BOGOTÁ, 16 sep (IPS) – Seis semanas después de iniciar su segundo periodo, el gobierno colombiano de Álvaro Uribe no convence a casi nadie con las contradictorias explicaciones sobre los siete atentados con bomba perpetrados entre julio y agosto en esta capital, en los que participaron dos oficiales del ejército. Organizaciones defensoras de derechos humanos y el dirigente político y senador oficialista Germán Vargas, víctima de un atentado en octubre de 2005 atribuido minutos después por las autoridades a la guerrilla izquierdista, comienzan a atar cabos sobre los hechos.
A mediados de este año, seis explosivos fueron "neutralizados" y sólo estalló el que era de bajo poder. El ejército responsabilizó de la colocación de todos ellos a las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la insurgencia que lleva más de 40 años en combate y a la que Uribe le declaró la guerra total con asesoría militar y financiación estadounidenses.
Pero el 7 de este mes, Uribe ordenó al comandante del ejército, general Mario Montoya, reconocer que se trató de montajes, y éste alentó a los militares "que sirven a la patria con honor y firmeza a que continúen denunciando".
Tres días después, el presidente derechista se desdijo. Tras increpar a la prensa, afirmó que los militares adelantaban una operación de "inteligencia antiterrorista", mientras otras autoridades complementaron que estaban infiltrados en la guerrilla.
Para algunos analistas, Uribe ha tenido que mentir para salvar la imagen del ejército como institución.
Revelaciones de prensa, basadas en fuentes militares que manifiestan inconformidad con graves irregularidades en las filas, indicarían que fueron todos golpes simulados dados para sumar puntos "positivos".
En el argot militar, los "positivos" posibilitan "hacer méritos con acciones que tienen visibilidad pública y efecto político", definió bajo condición de anonimato un ex negociador gubernamental en los frustrados diálogos de paz entre las FARC y el entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002), en la meridional región del Caguán.
Los explosivos fueron montados por Lidia Alape, alias "Jessica", de 27 años, quien desertó de las FARC hace tres años como parte de un programa gubernamental de reinserción a la vida civil. Fue capturada por la fiscalía el viernes y se conoció que actuaba en coordinación con los oficiales comprometidos.
Los oficiales investigados son el mayor Javier Efrén Hermida, de 39 años, y el capitán Luis Eduardo Barrero, de 33, pertenecientes al B-2, seccional de inteligencia del comando general de las Fuerzas Armadas, que por esos días en que se perpetraron los atentados estaban en comisión en el RIME-5, con jurisdicción en Bogotá.
El RIME (Regional de Inteligencia Militar del Ejército), se dedica a operaciones secretas y tiene acceso al fondo de gastos reservados de la fuerza pública, que paga soplones y caza recompensas, un programa angular en la política denominada de Seguridad Democrática.
Esta estrategia fue montada por Uribe, en principio, en busca del monopolio estatal de la fuerza en el escenario de guerrillas de izquierda y de las bandas paramilitares de ultraderecha comandadas por narcotraficantes, que están en proceso de desmovilización parcial.
Documentos conocidos por la revista local Semana, que emprendió la investigación, muestran que los militares se quedaron con la mayor parte de 2.100 dólares, una suma pactada con el dueño de uno de dos taxis usados para los actos terroristas controlados.
Los oficiales implicados retiraron ese monto de los recursos del fondo depositado en una de las 20 cuentas del RIME, la existente en una sucursal del Banco BBVA cercana al Ministerio de Defensa. Pero al hombre apenas le entregaron 42 dólares, por lo que éste los denunció a la fiscalía.
Las cámaras de seguridad del BBVA registraron la transacción de los oficiales de Inteligencia.
Cuando ocurrieron los hechos, en las tensas semanas previas y posteriores a la toma de posesión para un segundo mandato de Uribe, el 7 de agosto, se recomendaba no salir mucho de casa. Bogotá, con 6,8 millones de habitantes, fue militarizada con 40.000 uniformados y en puntos estratégicos patrullaban tanques blindados.
Por esos días, la escritora Yolanda Reyes, columnista del diario local El Tiempo, contabilizó "un soldado por cada tres familias" en su barrio, "un arma por siete cochecitos o triciclos en el parque y un helicóptero por 50 cometas en el cielo".
"En lugar de sentirnos sobrecogidos con los helicópteros que merodean por las noches, nos creemos protegidos", comentó en su artículo titulado "Vivir con miedo".
Las medidas de seguridad se extremaron porque cuatro años atrás, mientras Uribe pronunciaba su discurso, de toma de mando por primera vez, ante el parlamento, se atribuyó a las FARC un ataque con granadas de mortero contra la vecina sede del Poder Ejecutivo. En los alrededores, un proyectil mató a 20 civiles, la mayoría indigentes, y dejó cerca de 100 heridos en ese entonces.
