Sin lugar a dudas que el proyecto de la Defensoria del Pueblo avanza a pasos acelerados. Por segunda ocasión el Jefe del Estado, ha intervenido públicamente sobre el tema, y ha defendido su carácter constitucional, y su inminente inclusión en los principios constitucionales que se proponen ampliar y/o modificar a través de la Asamblea Revisora. En esta ocasión, y con motivo de abrir los debates que sobre la Reforma Constitucional ha planteado, que la figura jurídica del Defensor del Pueblo, debería de ser incluida en la referida reforma constitucional, a fin de tener un funcionario independiente que supervigile y garantice los derechos constitucionales de los ciudadanos. En la Republica Dominicana, la figura del Defensor del Pueblo antecede de una ley, que se adelantó al principio constitucional, que debió consagrarse previo la aprobación de la ley en cuestión.
Sin embargo, la falta de visión estratégica de la pasada mayoría congresual, no vislumbró que una figura jurídica del nivel del Defensor del Pueblo, debió de contemplarse en la ultima reforma constitucional del pasado 2002.La falta de olfato político, permitió que la mayoría en el congreso nacional, desviará el objetivo principal del Defensor del Pueblo, el subdesarrollo político, la manipulación, y el oportunismo rampante acompañado del clientelismo, se impusieron por encima de los principios, y los resultados están a la vista: desprestigio político total, para quienes pretendieron navegar en ese océano de pescadores de ocasiones.
Ya decíamos en un momento que… “los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional, trataron durante este largo periodo de imponer un candidato a fin a sus lineamientos, aunque los encubrieron con argumentos poco convincentes; la partidarizacion de la elección entró en un callejón sin salida, no obstante existir una comunidad política con amplia representación numérica, que con una simple convocatoria bastaba para una escogencia; sin embargo, la carencia de candidatos creíbles, hizo imposible esa selección. No solo porque la comunidad partidaria mayoritaria en la Cámara de Diputados se dividió en pequeños intereses, sino y sobre todo, porque ha primado un desconocimiento a cabalidad por parte de los legisladores de las funciones de este funcionario, creado por ellos mismos. Esto forma parte del absurdo dominicano. En otras palabras el Defensor del Pueblo, no ha encontrado quien lo defienda en ese ambiente., en el ambiente de sus creadores. ’’…
Hoy la correlación de fuerzas políticas ha cambiado de manera brusca, para quienes sin comprender su papel legislativo y su compromiso con los avances democráticos, se conformaron en ser una simple mayoría monda y lironda, sin perspectivas de cambios, ni mucho menos tener visión política, aquello era un vacacional legislativo sufragado por el Estado. Por lo que se esta viendo en el Congreso Nacional, la nueva mayoría, viene con todo el pies, a realizar lo que dijeron en su programa de gobierno presentado al electorado, nadie debe de sentir aprehensión , mucho menos sentir temor de nada, porque al parecer llegó la voluntad política al congreso para impulsar los cambios pendientes en la agenda nacional, el Defensor del Pueblo estaba en esa agenda aunque algunos pretendieron postergarlo y llegaron a debilitar al extremo esa iniciativa, y se escucharon voces cuadradas, que por lo bajo, tenían la intención de pedir la derogación de la ley que creó el Defensor del Pueblo (ley numero 19/01 del 1 de febrero del 2001),sin embargo les falto valor para hacer el planteamiento en publico, se conformaron en torpedearlo e impedir su implementación.
Decíamos en un articulo anterior, que….
“Luego de aprobada y promulgada, (la ley) algunos sectores que estuvieron vinculados a su presentación en el congreso, entendieron como un derecho divino, cabildear un(a) candidato(a) de “consenso” y sacar el equipo a su alrededor de figuras de la llamada “Sociedad Civil” que desde otras instancias abogaban por la creación de esta instancia jurídica. Pero si la división entre los legisladores fue motivo de estancamiento, los cabildeos entre estos sectores fueron más profundos y tristes. Porque no solo practicaron la exclusión como procedimiento, sino que se erigieron en sensores de quienes no provenían de uno u otro grupo, hasta el extremo que nunca se pusieron de acuerdo para elaborar un “perfil” aceptable y transparente, para impulsar la escogencia, sino al contrario, contribuyeron a sacar del debate publico el tema y lo llevaron a los laboratorios tradicionales de la manipulación conservadora. Presentando listados de personas absolutamente descalificadas para la posición, quienes eran verdaderos amanuense, empleados asalariados de los proponentes, funcionarios a sueldos de programas de ayudas y de colaboraciones internacionales de embajadas acreditadas en Santo Domingo, en fin, adocenados sin criterios algunos sobre las funciones de una figura de Estado, vital para el desarrollo democrático del país.
Cuando el Jefe del Estado insiste en el carácter constitucional del Defensor del Pueblo, esta interpretando de manera correcta, lo que en otras latitudes ya es historia. De lo que se trata hoy en la Republica Dominicana es de poner en marcha el andamiaje de un Estado de Derecho, que de manera efectiva garantice los Derechos Constitucionales, consagrado en la carta magna de la nación y ampliados por los diversos pactos, tratados y convenciones internacionales a las cuales se ha adherido el Estado Dominicano, como certeramente se han recogido en los principios contemplado en el nuevo Código Procesal Penal, el cual marcha , a pesar de la campañita de descrédito y entorpecimiento que llevan a cabo, los sectores mas conservadores del país. No debemos de sorprendernos que en los próximos días surjan las voces del tradicionalismo insepulto, que califiquen que la propuesta del Jefe del Estado, en torno la figura jurídica del Defensor del Pueblo, es una especie de reencarnación del demonio, y pretendan desmeritarla , presentándola como exagerada o extemporánea, en el mejor de los casos.
La incorporación del Defensor del Pueblo, en la próxima reforma a la Constitución es un hecho irreversible, que promete colocar en su justo lugar, a una figura jurídica que garantizará el desarrollo del Estado de Derecho y profundizará las conquistas logradas, no solo en el ámbito de las libertades publicas, sino y sobretodo en el fortalecimiento del Estado y sus instituciones mas representativas. Aunque nunca falta un pelo en la sopa. Cuarenta y ocho horas después de la brillante intervención del Jefe del Estado, la Comisión Ejecutiva para el Proceso de la reforma Constitucional, creada mediante el Decreto 323-06 del 3 de Agosto del 2006, da a conocer un documento para la Consulta Popular para la reforma constitucional, donde publican las 77 preguntas elaboradas para facilitar los debates que sobre el tema de la reforma constitucional, deberán responder los ciudadanos, y para sorpresa de la opinión publica, entre las 77 preguntas, no aparece una sola referente al Defensor del Pueblo. ¿Qué ocurrió allí? ¿Quién explica?
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