SANTIAGO.- El Procurador Fiscal de este municipio, Raúl Martínez, acusó a los abogados defensores de los acusados de asesinar a la joven Vanessa Ramírez Faña, de recurrir a los medios de comunicación cuando en los tribunales no pueden demostrar la inocencia de sus patrocinados.
De esta manera, el representante del Ministerio Público salió al frente a recientes declaraciones de la defensoría pública, quienes alegan violaciones constitucionales, en perjuicio de Amauris Germán Tavárez, Angelo Iván Ventura, Ricardo Alejandro Reyes, Francis de Jesús García, Gary Antonio Sánchez Pérez y José Armando de la Rosa Díaz.
Los abogados son José de los Santos Hiciano, Bernardo Jiménez y Guillermo García Cabrera quienes alegan, también, que la prórroga concedida la semana pasada por el juez interino Manuel Güichardo, violó algunos aspectos del Código Procesal Penal.
Para el fiscal Martínez, le resulta lamentable que cada vez que la Defensoría Pública no obtiene los resultados que desea en un tribunal de justicia “va a discutir en los medios de comunicación el caso, porque no son capaces de persuadir a los jueces de que sus criterios son los correctos”.
Sobre el alegato de los abogados defensores, en el sentido de que la justicia le está violando los medios de defensa a los inculpados, el representante municipal del Ministerio Público dijo que, desde el punto de vista jurídico, tal apreciación es incorrecta.
“Cuando ellos enfocan ese aspecto, indiscutiblemente que están haciendo uso de un razonamiento malicioso en esta etapa del proceso”, insistió el fiscal Martínez, en respuesta a los argumentos de la Defensoría Pública en Santiago.
Para el fiscal santiaguense, los abogados que tienen la responsabilidad de defender a los inculpados de ese crimen “demuestran cada día una progresiva pérdida de credibilidad, frente a los demás operadores del sistema de justicia penal y la opinión pública, por planteamientos como esos”.
En torno a la acusación, de que desde el Ministerio Público se ha fomentado que se violen los derechos constitucionales de los inculpados, Martínez aseguró que en ese, como en otros casos, el departamento bajo su responsabilidad ha sido celoso de la salvaguarda de los derechos que les asisten a los acusados.
Invitó a los tres abogados a debatir sus casos en los tribunales “y que acepten las decisiones que emanen de esos lugares, como hace el Ministerio Público y los demás operadores del sistema judicial penal”.
Tras el cumplimiento de los tres meses que, como medida de coerción, dictó en junio la licenciada Marta Martínez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción, la fiscalía solicitó el pasado mes una prórroga de dos meses (única a la que tiene derecho) la que fue le concedida el 22 de septiembre.
Los abogados de los inculpados alegaron que, al conceder dicha extensión, el juez Güichardo violó la Constitución y el Código Procesal Penal. Asimismo, adujeron que el ministerio público no advirtió a los inculpados, al momento de interrogarlos cuando fueron detenidos, que no estaban en la obligación de auto incriminarse, como afirman aconteció.
