SANTO DOMINGO.-El Consejo de Defensa del economista Luis Alvarez Renta reclamó a la Suprema Corte de Justicia defender la soberanía del Poder Judicial frente a un reciente pronunciamiento de organismos internacionales, que a su juicio pretenden trazar pautas sobre el proceso relacionado con los casos bancarios. “Pero el comunicado de los organismos internacionales tiene, a nuestro modo de ver, connotaciones mucho más serias y delicadas por el grado de influencia que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y los otros organismos y gobiernos implícitamente firmantes del comunicado, ejercen directamente sobre la justicia dominicana, ya que varios de ellos son contribuyentes al presupuesto nacional, y específicamente a ciertos programas del poder judicial”, expresa la declaración del equipo jurídico de Alvarez Renta.
Sostuvo que bajo tales circunstancias, “dicho comunicado puede ser visto como un acto indebido de tráfico de influencias o simple chantaje, que no debe ser aceptado por la sociedad dominicana, y especialmente por el Poder Judicial”.
“Esta injerencia clara y vergonzosa debiera producir un pronunciamiento de nuestro más alto tribunal de Justicia, en defensa de la soberanía del Poder Judicial, del honor e independencia de nuestros jueces, y consecuentemente reconsiderar si se deben aceptar o renunciar los aportes o préstamos de los organismos autores del comunicado en referencia a los programas de fortalecimiento de la justicia dominicana”, apunta.
Sugiere “no olvidar que el fin que procuramos todos los dominicanos y dominicanas de buena voluntad que no es otro que una sociedad más institucionalizada, no se consigue con medios y mecanismos de presión para negar en su esencia el fin perseguido. La independencia del poder judicial está cuestionada con estas injerencias indebidas que alimentan más fines particulares que propósitos de justicia”.
No obstante, la defensa Alvarez Renta dijo que comparte con los firmantes del referido documento el interés de que se lleve a cabo un juicio transparente y honesto, dentro del marco de la ley, que determine las responsabilidades en este caso y que si fuere de lugar apliquen las sanciones correspondientes, porque entiende que bajo estas condiciones la inocencia de su representado será debidamente comprobada.
Entiende que “desde el punto de vista del desarrollo democrático e institucional de nuestro país, la correcta ejecución de este juicio se convertiría en un estandarte de los avances de la Justicia Dominicana”.
Considera el grupo legal que “corresponde a todas las personas e instituciones serias, que puedan estar interesadas en los casos bancarios, expresarse a favor de una pronta y eficaz aplicación de la justicia para estos casos. Pero también es importante preservar la independencia del poder judicial, que pretende ser vulnerada mediante una extraordinaria campaña de opinión pública, financiada con inmensos recursos públicos del Banco Central y de Gobiernos Extranjeros, con el propósito de presionar indebidamente a los jueces mediante una contaminación inaceptable del proceso judicial”.
“El BID, el Banco Mundial, y los otros responsables del referido comunicado saben perfectamente que en cualquier país civilizado este tipo de presión –como la que se expresa en el comunicado- sería inaceptable, y provocaría una respuesta apropiada de las instituciones concernidas. Se permiten actuar de esta manera, con absoluto irrespeto a nuestra soberanía, por las debilidades institucionales de nuestra nación, y por la complicidad de los funcionarios de la Autoridad Monetaria y Financiera con esa actuación”.
Y advierte que “a pesar de que el Informe del Panel de Expertos del FMI ordenado por el mismo Banco Central compromete seriamente la responsabilidad de la Autoridad Monetaria y Financiera por la falta de supervisión bancaria, incluyendo al actual Gobernador que presidió a ese organismo durante 10 de los 14 años en que – de acuerdo al referido informe – se gestó la crisis bancaria del 2003, el comunicado del BID y el Banco Mundial en ninguna parte hace referencia a que se determinen dichas responsabilidades, ni solicita una investigación seria de las mismas y de las causas intrínsecas de la crisis, lo cual parecería ser estrictamente necesario para evitar de nuevo que ocurra una crisis similar en el futuro, y lo que si se correspondería plenamente con la función y el interés de estos organismos de velar por el saneamiento de nuestro sistema financiero y promover el desarrollo económico de la República Dominicana”.
Sostiene que el comunicado de los organismos internacionales coincide con la posición de ciertas entidades de la sociedad civil que han estado promoviendo una especie de linchamiento judicial contra todos los imputados del caso Baninter, al margen del debido proceso que impone una correcta administración de justicia.
“Lo que desean lograr estos grupos es convertir a la justicia, al través de una enorme presión mediática sobre los jueces, en un rodillo que aplaste a todos los acusados, sin ofrecer la oportunidad procesal de que en cada caso se establezca el nivel de responsabilidad de cada uno de los imputados, vulnerando groseramente la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso de que están investidos todos los encartados en ese proceso, con absoluto desprecio a la independencia judicial, al respeto de las reglas de derecho, y a la Constitución y las leyes. Es por ello que sorprende que instituciones como el BID y el Banco Mundial se sumen a intereses particulares para constituirse en cuadrillas de linchamiento mediático”, indica el Consejo de Defensa de Alvarez Renta.
Asegura que “este ambiente de presión ha contribuido a que durante los pasados 3 años se hayan violado numerosos preceptos constitucionales a los imputados en Baninter, en desmedro de los derechos de los acusados, y cuyos efectos aún inciden perversamente en el proceso”, citando como ejemplos que a los imputados nunca se le entregaron las pruebas en su contra, y el hecho de que se hayan violado los derechos constitucionales de Alvarez Renta, “persiguiéndolo en dos jurisdicciones, mediante dos juicios, al mismo tiempo cuando es evidente que no puede estar físicamente – y por tanto defenderse adecuadamente – en dos lugares al mismo tiempo”.
“Retamos a quienes actúan como auto designados guardianes de la institucionalidad judicial, como por ejemplo a FINJUS, a que promuevan una evaluación institucional – mediante seminarios en que participen todos los actores del proceso – para examinar no solo esta sentencia, que violentó 172 años de jurisprudencia, sino el desarrollo en general del proceso Baninter. Así se cumpliría un papel realmente constructivo a favor de la justicia dominicana y de nuestra sociedad, y le adelantamos que nuestro Consejo de Defensa estaría en la mejor disposición de participar gratuitamente en ente tipo de actividad”.
El Consejo de Defensa de Luis Alvares Renta está integrado por los abogados Eric Raful, Salvador Catrain, Radhamés Cornielle, Santiago Rodríguez Tejada y Joaquín Zapata.
