Paralizar el transporte de carga y de pasajeros en protesta por una sentencia que condena a empresarios del área involucrados en el Plan de Renovación Vehicular (Renove) que se desarrolló durante el gobierno pasado, es un camino equivocado. Inaceptable. La Justicia les ofrece a todos los imputados diferentes instancias para su defensa, incluso en los casos de crímenes flagrantes y de reincidencioates. Es lo que se llama "derecho de defensa" que la Constitución de la República, sus leyes y sus códigos consagran. Al igual que el principio de que "todo ciudadano es inocente hasta tanto se pruebe lo contrario".
Los jueces no pueden ceder ante presiones de sector alguno. No pueden retroceder frente al crimen, el delito y la corrupción. Si flaquean ante el narcotráfico, el lavado de dinero o el crimen organizado, el andamiaje social se derrumba.
Dentro de un Estado de derecho como el nuestro, de luces y sombra, nadie puede colocarse por encima de la ley. ¡Absolutamente nadie!
Es verdad que, en materia de derecho, es mucho lo que todavía falta. Aun hay vicios y debilidades, corrupción y política en la Justicia, impiden su desarrollo e independencia plena.
Los escándalos, que incluso salpican a jueces de la Suprema Corte de Justicia, ofrecen espacios razonables para las dudas.
En el caso del Plan Renove, es obvio que la sentencia está plagada de desaciertos fruto de las presiones del Ministerio Público y de los medios de comunicación, que aquí actúan como jueces morales.
Se acusa a ex funcionarios y a empresarios del transporte de estafa al Estado por más de mil 800 millones de pesos, lo cual es falso. Y se puede probar. El Estado no invirtió un centavo en Renove. El presidente de la República avaló un préstamo de más de cien millones de dólares para la compra de autobuses que serían vendidos a los conductores a través de las federaciones. Esos vehículos están siendo pagados religiosamente, excepto en los casos de dirigentes choferiles vinculados al gobierno, los cuales no fueron incluidos en el expediente, y eso da un carácter político al caso, algo que los señores magistrados debieron tomar en cuenta.
Dice el Ministerio Público en su acusación que le "estafa" estuvo en que las guaguas se distribuyeron a una tasa del 19 por uno, cuando debió ser del 32 por uno. Tengo en mis manos una certificación del Banco Central que establece que el dólar estaba al 17 por uno y que los funcionarios del Renove le colocaron dos puntos por encima para proteger al Plan. El otro elemento probatorio de la "estafa" es el cobro del 4 por ciento por "gestión de cobro" que hacen las federaciones de choferes. Sucede que actualmente esa "gestión de cobro" la realiza el gobierno. Y el porcentaje es dos veces mayor. Pero más aún, esa gestión de cobro pudieron hacerla los bancos, pero querían entre un 8 y un 10 por ciento. El gobierno actual estaba otorgándoles un 15 por ciento a los empresarios involucrados en el escándalo del Invi. (Hablando de estafa. Las guaguas Mercedes-Benz fueron adquiridas por los funcionarios del Plan Renove 20 mil dólares menos, cuatro años después cuando se supone que debieron estar más caras. ¿Quién dijo estafa?)
Alrededor de 500 autobuses fueron donados por el entonces presidente Hipólito Mejía a las asociaciones estudiantiles, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a las Fuerzas Armadas, a la Procuraduría General de la República para el traslado de presos, y a determinadas asociaciones sin fines de lucro como el Centro de Rehabilitación. Esas guaguas sí debe pagarlas el gobierno. El presidente Mejía tenía facultad legal para esas donaciones, como las tiene hoy Leonel Fernández.
Vistos esos detalles,más otros que bien pudieran esgrimirse en el tribunal, no entiendo la sentencia de la corte, como no entiendo las exclusiones politiqueras del expediente, ni la falsificación de documentos realizada por el Ministerio Público para solicitar la extradición de Sam Goodson desde Estados Unidos, por lo cual un juez de verdad de esa gran nación, rechazó el pedimento.
A pesar de todos esos pesares, los choferes no han debido tomar el camino del enfrentamiento y el chantaje a la Suprema Corte de Justicia, porque es, repito, inaceptable, ya que generaría un precedente funesto. Los empresarios del transporte debieron seguir el proceso judicial, demostrar su inocencia en los tribunales, desacreditar la sentencia por improcedente y mal fundada. Pero con su actitud violenta, con los paros y huelgas, se incriminan y se colocan por encima de la ley, lo que provoca el rechazo de toda la sociedad.
Los empresarios del transporte están a tiempo de rectificar reconociendo públicamente que han cometido un error, y volver al camino de la legalidad y la justicia. Si lo hacen, ganan, incluso aunque sean condenados nuevamente por la Suprema Corte de Justicia.
Además, ¿no que la cárcel se hizo para los hombres?
