LICEY AL MEDIO (Santiago).- La construcción de una planta de tratamiento en este municipio, por medio de la cual se pondría fin a la contaminación de las fuentes hidrológicas, costaría alrededor de 600 millones de pesos, obra que se lograría sólo si se convence al gobierno de su importancia. A esa conclusión arribaron en la tarde de ayer representantes de los distintos sectores locales, convocados a un encuentro en el Ayuntamiento por la fiscalía de Santiago, como parte de la mesa del diálogo, donde se debatió la contaminación ambiental que provocan pocilgas y otras empresas ubicadas en este municipio.
La iniciativa fue tomada por el fiscal Raúl Martínez y coincidió con la denuncia hecha recientemente por Max Puig, procurador de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el sentido de que más de 200 pocilgas y varias empresas contaminan peligrosamente los ríos y arroyos que atraviesan esta comunidad.
Hamlet Otañez, director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) tuvo a su cargo delinear la contaminación de que es víctima el río Licey, como consecuencia de las constantes descargas de desechos sólidos que vierten las granjas de pollos y cerdos, sin ningún control.
Cómo única solución, Otañez planteó la construcción de una planta de tratamiento, en terrenos aledaños al Aeropuerto Internacional Cibao, que costaría alrededor de 20 millones de dólares (unos 600 millones de pesos) pero fue enfático al señalar la dificultad de acceder a esa suma, por las limitaciones económicas que tiene el gobierno.
En tal sentido, sugirió que los sectores representativos de este municipio formen una comisión permanente, que se encargue de darle seguimiento al proyecto, especialmente ante el secretariado Técnico de la Presidencia, a fin de lograr se incluya entre los que habrá de construir el gobierno, tanto con recursos propios, como con financiamientos externos.
De inmediato, el síndico local, Humberto Triunfel, sugirió una comitiva integrada por Abel Rodríguez, en representación de los grupos populares; Martín Martínez, de la federación de juntas de vecinos; Juan Taveras, presidente del Frente Agropecuario; profesor Ramón López, director de la escuela Blanca Mascaró; Féliz Henríquez, presidente del comité municipal del Partido de la Liberación Dominicana y el propio administrador del municipio.
Apenas Triunfel terminó de nombrar los integrantes de la comisión, los asistentes a la “mesa del diálogo” abandonaron el lugar. El comentario socorrido entre ellos es que el proyecto se trata de una quimera y que no ven posibilidad de que se pueda llevar a cabo en el futuro inmediato.
Según lo expuesto por Otañez, de los más de 20 millones de dólares que habría que invertir, casi tres que costarían las redes y colectores, así como los terrenos podrían ser financiados por el gobierno, a través del presupuesto nacional, en tanto que, para la planta de tratamiento, que tendrá un costo superior a los 17 millones de dólares, se obtendría un préstamo con la Agencia de Cooperación Internacional de Dinamarca.
Pero, al mismo tiempo que planteaba esas soluciones, el director general de CORAASAN reconoció que, en el ámbito interno, tendría el obstáculo de la competencia de una gran cantidad de proyectos similares que le piden al gobierno desde todas partes del país, en vista de que sólo un 30 por ciento de la población dominicana cuenta con plantas de tratamiento.
Para la adquisición del préstamo internacional, Otañez resaltó las limitaciones que tiene el gobierno para acceder a ese tipo de facilidades, como consecuencia de los compromisos de pago de la deuda externa que tiene el país.
