irreprochable contribuyente al fisco, contribuyendo en los últimos cinco años veintidós mil millones de pesos. Sus aportes a la institucionalidad, el desarrollo, el deporte, la educación y la cultura han marcado una huella imperecedera en la sociedad dominicana.
“Lamentamos que las acciones de la DGII se adopten en la víspera de la entrada en vigencia del acuerdo de comercio exterior más importante que la República Dominicana haya suscrito – el RD CAFTA- un acuerdo que el Gobierno Dominicano ha promovido intensamente. Las acciones de la DGII llaman a una seria reflexión sobre el compromiso del país con el Estado de Derecho y sobre la coherencia de sus políticas de incentivo a la inversión extranjera. La verdadera institucionalidad implica cumplir el mandato de la ley”, agrega.
En el comunicado se rechazan firmemente las acusaciones hechas en contra de Verizon Communications: “Exhibimos con orgullo nuestras credenciales, nuestros antecedentes y nuestra conducta ejemplar. El hecho de que Verizon Dominicana vaya a cambiar de control no puede ser convertido por la DGII en una oportunidad para recaudar dinero mediante el cobro de un impuesto al cual no tiene derecho, afectando todavía más el clima de seguridad jurídica y de institucionalidad que requiere este país para ser competitivo”.
La empresa anuncio que va a ejercer todas las acciones que acuerda la ley en defensa de sus derechos, para lo cual hemos interpuesto acciones directamente ante el tribunal competente, al cual a través de nuestros abogados, hemos solicitado actuar de urgencia y celebrar audiencias públicas. “Continuaremos intentando vencer la inercia del Procurador General Tributario, para que la instancia judicial imparcial pueda resolver el conflicto”.
Finalmente establecen que creen que esta lucha no sólo representa nuestros derechos amenazados, sino los derechos de todos los ciudadanos corporativos y personas físicas que merecen realizar sus actividades productivas en un ambiente que garantice el respeto al marco legal establecido.
