HIGUEY.- Los cuatro diputados de la provincia Altagracia se comprometieron a gestionar una pronta solución al conflicto surgido por la decisión de la Secretaría de Medio Ambiente de revocar un permiso de importación de cuatro delfines para un delfinario que opera a mar abierto en la zona Bávaro-Punta Cana. Los diputados Ramón Sánchez De La Rosa, Germán Castro, Guido Cabrera y Juan Julio Campos expresaron su preocupación por el efecto que pudiera generar la medida de Medio Ambiente en perjuicio de la industria turística, de la inversión extranjera, y de cientos de trabajadores.
Los legisladores fijaron su posición luego de hacer una visita a los parques temáticos de Manatí Park y Dolphin Island, a solicitud del principal dirigente sindical de la provincia Altagracia, Manolo Ramírez (Pupilo), quien ha demandado la solución del conflicto para evitar que cientos de trabajadores sean despedidos ante el posible cierre de los delfinarios.
Pupilo, quien es secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) en la provincia del Este, dijo que el reclamo de solución cuenta también con el apoyo del obispo de Higuey, Monseñor Nicanor Peña Rodríguez, de quien dijo ha iniciado gestiones para comunicarse con el licenciado Max Puig, secretario de Medio Ambiente.
Los diputados Sánchez De La Rosa, Germán Castro y Guido Cabrera pertenecen al Partido Reformista Social Cristiano, (PRSC) mientras que Juan Julio Campos Ventura representa al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Sánchez De La Rosa, profesional médico y quien fuera senador provincial en el período 1998-2002, dijo que el grupo de legisladores no conoce ninguna razón para se le prohíba al parque acuático la importación de los cuatro delfines desde Cuba. Y agregó que los delfines de Dolphin Island están en su habitat natural y parecen contar con todas atenciones que requieren para permanecer en ese lugar.
Juan Julio Campos, quien además de diputado es periodista y empresario de la comunicación en Higuey, dijo que el impasse surgido está afectando el funcionamiento del parque acuático y que comparte el interés de los demás legisladores y del movimiento sindical para que se produzca una rápida solución.
Adelantó que como parte de la comisión de congresistas propiciará un encuentro con el secretario de Medio Ambiente para conocer las motivaciones de la cartera y promover un acuerdo que permita la operación normal del delfinario.
El diputado Guido Cabrera, secretario general del poderoso Sindicato de Choferes de la Provincia Altagracia (SICHOPROLA) dijo estar consciente de que el delfinario afectado con la prohibición forma parte de una empresa “que ha venido a invertir a nuestro país para mejorar la oferta turística y ampliar las oportunidades de trabajo para los dominicanos”.
El diputado Germán Castro, pasado senador provincial y reputado abogado de Higuey, dijo que los legisladores todavía no conocen las razones por las que se prohibió la importación de los cuatro delfines para Dolphin Island.
“Es bueno señalar que a este lugar donde estamos ahora mismo, mas el otro delfinario de Manatí Park, acuden más de trescientos mil turistas al año, por lo que creo que un atractivo como este no puede suspenderse sin ninguna justificación”, manifestó el legislador.
Explica evolución del conflicto
José Miguel Moreno, principal inversionista de Dolphin Island y Manatí Park, explicó a los legisladores que la Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Dirección de Vida Silvestre y Biodiversidad, le autorizó a importar cuatro delfines desde Cuba el 26 de julio del año 2004.
Indicó que al continuar la tramitación del proceso de importación el pasado 9 de junio ante la Subsecretaría de Areas protegidas y la Dirección de Vida Silvestre y Biodiversidad, aportando toda la documentación requerida, comenzó a confrontar un interminable proceso dilatorio, que incluyó pedimentos y exigencias no previstas en el texto de la Convención Cites y en el decreto presidencial 1288-4.
Finalmente el pasado cuatro de agosto se emitió el permiso de importación a través de la Secretaría de Agricultura ratificando la validez de la no objeción del 26 de julio del 2004. La Secretaría de Medio Ambiente no objetó la emisión del permiso cuando fue consultada por la Dirección General de Ganadería.
Sin embargo, de acuerdo a Moreno, el 8 de agosto recibió una comunicación del Centro de Inspección y Control del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, informando que había recibido una comunicación de la Secretaría de Medio Ambiente, a través de la Autoridad CITES, que dejaba sin efecto el permiso de importación de los cuatro delfines.
“Lo que nos parece incoherente es que tras dos años de tramitación, nos otorguen una licencia ambiental firmada por el Secretario, sin objeción alguna, y cuatro semanas después nos revoquen elñ permiso de importación para traer los animales necesarios para realizar la actividad que la propia ambiental autoriza, sin ofrecernos una explicación y sin que haya ocurrido un evento nuevo que justifique esa decisión”.
De acuerdo a Moreno, la única explicación conocida públicamente sobre la decisión fue la que ofreció el licenciado Max Puig a través del periódico Diario Libre, el pasado 29 de agosto, en la que afirmaba que “nosotros no hemos anulado el permiso, pero no autorizamos la importación hasta que no estemos seguros de que el animal se va a mantener vivo”.
