Si más que a frustración por el denso círculo vicioso en que ha caído la nación la indiferencia de la opinión pública frente a la tormentosa atmósfera que se cierne sobre el Poder Judicial responde a algún tipo de complicidad, entonces hay que colgar los hábitos y sentarse a esperar el día del juicio final. Porque es inconcebible que una sociedad que ha librado gloriosas batallas a favor de los derechos y libertades no perciba la intimidación social, manipulada por sectores de poder, que hoy condiciona la administración de justicia.
Tan obvias son las presiones para maniatar a los jueces como el miedo que exhiben éstos para actuar con la debida independencia y responsabilidad en procesos de interés público. De ahí que sean tan honrosas las excepciones como el caso de las dos magistradas de Santiago que tuvieron el valor de pararse, antes que amilanarse, frente a los cuestionamientos de la Superintendencia de Seguros de una sentencia sobre una subasta pública.
Para nadie es un secreto que a los expedientes sobre los fraudes bancarios se les ha dado todas las largas habidas y por haber, por razones muy obvias, para evitar el juicio de fondo. Tienen los organismos internacionales que presionar, en una suerte de vergonzoso injerencismo, para que que la Justicia no los deje al olvido.
Y todo por el miedo de los jueces a la maquinaria de opinión pública a través de la cual se crean culpables e inocentes favoritos, con todo y que para fallar hoy se amparan en el fardo de las pruebas.
El Plan Renove es un buen ejemplo. Hasta el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez ha proclamado la culpabilidad de los inculpados, no en base al expediente, sino a manipulaciones que se apartan del interés de que resplandezca la justicia. De no ser así, entonces se habría presionado para que del expediente no se excluyera a nadie que pudiera estar involucrado en el supuesto desfalco contra el Estado. Pero el silencio ha sido tan elocuente que la complicidad salta a la vista.
Puede traerse también a colación el supuesto fraude que involucra al ex secretario de Industria y Comercio, licenciado Angel Lockward. Aunque fue anterior al Plan Renove, resulta que es ahora cuando por fin se ha decidido la suerte del expediente, porque jamás hubo esas candentes presiones.
La intimidación de los jueces por ese tribunal inquisitorio es tan fuerte que el proceso sobre el asesinato del periodista Orlando Martínez es muy ilustrativo. Se le ha dado largas abusivas porque ha resultado que culpables favoritos como el ex cabo Mariano Cabrera Durán, sobre quien se quiso hacer caer toda la culpa por ser el más chiquito, no son más que víctimas.
Cuando las garantías y derechos pasan por el tamiz de la intimidación que imponen grupos de poder entonces el sistema jurídico, por más empeño que haya en negarlo, no anda bien. Porque la justicia no puede estar condicionada por el miedo al qué dirán, sino por la conciencia y responsabilidad, cualidades de las que dos jueces de Santiago ofrecieron un digno y honroso ejemplo a la nación con la defensa de la sentencia a la que la Superintendencia de Seguros atribuyó compromisos políticos.
