SANTO DOMINGO.-El secretario técnico de la Presidencia Juan Temístocles Montás rechazó que el Gobierno Dominicano esté limitando a los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que se abstengan de divulgar los resultados de sus evaluaciones a la economía de República Dominicana
Con esta declaraciones Montás le sale al frente este domingo a publicaciones que en ese sentido aparecen en varios diarios nacionales diarios de circulación nacional y por EFE a nivel internacional en el que se involucra además al Brasil.
Informó que como muestra clara de la transparencia que existe en las negociaciones, el Gobierno y el organismo multilateral analizarán en un acto público el estado actual de la economía criolla.
Dijo que en el evento a efectuarse el 27 de octubre en el Palacio Nacional se reunirán con empresarios, trabajadores, periodistas y personalidades de la sociedad civil para que hagan las preguntas pertinentes sobre la situación económica nacional.
Refirió que la administración del presidente Leonel Fernández les ha dado la oportunidad a los funcionarios del FMI de entrar en contacto con todos los sectores de la vida nacional y, además, han participado en reuniones con empresarios y legisladores.
Explicó que los encuentros los técnicos del organismo crediticio internacional han actuado con toda la libertad para expresar sus puntos de vista sobre los diferentes aspectos de la economía dominicana.
Señaló que mediante la primera y segunda revisión el FMI tenía la potestad de explicar a los mercados y al público si las autoridades dominicanas estaban cumpliendo con las políticas y las metas acordadas con el Fondo en la Carta de Intención.
Recordó que recientemente el jefe de la misión técnica del FMI que le da seguimiento al Acuerdo Stand-By, Andy Wolfe, habló en una rueda de prensa sobre temas de interés sobre la situación económica del país, sin la presencia de funcionarios gubernamentales.
“Seria una gran mala fe creer que todas esas declaraciones y exposiciones de los funcionarios del FMI fueron forzadas por el Gobierno dominicano. En todos los casos, lo que ha primado en el Gobierno es la voluntad de dar a conocer con la mayor transparencia posible la verdadera realidad económica del país”, proclamó el secretario Técnico de la Presidencia.
Argumentó que el sub-director del Departamento del Hemisferio Occidental, José Fajgebaum, participó en un evento abierto que se celebró en octubre del año pasado, donde expuso de manera muy clara la forma cómo las autoridades del FMI valoraban el desempeño económico del país.
Igualmente precisó que el sub-director gerente del FMI, Agustín Carstens, en ocasión de su visita al país en junio pasado para participar en la reunión del Consejo Monetario Centroamericano, también expuso de manera muy clara su valoración sobre la situación económica del país.
“Por demás está decir que todas las cartas de intención han sido publicadas y son de conocimiento público. Todo el que quiera acceder a dichas cartas puede hacerlo a través de la página Web del Secretariado Técnico de la Presidencia, la del Banco Central y la del propio Fondo Monetario Internacional”, sostuvo Temístocles Montás.
LO QUE DIVULGÓ EFE AL MUNDO.
Washington, 14 oct (EFE).- Brasil y República Dominicana prohibieron al FMI publicar las opiniones de los expertos del organismo sobre su política económica y otros países lo permitieron con retrasos que, en el caso de Honduras, fueron de casi un año. El ejemplo más extremo en América Latina es el de Venezuela, que desde hace cinco años, como mínimo, no ha autorizado la publicación de ninguna de las evaluaciones anuales que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha hecho de su economía.
Las propias normas del FMI dan opción a los estados para que permitan o no la publicación de las conclusiones del organismo sobre sus políticas económicas.
Esas conclusiones se desprenden de un análisis realizado por Efe de los documentos disponibles en la base de datos pública del Fondo, que revela atrasos generalizados en la divulgación de los documentos relacionados con la revisión anual de la economía de sus miembros, conocida como "Artículo IV".
La culpa no es del FMI, al que frecuentemente se acusa de falta de transparencia en América Latina, sino de los Gobiernos que, por lentitud burocrática o intereses políticos, no permiten su divulgación a tiempo.
El "Artículo IV" supone el análisis más amplio que realiza el Fondo sobre la salud económica de los países miembros y se inicia con una visita de una delegación de economistas al país, donde se entrevistan con las autoridades.
De vuelta a Washington, escriben un informe que sirve de base para un debate en el Consejo Ejecutivo del Fondo, su máximo órgano de supervisión en el día a día y en el que están representados los 184 países miembros.
El procedimiento habitual es que "como mucho" 15 días tras esa reunión se publique un resumen, denominado "Notificación Informativa Pública" (PIN, en inglés), con las conclusiones de la discusión, según explicó un funcionario del FMI.
Sin embargo, en los últimos "Artículos IV" la divulgación del PIN superó ese plazo en los casos, por ejemplo, de República Dominicana (con un atraso de casi dos meses desde la fecha de la reunión), Guatemala (con un atraso de dos meses), México (algo más de un mes), Nicaragua (cinco meses) y Panamá (un mes).
Más hubo que esperar para conocer el informe de los expertos del Fondo que sirvió de base para el debate en el directorio.
El retraso más largo lo causó Honduras, que sólo permitió en febrero de este año publicar el estudio que el FMI presentó al Consejo en marzo del 2005 y que tenía en cuenta principalmente los datos económicos del 2004, lo que hace virtualmente obsoletas las opiniones en el momento de su divulgación pública.
Nicaragua tardó cinco meses en dar su visto bueno a la publicación y algo menos Guatemala. Brasil y República Dominicana ni siquiera han permitido que el público y sus propios ciudadanos conozcan el contenido del informe.
En cambio, Argentina y Bolivia dieron su visto bueno en cuestión de días a la publicación de todos los documentos, a pesar de que sus Gobiernos han rechazado buena parte de las recomendaciones del FMI, como también hacen los países desarrollados.
Los atrasos y el veto a la publicación no afectan sólo al Artículo IV sino también a otros análisis del Fondo y a las llamadas "cartas de intenciones", en las que los Gobiernos detallan las metas y reformas que prometen hacer a cambio de los préstamos del FMI.
En febrero, el Fondo realizó el primer estudio sobre el tema, que reveló que los Gobiernos latinoamericanos prohibieron la publicación de un 37 por ciento de los documentos referentes a sus economías de noviembre del 2004 a octubre del 2005.
En su última rueda de prensa, el portavoz del Fondo, Masood Ahmed, explicó que "en algunos casos, los países no están todavía cómodos con la publicación de la información, pero la premisa y la tendencia generales es de un aumento progresivo del número de publicaciones".
Esa actitud del Fondo es nueva. En los 90 era difícil confirmar incluso si había enviado una delegación a un país miembro, pues trataba esa información como "un secreto", según una fuente del organismo. "Hace diez años no se publicaba virtualmente nada", reconoció Ahmed.
Los nuevos vientos en el FMI chocan con las barreras de los Gobiernos, que tardan en revisar los documentos o que aplazan deliberadamente o prohíben la publicación de opiniones que no les son favorables por motivos políticos, según reconoció la fuente.
