¿Cómo es el asunto?

Muchos nombres han salido a relucir como candidatos a jueces de la Junta Central Electoral (JCE), pero con la suspicacia de que los auspiciadores se han mantenido, en la mayoría de los casos, como uno de los tantos misterios con que se trata de manipular a una somnolienta opinión pública. Si bien llama la atención la incógnita no representa, sin embargo, el principal enigma en el proceso para escoger a los magistrados a que se aboca el Senado de la República. Después de cantaletearse hasta la saciedad que los magistrados serían resultado de consenso entre los partidos políticos y la sociedad civil, con la evaluación que desde semana se propone a los aspirantes es obvio que el Senado ha echado por la borda el procedimiento y optado por su facultad constitucional para nombrarlos. Que sea a través de la depuración de unos 237 candidatos no es más que un disfraz del mismo método unilateral, con la diferencia de la complicidad de los aliados y la bendición de figuras de la sociedad civil y de la prensa.

En un evidente disenso del consenso que defendió en el pasado, el presidente del Senado, doctor Reynaldo Pared Pérez, había adelantado que algunos de los actuales jueces electorales podrían permanecer en sus puestos. Y, de hecho, varios magistrados, incluyendo a su presidente Luis Arias, el único de quien sabe se burló impunemente de la Ley Electoral al violar en los comicios de mayo de 2004 el carácter secreto del voto, figuran en la relación de aspirantes para permanecer en la JCE. Lo que no se ha establecido es quién o quiénes sustentan sus candidaturas.

El caso es que por más que el Senado quiera disfrazarlo a través de una supuesta evaluación su método no deja de trillar una unilateralidad que obliga a preguntar ¿cómo es el asunto? Del grupo de aspirantes sería interesante saber los nombres de los que han sido propuestos por el Gobierno, así como los que representan a entidades específicas de la sociedad civil y a los partidos políticos.

Cierto es que hay muchos con los perfiles idóneos de honradez, independencia, responsabilidad y capacidad para integrar el tribunal. Verbigracia, los doctores Aura Celeste Fernández y su esposo Guillermo Moreno, así como Luis Schécker Ortiz, Carmen Imbert Brugal, Miguel Angel Prestol González y Ana Teresa Pérez, figuras que no echarán por la borda su honrosa trayectoria personal y profesional apartándose siquiera un ápice del sistema institucional para privilegiar intereses partidarios o particulares. Pero, por los compromisos, no hay garantías de que sean éstos o como éstos.

El panorama no está claro, habida cuenta de que el Gobierno y el Senado no pueden repetir la maniobra que en el pasado llevó a su partido a recurrir a organismos internacionales para denunciar la ilegitimidad de los jueces designados entonces en base a una mayoría.

Aún así, y aunque haya razones para dudar, como evidencia una lista de candidatos que monseñor Agripino Núñez Collado presentaría a los partidos políticos y el sospechoso silencio al menos de los sectores más ruidosos en torno a la composición del tribunal, no se puede pensar en un acuerdo de aposento y en que la evaluación del Senado es sólo un acto para guardar las apariencias. Porque sería otra tomadura de pelo a la somnolienta opinión pública.

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