Al senador Vargas, hasta ahora uno de los pilares del gobierno en el Congreso, le estalló una carta-bomba en diciembre de 2002, apenas iniciado el gobierno Uribe, que fue achacada a la guerrilla. Ni por éste ni por el segundo atentado, en octubre del año pasado y con un coche-bomba, hay detenidos todavía.
Por ese último ataque, Vargas culpó a paramilitares y políticos, pero surgieron versiones de que los militares supuestamente sabían del atentado, algo que según el senador hoy "vuelven a cobrar mucha validez",
El general Carlos Alberto Ospina, hoy retirado pero que por entonces era comandante de las fuerzas militares, negó el previo conocimiento. Explicó a la agencia nacional Colprensa que las FARC estaban "siendo derrotadas" y "por eso salen a las zonas urbanas a demostrar que aún tienen capacidad militar".
Ahora Vargas advirtió que por primera vez considera "viajar al exterior por un tiempo".
"Antes yo enfrentaba todas las amenazas que provenían de los grupos al margen de la ley, de los narcotraficantes, de los peores delincuentes de este país, pero sentía que estaba protegido por las fuerzas del Estado. Pero cuando ya nos cuestionamos la propia idoneidad de la fuerza pública, se siente uno muy indefenso", dijo al Canal Capital de televisión.
Los atentados terroristas controlados a mediados de este año coincidieron con una ola de allanamientos, amenazas de muerte y detenciones arbitrarias en Bogotá y otras regiones.
"Las propias estadísticas de la policía, que se filtraron, señalan que hubo alrededor de 11.000 allanamientos" en Bogotá, señaló a IPS Jairo Ramírez, secretario ejecutivo del no gubernamental Comité Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), creado en 1979.
Ramírez hizo una lista de los "allanamientos consentidos" o "voluntarios" en la capital colombiana, tanto a las sedes del CPDH, como del semanario comunista Voz y el del Sindicato nacional de industria de alimentos y bebidas (Sinaltrainal), en busca de armas.
También se registró el robo del disco duro de la computadora con los archivos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), que hace 20 años lleva estadísticas sobre los despojados por la guerra.
La Codhes, por ejemplo, contabiliza 3,8 millones de personas desplazadas de sus hogares, en contraste con los 1,9 millones que reporta la presidencia de Colombia o los 800.000 registrados por el reciente censo nacional de población.
Hasta ahora, Ramírez "veía los hechos aisladamente". "Pero cuando uno ve esta información, observa que había toda una estrategia de los organismos de seguridad del Estado, no solamente del ejército sino de la propia policía de Bogotá, para generar un ambiente de tensión", apuntó el activista.
La finalidad era "justificar la militarización de la ciudad, las detenciones, los allanamientos", sostuvo. Los ataques terroristas controlados mostraron, "de una manera falaz, que hay peligros, (y) la necesidad del reforzamiento de la seguridad democrática", que registra reducciones importantes en varios indicadores, añadió.
Ramírez entiende que el fenómeno "sí es nuevo". "Esta actitud de la fuerza pública con motivo de la posesión de un presidente no se había dado. Para nosotros fue la primera vez" que fue allanada la sede central en Bogotá, señaló.
A una pregunta de IPS sobre la actuación de las fuerzas de seguridad estatales en julio y agosto, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), fundado en 1973 por el escritor Gabriel García Márquez, elaboró un cuadro de violaciones de los derechos humanos a partir de la reelección de Uribe el 28 de mayo.
El CSPP recibió, entre otras denuncias, las de cinco ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército en otros tantos departamentos entre el 27 de junio y el 4 de septiembre.
Entre el 3 de junio y el 7 de este mes fueron detenidos arbitrariamente en nueve departamentos y en Bogotá 99 personas, incluyendo tres menores de edad, uno de apenas cuatro años. De ellos, José Isaías Mesa, agricultor, fue muerto el 7 de junio, cuando estaba en poder de unidades de la Brigada 12 del ejército, en el sureño departamento del Meta.
El más convincente de los casos, ahora motivo de escándalo, fue el del coche-bomba lanzado contra un convoy militar el 31 de julio, que causó la muerte del indigente Jesús Antonio Vargas y heridas a 19 soldados.
Con cinco hijos, la viuda de Vargas, que recogía basuras en la calle para vender a las empresas de reciclaje, no recibió hasta ahora ningún apoyo del Estado, según declaró a los periodistas, convulsionada por el llanto y abrumada por el duro trabajo, en el que reemplazó al marido muerto. (FIN/2006)
