La Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo ratificó las condenas impuestas en primer grado contra 8 de los 10 implicados por un supuesto fraude de más de mil 800 millones de pesos contra el Estado a través del Plan de Renovación de Vehículos (Renove). Desde un principio, el expediente ha sido manipulado políticamente por el gobierno a través del Ministerio Público en procura de una condena a los imputados al margen de las pruebas. Un tribunal de Estados Unidos rechazó el pedido de extradición de Sam Goodson porque comprobó que parte de los documentos presentados por las autoridades dominicanas habían sido falsificados o alterados.
Lo primero que hicieron fue excluir de la pieza acusatoria a los amigos, aliados o relacionados del Gobierno. No aparecen Juan Hubieres, Amadeo Lorenzo Ramírez, Onésimo González y Freddy Aguasvivas.
El caso de Hubieres es alarmante, porque éste obtuvo unas mil 112 unidades, por las cuales ha pagado poco más de 80 millones de pesos, con un atraso superior a los 380 millones de pesos. De las 432 unidades por 16.5 millones de dólares, unos 500 millones de pesos, mediante un préstamo que debió ser pagado al Banco de Reservas en cuatro años, que ya vencieron, no han sido pagados a pesar de que los conductores beneficiados han estado pagando sus cuotas a la federación.
Dice el Ministerio Público que el Estado ha sido estafado con más de mil 800 millones de pesos. La razón es que los 4 mil 900 autobuses del Plan Renove fueron vendidos a una tasa del 19 por uno cuando debió ser del 32.50. Es en esa diferencia de la tasa del dólar donde se alega está la estafa contra el Estado. Es ahí donde están los mil 800 millones de pesos. Una certificación del Banco Central establece, sin embargo, que la tasa oficial era de 17 por uno. Significa pues, que para cubrirse de las eventualidades los directivos del Renove le colocaron dos puntos por encima.
Lo más relevante, lo que los jueces no tomaron en cuenta, es que la gente del Plan Renove no manejó fondos públicos. Los autobuses fueron adquiridos con un préstamo de 138 millones de dólares avalados por el Estado, que sería pagado por las federaciones del transporte, dinero que, dicho sea de paso, ha estado siendo pagado por casi todas las federaciones de choferes, menos por aquéllas cuyos líderes fueron excluidos del expediente acusatorio. Conatra ha pagado más de 600 millones de pesos. Por ejemplo.
Llama la atención que durante el primer gobierno del presidente Leonel Fernández se compraron guaguas Mercedes Benz a 83 mil 333 dólares. Esas mismas guaguas, 5 años después, más modernas y nuevas, se compraron, en el mismo lugar, con el mismo suplidor, a 60 mil dólares por la gente del Renove que han sido condenados. Compraron los mismos autobuses, más nuevos y más modernos 20 mil 333 dólares menos. Pero irán a la cárcel. ¿Eso se llama seguridad jurídica o complicidad política?
Los que compraron autobuses a 80 mil 333 dólares son honorables. Quienes los años después, 20 mil 333 dólares menos, son ladrones que merecen la cárcel. No lo entiendo. De verdad, debo volver a la escuela de derecho.
Otra razón por las cuales los directivos del Plan Renove han sido condenados es por el 4% que les cobraban a los choferes las federaciones por "la gestión de cobro". Sucede, ¡ojo!, que ese 4% es cobrado por las actuales autoridades. Pero más aún, el Banco Mercantil y el Banco de Reservas hicieron propuestas de cobro por el 8%. Desistieron por lo difícil del cobro a los choferes. ¿Dónde está el desfalco? ¿Puede un juez explicarlo?
Otro elemento condenatorio es la donación de unos 500 autobuses autorizados por el ex presidente Hipólito Mejía, quien mediante decretos autorizó la venta y donación de esos vehículos. El decreto 272-03 establece la donación a organizaciones no gubernamentales o instituciones de carácter público que realicen labores de bien social. En tal virtud, casi 400 guaguas fueron donadas a las asociaciones estudiantiles; 20 a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), otras a la Procuraduría, donde hoy se transportan los presos; también a las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, el Centro de Rehabilitación, Hogares Crea, entre otras instituciones. Alrededor de 500 autobuses fueron donados por el presidente Mejía. Ahí no puede haber dolo. Pero el Ministerio Público dice que esos autobuses no pudieron ser donados. Que alguien le pregunte al presidente Fernández si él tiene o no facultad constitucional para hacer eso.
¿Por qué la condena a los integrantes del Plan Renove? ¿Podría Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia, explicárselo al país?
