MONTEVIDEO, (IPS) – Legisladores del Sur pidieron solidaridad a los países del Norte receptores de sus compatriotas emigrantes, como España, que subrayó la necesidad de respeto escrupuloso de la legalidad para resolver el problema. Así fue la apertura este lunes del II Foro Parlamentario Iberoamericano.
El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, dio inicio formal al encuentro, que concluirá este martes en Montevideo, llamando a abordar este drama con un enfoque humano y la cooperación entre las naciones receptoras y las emisoras de emigrantes.
"La combinación actual de la anulación de visas de ingreso a algunos países con el mayor rigor en el control de pasaportes da cuenta no sólo de un agudo contraste del mundo en que vivimos, sino también de cierta y peligrosa estratificación social", señaló el mandatario izquierdista ante parlamentarios de toda Iberoamérica.
"La movilidad es el gran factor de diferenciación social actual", agregó.
"Mientras algunos pueden ir sin papeles a casi cualquier lugar, a otros no se les permite ingresar a menos que presenten una tan cuantiosa como detallada y exigente documentación (…) Los primeros son los de arriba, o globalmente móviles, y los segundos son los de abajo, o localmente sujetos", indicó Vázquez, citando al filósofo polaco Zygmunt Bauman.
"En tanto los primeros ejercen la libertad de moverse voluntariamente como turistas, los segundos, parecen condenados a desplazarse o a ser, en el peor de los casos, vagabundos, porque su medio local les resulta insoportablemente inhóspito", añadió.
Legisladores de 19 países América Latina y de Andorra, España y Portugal participan en este Foro, en el que se prevé la aprobación del Estatuto de Montevideo, que regirá el funcionamiento y establecerá los objetivos de este órgano.
También se discutirá una declaración final, referida al tema de migraciones, que servirá como recomendación para ser presentada en la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, a realizarse en noviembre también en la capital uruguaya.
"En los últimos 15 años, la población mundial de migrantes se ha incrementado en más de 23 por ciento, pasando de 150 millones en 1990 a 191 millones en 2005", ilustró el presidente del Senado de España, Francisco Rojo.
"Las cifras recogidas en el informe presentado por el secretario general de (la Organización de) las Naciones Unidas (Kofi Annan) a su Asamblea General, nos da cuenta de un mundo cada vez más desigual, y de la intensidad y complejidad de este fenómeno global que, como no puede ser de otra manera, tiene implicaciones políticas, sociales y económicas en nuestras sociedades", indicó.
"Sentimos un enorme agradecimiento por la acogida de nuestros ciudadanos en países de todo el mundo, y particularmente en América Latina, cuando por motivos económicos o políticos se vieron obligados (décadas atrás) a buscar un futuro en paz y en prosperidad", añadió.
Pero "hacia fines de los años 80 del pasado siglo, nos hemos convertido en un país receptor neto de inmigración, y el número de ciudadanos extranjeros, así como su incremento anual, se torna significativo", señaló.
Rojo indicó que, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas, España acogía en 2005 a cuatro millones de extranjeros, dos por ciento de la inmigración mundial. "Esto supone un cambio de importancia histórica, que esta transformando profundamente la sociedad española y que está planteando nuevos retos y nuevas posibilidades", afirmó.
El legislador español expresó su deseo de que el Foro logre diseñar un modelo "equilibrado" de gestión de las migraciones, "acorde con el estado de derecho, en el que el respeto escrupuloso de la legalidad sea el principio de actuación".
"Son los estados los que tienen la facultad de establecer las condiciones de entrada y permanencia en su territorio de ciudadanos de otros países", enfatizó.
"España es un país solidario, que lo ha demostrado con hechos a lo largo de su historia. Es un país que responde con legalidad, y por tanto cada una de las decisiones que tome serán acordes al estado de derecho, porque son los estados quienes tienen la responsabilidad de decidir lo que hacer", dijo luego en una rueda de prensa.
Por su parte, el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, señaló los puntos sobre los cuales a su juicio debía basarse el enfoque del problema de las migraciones.
En primer lugar, "no hay que perder de vista que estamos frente uno de los grandes problemas del siglo presente", sostuvo, y añadió que el número de migrantes en el mundo llega a los 200 millones.
También subrayó que el problema es integral, "y no se puede reducir a una dimensión económica, social, política o religiosa".
Iglesias llamó a los parlamentarios a reconocer en sus deliberaciones tanto los intereses de los países receptores así como los de las naciones emisoras, "que deben ser reconocidos y respetados". "Solamente si somos conscientes de unos y otros es que llegaremos a tener los acuerdos", afirmó.
A los inmigrantes se los debe ver como "personas, no como delincuentes", exhortó con firmeza a los legisladores el ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, quien nació en España y fue llevado por su modesta familia a Uruguay cuando aún era niño.
Por su parte, en las intervenciones generales de los parlamentarios, el diputado argentino Alfredo Atanasof, sostuvo que el tema de las migraciones debía analizarse desde una perspectiva general de los derechos humanos.
Hay que "evitar la trata de personas, la explotación laboral del inmigrante ilegal y tantos otros flagelos productos a veces de una visión restrictiva de la política inmigratoria", afirmó.
Atanasof llamó a "derribar fronteras y no construir muros". (FIN/2006)
