SANTO DOMINGO.- El empresariado ha vuelto a encarar al gobierno por su falta de austeridad en el gasto y la elevada nómina de empleados. La presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Elena Viyella criticó el manejo oicial en esos aspectos. En el marco del almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, donde Viyella dictó la conferencia “¿Cómo hacer la diferencia?”, esbozó lo que el empresariado entiende debe ser el desempeño del gobierno.
El país necesita de una dictadura de la ley dijo: “no es tampoco de extrañar que la violencia y la delincuencia se concentren en los ciudadanos nacidos después de la dictadura. En ciudadanos que nunca conocieron la sanción y el respeto a la ley y al orden aunque fuera dictatorial.
“Cumplamos la ley y volvamos al respeto a la autoridad, como única forma de fortalecer el Estado de Derecho, la independencia de los poderes del Estado y, poder retornar a la paz y la seguridad ciudadanas”.
Sobre la reducción del gasto público y la reforma fiscal, agregó que entre enero y mayo de este año la cantidad de empleados aumentó en unos 30,000 nuevas plazas en el sector público) y lo relacionó con las elecciones que se llevaron a cabo.
“Es prudente fortalecer los niveles de confianza y mantener la estabilidad macroeconómica a través del contínuo cumplimiento de nuestros compromisos, especialmente a la luz de que el próximo año empiezan a vencer los préstamos que fueron renegociados, y tendremos que iniciar su repago, tal y como nos comprometimos en la renegociación de la deuda externa”. dijo.
La reforma de la Constitución o la redacción de una nueva Constitución no es urgente, si es importante y si debemos hacerlo con la mayor prudencia y tiempo necesarios, para garantizar una Constitución reitero, que nos sirva de base para muchos años hacia el futuro.
Sin embargo, tenemos muchos otros temas prioritarios y mas urgentes que requieren de la toma de decisiones y acciones en el corto plazo.
Debemos afrontar el problema del servicio de energía eléctrica con valentía, voluntad política y decisión por parte de todos los dominicanos. El que no paga la luz que consume, se la esta robando, y eso está sancionado por la ley. Hasta ahora, dicho comportamiento delictivo se ha pretendido justificar porque el precio de la luz es alto y el robo no se sanciona por el también alto costo político, expuso Viyella de Paliza.
Opinó que el Estado Dominicano debe asumir el liderazgo de indicar a nuestra población su decisión de resolver el problema eléctrico de una vez por todas y dijo que el robo es el gran problema que tiene el país , ya que el 50 % de los usuarios del sistema eléctrico no paga la luz que consumen, que es similar a decir que la mitad de las familias y las empresas se la roba y “por eso no la tenemos ese servicio”.
“Ataquemos el robo de manera conjunta, sancionemos moralmente a todo aquel que se roba la luz, no compremos en aquellos establecimientos ni utilicemos los servicios de aquellos establecimientos que se roban la luz, pues no están robando a nosotros, a todos los dominicanos”, dijo.
Agregó que los contratos de electricidad deben renegociarse invitando voluntariamente a los generadores con contratos a renegociar los mismos. Dijo que los problemas que afectan el país requieren de decisiones “y retrasarlas, tan solo los agrava más. Tomemos pues las acciones necesarias para reencauzar nuestro país por el sendero del cumplimiento y de la acción proactiva en la ruta de la competitividad y el desarrollo de una cultura exportadora”.
Atribuyó a la falta sanción adecuada la violencia, la delincuencia, la inseguridad ciudadana, el incumplimiento de la ley, el libertinaje, las violaciones recurrentes.
También la falta de equidad en las sanciones, la imperiosa necesidad de que la justicia funcione eficientemente y sancione a los culpables y exonere a los inocentes de manera oportuna.
En cuanto al pago de los impuestos dijo que “a través del tiempo y del afán de nuestros legisladores tenemos tantas leyes nacionales, municipales, normas, regulaciones, legales o no, muchas contradictorias entre si, impuestos por decisiones ya ni siquiera por Ley o por decreto, sino por decisiones administrativas que se hace imposible el cumplimiento de toda esta maraña.Esto, tristemente, nos convierte a todos en delincuentes consuetudinarios”.
Agregó que “si queremos crear delincuentes hagamos leyes que no se vayan o no se puedan cumplir”.
Cuestionó que en el país se permita “que un grupo de supuestos sindicalistas del transporte que utilizan vehículos que no reúnen las más mínimas condiciones de seguridad, al margen de la Ley, decidan paralizar el tránsito en las arterias de comunicación más importantes de la ciudad para chantajear a las autoridades de tránsito en búsqueda de mayores ingresos personales mientras irrespetan la paz pública y el derecho de los demás sin sanción”.
