LA VEGA.- La procuraduría fiscal de este municipio dictó medida de coerción contra cuatro ciudadanos involucrados en los hechos ocurridos en Jarabacoa, donde tres personas resultaron heridas de perdigones, en un confuso incidente protagonizado cuando se procedía a desalojar a varias familias de unos terrenos. José Ramón Santo Sirí, representante del Ministerio Público aquí, dijo que la policía de Jarabacoa envió a su despacho un expediente, donde consta el sometimiento de 12 personas, cinco de las cuales están prófugas y que los detenidos niegan incluso que estuvieran presentes en la reyerta.
“En esa circunstancia –agregó el funcionario judicial—vamos a basas las investigaciones que haremos en un vídeo tomado en el escenario de los acontecimientos, que me será entregado en el transcurso del día de hoy”, señaló Santos Sirí.
Los acontecimientos se produjeron el pasado lunes, en la comunidad Mata de Cadillo, de Jarabacoa, distante a unos ocho kilómetros de esa ciudad, luego que campesinos fueran desalojados de unos terrenos propiedad de José Joaquín Palma.
Al ser derribadas e incendiadas algunas de las viviendas, sus propietarios reaccionaron de manera violenta, produciéndose disparos de perdigones que alcanzaron a Marino Aridio Hernández, Andrison José Calderón y Danilo Ferreira Santos, quienes fueron internados en el hospital local Luís Manuel Morillo King, de donde fueron despachados ayer.
El fiscal Santos Sirí informó que el proceso de investigación que inició desde el momento mismo en que se produjeron los hechos está prácticamente estancado “porque ahora nadie estuvo allí y, por consiguiente, nadie vio nada, incluidos los siete que permanecen presos”.
Ante la falta de evidencias, el funcionario judicial señaló que la grabación que una persona tomó cuando se producían los hechos, habrá de arrojar luz sobre lo que allí ocurrió.
Aunque Santos Sirí admitió que no ha visto el vídeo, garantizó que será determinante, porque la persona que lo posee le adelantó que se ven claramente incluso quienes hicieron los disparos.
Los campesinos se enfrentaron entre sí y con un contingente policial que se encontraba en los terrenos en litis, cuando reclamaban la reconstrucción de 10 viviendas que, momentos antes, fueron destruidas con palas mecánicas y aparatos pesados de los denominados “bull-dogs”.
Para las autoridades proceder a la destrucción de las casas, se ampararon en una orden de desalojo dictada por el abogado del Estado, Arquímedes Taveras.
Cuando los campesinos se percataron de la presencia en el lugar del alguacil Luís Durán Durán, con la orden de desalojo, acompañado del fiscal de Jarabacoa, Manuel Pérez de Jesús y un representante del Ministerio Público vegano, seguidos de los equipos pesados, se enfurecieron y prepararon el escenario para la batahola.
