En el lunes de Semana Santa del año 2005, fui convocado a la casa de Johnny Ventura, donde coincidí con un grupo de dirigentes sindicales y empresarios del transporte. Sin ofrecer muchas explicaciones sobre el motivo del encuentro, el abogado, artista y ex síndico de la capital bajó las luces de la sala y nos invitó a ver la película “La pasión de Cristo”, dirigida por el actor y director australiano Mel Gibson.
La Pasión de Cristo recrea las últimas doce horas en la vida de Jesús de Nazaret desde el momento en el que acude al Huerto de los Olivos a orar tras la Última Cena, hasta ser arrestado y conducido a Jerusalén para ser juzgado por el Gobernador Romano en Palestina, Poncio Pilato.
Al escuchar las acusaciones contra el maestro de los apósteles, Poncio Pilato reconoce que se trata de un conflicto político, y se lava las manos. Finalmente decide consultar a los ciudadanos concentrados en las calles de Jerusalén para elegir a quien liberar, a Jesús o al asesino Barrabás. La multitud favorece a Barrabás y condena a Jesús, que es puesto en manos de los soldados romanos y conducido a la cruz del calvario. Durante el viacrusis, es flagelado y sometido a las peores ignominias.
En el reducido auditorio, se encontraban Fabio Ruiz, Antonio Marte, Amadeo Lorenzo, Blas Peralta, Milciades Amaro Guzmán y Alfredo Apolinario Linares, todos implicados (con excepción de Amadeo que junto a Juan Hubieres fue sacado del expediente), en el sonado caso del Plan Renove. Mi presencia no tenía que ver directamente con el tema, sino con mi experiencia profesional en el área de la comunicación y las relaciones públicas.
Al concluir la película, Johnny explicó claramente la razón del encuentro y el sentido de la película.
“Eso le pasó a Jesucristo, el hombre más puro y bondadoso que ha conocido la humanidad. Mucho antes de ser juzgado por un tribunal, ya había sido condenado por el poder y la opinión pública. Y agregó: “eso es justamente lo que les va a pasar a ustedes si no hacen un esfuerzo para defenderse en el mismo terreno donde ya lo están condenando, en los medios de comunicación”.
Dijo estar convencido de que ni los acusadores ni los jueces responsables del caso estaban en capacidad de demostrar que el Estado había puesto un centavo para la importación de los vehículos de Renove y que por lo tanto no había manera de sostener jurídicamente la acusación de estafa contra el grupo. “Pero casi todo el mundo piensa que ustedes se robaron mil 800 millones de pesos”.
La recomendación de Johnny a los imputados del Plan Renove fue que articularan, con ayuda profesional, un plan de defensa en los medios de comunicación para que no pusieran a los jueces en la difícil disyuntiva de condenarlos, sin haber cometido los hechos imputados, como proclamaban, o declararlos inocentes en medio de la convicción generalizada de que habían estafado al Estado.
“Ningún juez se va a atrever a dictar una sentencia absolutoria a favor de ustedes mientras no puedan demostrar en el tribunal de la opinión pública, donde ya aparecen como culpables, las razones que sus abogados pueden presentar en las audiencias”.
La sugerencia fue formalmente acogida por los presentes, incluso algunos revelaron que ya contaban con equipos y mecanismos para contrarrestar la apabullante campaña desatada por el aparato del poder. Sin embargo, los sindicalistas dedicaron un mayor énfasis en plantear su convicción de que no había ninguna forma de justificar desde el punto de vista jurídico una sentencia condenatoria contra el grupo.
Basado en mi experiencia en el manejo de crisis en el sector público y en el Centro de Información y Comunicación (CICOM), me permití robustecer las observaciones de Johnny Ventura y me ofrecí a participar en la elaboración de una estrategia de comunicación para enfrentar la campaña mediática articulada por el Gobierno.
Sin embargo, hasta ahí llegó la iniciativa de Johnny Ventura. Parece que el grupo se acomodó a la idea de que bastaba tener buenos abogados y buenos argumentos jurídicos para asegurar ganancia de causa en los tribunales.
El rumbo del proceso quedó definido cuando la Cuarta Cámara Penal de la Corte de Apelación, integrada por los jueces Ignacio Camacho, Omar Jiménez y Nancy Joaquín dictó una sentencia de descargo contra los imputados y hasta el propio Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en violación del principio de que los jueces hablan por sentencia, que nunca participó directamente en el proceso y que por lo tanto no conocía las razones de fondo del fallo, tronó en contra de los magistrados y calificó su decisión como una vergüenza para la justicia. La suerte estaba echada, pero aún así los implicados nunca se unificaron para promover una iniciativa común de defensa en el terreno mediático.
Yo también estuve convencido de “la culpabilidad’ de los sindicalistas y ex funcionarios hasta que tuve acceso a la versión de los imputados y a los documentos que revelaban la naturaleza eminentemente política del expediente, al extremo de que los implicados con igual nivel de responsabilidad en el caso fueron entresacados selectivamente en función de sus vínculos partidarios.
Entre otras cosas pude constatar que al margen de sus fallas administrativas, el Plan Renove ha sido el único programa de ese tipo, desde los Austin repartidos por Balaguer en el 1961, hasta los “pollitos” de Leonel en el 1998, donde el Estado no asumió el grueso de la inversión. Esta vez fueron los transportistas a través de sus gremios los que debieron cubrir el costo de cada unidad vehicular.
Tampoco existió la supuesta estafa de los mil 800 millones de pesos contra el Estado, ya que se sustentó en la falsa premisa de que los 4 mil 900 autobuses del Plan Renove fueron vendidos a una tasa del 19 por ciento, cuando debió ser del 32.50. Sin embargo, como bien explica Juan T H en su último artículo sobre el tema, una certificación del Banco Central confirmó que la tasa oficial, en el momento en que se concertó la operación, en realidad era 17 por uno, y no 32.50, como falsamente ha sostenido la acusación.
Pero aunque sigo convencido de que no existen suficientes méritos legales para justificar la sentencia contra los sindicalistas y ex funcionarios, tal como expuse en mi artículo “El fraude moral del Plan Renove”, publicado en mi columna de DiarioDigitalRD, entiendo muy bien por qué la mayoría de los que hacen opinión pública y probablemente el grueso de la población dominicana, aceptan como correcta y justa la última decisión judicial contra el grupo. No ocurre por gravedad ni por generación espontánea. Una mano maestra se ha ocupado de que todos, o casi todos, pensemos así.
Sam Goodson tuvo mejor suerte porque fue juzgado por la Justicia de Estados Unidos y evidentemente hasta allí no llegaron las manipulaciones mediáticas, las influencias políticas y las líneas del poder que pautaron la decisión de los tribunales dominicanos.
