SANTO DOMINGO.-El Superintendente de Bancos, Rafael Camilo, ratificó que la los abogados del ex banquero Ramón Báez Figueroa deben de abandonar la defensa “pueril” de insistir en que ejecutivos de otros bancos incurrían en las mismas prácticas fraudulentas que se cometían en Baninter. Reveló que uno de los bancos aludido se ha quejado por escrito insistentemente ante el organismo que dirige por las alusiones que frecuentemente hacen los abogados de la defensa de Báez Figueroa que dirige el doctor Marino Vinicio Castillo (Vincho).
Dijo que el Gobierno enfrentará a los abogados de Báez Figueroa si insisten en señalar que el sistema financiero estaba contaminado al igual que Baninter, Bancrédito y el Mercantil.
Aunque el doctor Castillo ha negado la afirmación de pretendan dañar el sistema financiero, Camilo dijo que el banco cuyo nombre no mencionó, le ha enviado videos en los que se comprueban que si ha habido menciones que violan la Ley Monetaria y Financiera.
“Es una defensa pueril traer eso en un momento en que el sistema financiero está estable” expresó Camilo, al ser entrevistado por el periodista Danny Alcántara en la mañana de este martes en Matinal 5.
Recordó que la ley tiene un capítulo para las personas que pongan a correr rumores desfavorables al sistema financiero nacional. Instó a Vincho Castillo, quien es además secretario de Estado, a que baje el tono en relación al sistema financiero.
“Creo que a partir del choque que hemos tenido ellos han entendido que no conviene dañar el sistema”, manifestó.
Camilo reiteró que hubo fraude en los tres bancos que quebraron en el 2003 y que el más grande de ellos lo ha sido el ocurrido en el Banco Intercontinental (Baninter) y dijo que el Gobierno está en la estrategia de que la Justicia castigue a los culpables.
“Nosotros estamos en la estrategia que la Justicia decida sobre eso”, respondió Camilo, quien mantiene una polémica pública con el doctor Marino Vinicio Castillo, jefe de la defensa de Ramón Báez Figueroa, uno de los principales implicados en la quiebra de Baninter.
“Ahora que es lo que nosotros decimos. Hubo fraude en esos tres bancos. En Baninter, en Bancrédito y en Mercantil hubo fraude, por diferente forma de hacerlo. Por diferente manera de hacerlo. Ahora, el fraude más grande fue el del Baninter”, dijo.
Dijo que lo que recibía Baninter era tres veces mayor que lo que decía en el libro y dijo que las autoridades monetarias están en la estrategia de que la Justicia decida. Agregó que esas quiebras bancarias costó al país el 20 por ciento de su producto interno bruto.
“Nosotros estamos en el fraude, estamos sosteniendo la acusación en los tribunales”, dijo Camilo, quien dijo que por el momento la defensa pretende que se inicien acusaciones contra las autoridades pasadas.
Dijo que no vanos a ligar esas acusaciones, que es lo que quieren los abogados de la defensa mezclar ambos asuntos.
Explicó Camilo que la ley Monetaria establece que los responsables de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central están cubiertos por cualquier demanda que se les hagan posteriormente.
“Evidentemente si es una demanda que juzga las actuaciones correctas. Dijo que eso es ante cualquier acción de instituciones financieras que esté violando las normas”, agregó.
Dijo que la norma internacional exige una ley particular para proteger el sistema financiero, para prever retaliaciones en contra de decisiones tomadas en sus funciones.
Dijo que en ese sentido el Banco Central tiene que cubrirle a Lois Malkun, ex gobernador del Banco Central, la demanda que en los tribunales ha presentado el ex Báez Figueroa.
Camilo consideró que el sector financiero vive el momento más estelar de sus últimos 25 años, ya que tiene una gran solvencia, con capacidad para hacer frente a cualquier situación. Dijo que el índice de depósito de los accionistas sobrepasa el 12 por ciento cuando la ley establece que es un 10 por ciento.
Otro elemento favorable es que todas las normas de los organismos internacionales han sido puestas en vigencia. Dijo que esas normas se ajustan a los parámetros internacionales.
Esos reglamentos establecen que los accionistas de un banco no pueden tomar más de un 50 por ciento de valor de sus acciones. Tampoco a relacionados.
Como parte de esas normas los bancos deben de informar sobre esos préstamos, porque la supervisión no es policial. La Superintendencia, luego, revisa esas informaciones, y si no son correctas se les sanciones con diez y hasta doce millones de pesos.
